Los opositores Félix Navarro y su hija Saylí Navarro ratificaron su decisión de no abandonar Cuba tras recibir una propuesta de exilio mediada por la Iglesia Católica, en medio del agravamiento de su situación carcelaria y la constante vulneración de sus derechos por parte del régimen de La Habana.
Según confirmó Sonia Álvarez Campillo, esposa y madre de los reclusos, el obispo auxiliar de La Habana y presidente de la Pastoral Penitenciaria Nacional, Eloy Ricardo Domínguez Martínez, visitó recientemente los centros penitenciarios donde ambos cumplen condena. El religioso acudió primero a la prisión de Agüica para proponer a Félix Navarro su salida del país, alegando preocupación por su integridad física tras reportes de recientes agresiones en la celda. Posteriormente, se trasladó al penal de mujeres La Bellotex para hacerle el mismo planteamiento a Saylí, quien también rechazó la oferta de manera categórica.
La gestión eclesiástica ocurre en un entorno de creciente hostilidad para los disidentes encarcelados. El ex prisionero político de la Primavera Negra, Iván Hernández Carrillo, urgió a la institución religiosa a ampliar su labor más allá de la promoción del destierro. Hernández Carrillo solicitó que la Iglesia interceda directamente por la salud, la vida y la libertad incondicional de los presos políticos, exigiendo a las autoridades de la isla el cese inmediato de los abusos, castigos y atropellos sistemáticos que sufren en las prisiones.
Represión sistemática y revocación de libertades
Félix Navarro, fundador del Partido por la Democracia \»Pedro Luis Boitel\», posee un extenso historial de persecución por parte de la dictadura cubana. Su trayectoria incluye encarcelamientos en 1992 y durante la Primavera Negra de 2003, cuando fue condenado a 25 años y reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional. Tras ser excarcelado en 2011 tras negarse al exilio, fue nuevamente detenido en julio de 2021 junto a su hija por su participación en las protestas del 11J. En abril de 2025, el gobierno cubano revocó de forma arbitraria su libertad condicional, devolviéndolo a la prisión, donde organizaciones de derechos humanos han documentado el severo deterioro de su salud y las precarias condiciones de reclusión.
El rechazo de los Navarro al exilio forzado evidencia la determinación de la disidencia interna frente a las tácticas del Estado para silenciar y expatriar a las voces críticas. Esta situación reaviva el debate sobre el rol de las instituciones mediadoras en la isla y presiona a la comunidad internacional a monitorear de cerca las condiciones de los cientos de cubanos que permanecen privados de libertad por motivos políticos, en medio de una crisis estructural que no da señales de resolución y donde la represión se consolida como la única respuesta oficial ante el descontento social.
