Al menos 14 ciudadanos han sido arrestados por la dictadura cubana en respuesta a una ola de cacerolazos y manifestaciones surgidas desde el pasado 6 de marzo para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. Los arrestos, documentados por el Centro de Asesoría Legal Cubalex, evidencian la criminalización sistemática de la protesta social ante el colapso energético que sufre el país.
De acuerdo con el monitoreo de la organización independiente, las protestas se han desencadenado de forma espontánea en diversas provincias durante las horas nocturnas. Los ciudadanos han salido a las calles para denunciar los prolongados apagones y el acelerado deterioro de las condiciones de vida. Ante este escenario de indignación popular, las autoridades de la isla han optado por la represión policial en lugar de ofrecer soluciones a la crisis estructural del sector energético, gestionado de manera deficiente por el Estado.
Represión y arrestos selectivos
El registro de Cubalex detalla cómo la dictadura ha desplegado operativos punitivos en múltiples localidades. Entre los casos documentados figuran la detención de una persona en Centro Habana el 6 de marzo y el arresto de Marianela Peña Cobas en el barrio Cayo Hueso un día después, quien fue posteriormente liberada. Asimismo, el 10 de marzo fueron arrestadas dos personas en el barrio de Lawton, trasladadas a la sede de la Seguridad del Estado en Villa Marista, mientras que la periodista independiente Yunia Figueredo fue detenida tras participar en un cacerolazo en Jaimanitas, aunque también quedó en libertad horas más tarde.
La respuesta represiva también alcanzó a figuras de la sociedad civil y a familiares de presos políticos. El 11 de marzo fue arrestado el artista visual Dayán Melián Castro tras manifestarse en Mantilla, y permanece recluido en la unidad policial de Capri, en Arroyo Naranjo. Un día después, en Bayamo, fueron detenidas la madre y la hermana del preso político Alexander Verdecia Rodríguez por exigir su liberación en plena vía pública. A esto se suman arrestos en Marianao, Miraflores (Ciego de Ávila) y un número indeterminado de detenciones en Güisa, provincia de Granma, tras el incendio de un restaurante estatal conocido como El Mirador.
Estos hechos se inscriben en una crisis sistémica que combina el desabastecimiento, la inflación galopante y un éxodo migratorio sin precedentes, exacerbado ahora por el colapso del sistema eléctrico. La negativa del régimen de La Habana a permitir canales de expresión democrática confirma que la represión seguirá siendo su principal mecanismo de control social frente al descontento ciudadano. Organizaciones de derechos humanos advierten que la situación podría escalar, lo que exige una atención urgente de la comunidad internacional frente a las continuas violaciones de derechos fundamentales en la isla.
