El diplomático estadounidense Mike Hammer se reunió con opositores y familiares de encarcelados en San Antonio de los Baños, Artemisa, lugar donde estallaron las protestas históricas de julio de 2021. Durante el encuentro, reiteró la exigencia de Washington para que la dictadura cubana libere a todos los ciudadanos encarcelados por motivos políticos.
En el municipio artemiseño, considerado la cuna de las manifestaciones del 11 de julio, Hammer sostuvo un diálogo con miembros de la sociedad civil y activistas. La Embajada de Estados Unidos identificó entre los asistentes a Carlos Manuel Pupo Rodríguez y Jorge Omar Lorenzo Pimienta, a quienes describió como ciudadanos comprometidos con el futuro de la isla. Pupo, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre, cumple licencia extrapenal tras sufrir dos isquemias cerebrales en prisión, consecuencia directa de las condiciones carcelarias impuestas por el régimen de La Habana tras su condena de seis años por participar en las protestas.
El diplomático también escuchó el testimonio de Angélica Ramírez, madre de Denis Hernández Ramírez, un manifestante devuelto a la prisión en marzo pasado tras la revocación de su libertad condicional. Hernández cumple una condena de seis años por desacato y desórdenes públicos, derivada de su participación en las jornadas cívicas de 2021. Su reincorporación al sistema penitenciario se produjo tras una citación policial que evidenció, una vez más, el hostigamiento y la vigilancia constante a la que someten las autoridades de la isla a quienes se atreven a disentir.
Represión y criminalización de la protesta social
La visita de Hammer a San Antonio de los Baños reaviva el recuerdo de la mayor movilización ciudadana contra el poder en Cuba desde 1959. La respuesta de la dictadura cubana a aquellas protestas pacíficas fue una ola de represión sistemática, censura, detenciones arbitrarias y juicios sumarios. La situación de los presos del 11J se inserta en una crisis estructural más profunda de violaciones a los derechos humanos, donde el aparato estatal utiliza el sistema penal para silenciar cualquier atisbo de exigencia democrática, profundizando el colapso social y el exilio migratorio.
El activismo diplomático de Estados Unidos ha generado fricciones directas con el ejecutivo cubano, que en 2025 entregó a Hammer una nota verbal de protesta acusándolo de \»conducta injerencista\». Esta tensión evidencia la reluctancia del gobierno cubano a permitir el escrutinio internacional sobre su récord de derechos humanos. La presión de Washington, respaldada por las altas esferas del Departamento de Estado, marca un precedente que podría condicionar futuras relaciones bilaterales, mientras la comunidad internacional observa cómo el régimen continúa reprimiendo a la sociedad civil en lugar de abrir espacios de diálogo.
