El activista y ex preso político Andy García Lorenzo fue detenido en Santa Clara, provincia de Villa Clara, tras un nuevo episodio de represión policial vinculado a las protestas por el colapso del servicio eléctrico. Sus padres se encuentran plantados a las afueras de la estación policial exigiendo su liberación, en un hecho que evidencia una vez más la maquinaria de persecución y criminalización de la disidencia desplegada por el régimen de La Habana.
La detención ocurrió en el reparto Vigía, en Santa Clara, cuando el joven de 28 años pasaba cerca de una protesta pacífica motivada por la falta de corriente eléctrica, a escasas tres cuadras de su domicilio. Según relató su madre, Tayrí Lorenzo Prado, García Lorenzo logró enviar un breve mensaje de audio por WhatsApp informando que lo trasladaban detenido en una patrulla. Vecinos de la zona confirmaron a la familia que el activista fue abordado por las fuerzas del orden mientras se encontraba en las inmediaciones, presuntamente filmando los acontecimientos, aunque no participaba activamente en la manifestación.
El opositor fue trasladado a la tercera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Santa Clara. Hasta ese lugar se trasladaron sus padres, quienes denunciaron la opacidad del proceso y la negativa de las autoridades para brindar información. \»Me dijeron que está acusado de desorden público; no me quieren decir más nada ni dejar verlo hasta que llegue la Seguridad del Estado\», denunció Lorenzo Prado. La imputación de \»desorden público\» es un recurso recurrente de las autoridades de la isla para judicializar la protesta social y justificar la reclusión preventiva de activistas y ciudadanos críticos.
La respuesta de la familia ha sido de firme resistencia. La madre del activista intentó ingresar al recinto policial para confirmar el estado de su hijo, pero fue expulsada del lugar. \»Entré gritando: ‘Andy, no estás solo, tu mamá y tu papá están aquí’. Me mandaron a salir. Estamos afuera y de aquí no nos vamos hasta saber de nuestro hijo. Estaremos plantados en huelga de hambre hasta que lo suelten\», afirmó tajantemente. La determinación de los padres refleja el nivel de desesperación y hartazgo de la sociedad civil cubana ante la arbitrariedad de los cuerpos represivos.
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Padres de Andy García Lorenzo plantados en frente a la unidad de la PNR (Foto: CubaNet)
Antecedentes de persecución y tortura
La detención de García Lorenzo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un historial de sistemática persecución política. El joven fue excarcelado en julio del pasado año tras cumplir una condena de cuatro años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. Tras su salida, en entrevistas con medios independientes, el activista denunció las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido durante su encierro, las cuales le dejaron traumas severos. \»Siento que no soy el mismo y sé que me va a costar adaptarme después de todo lo que viví\», aseguró entonces, evidenciando el costo humano de las prisiones políticas en la isla.
Pese a las secuelas de su reclusión, García Lorenzo ha mantenido una postura de confrontación cívica, denunciando la miseria generalizada y documentando las protestas que ocurren de manera regular en su comunidad. Su activismo continuo lo ha convertido en un blanco frecuente para la policía política. En noviembre de 2025, el joven identificó públicamente a uno de sus carceleros, un acto de valentía que, lejos de amedrentarlo, reafirmó su compromiso. \»Tengo el deber de seguir haciendo por la libertad de Cuba\», sentenció en declaraciones recientes, consolidando su postura frente a la dictadura cubana.
El hostigamiento institucional escaló drásticamente en los meses previos a esta nueva detención. En junio de este año, García Lorenzo fue citado por la Seguridad del Estado, donde fue amenazado con una nueva condena a prisión e incluso con la aplicación de la pena de muerte si publicaba videos de unidades militares en la isla. Estas amenazas de ejecución sumaria, emitidas desde el aparato represivo del Estado, demuestran el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran los opositores pacíficos y la impunidad con la que operan los órganos de inteligencia y represión en Cuba.
Contexto: El colapso energético y la respuesta represiva
La detención de García Lorenzo se produce en medio de una profundización de la crisis estructural que atraviesa la isla, con el sistema electroenergético nacional (SEN) como uno de sus epicentros más visibles. Los apagones prolongados, que en muchas provincias superan las 12 horas diarias, han devenido en el detonante de múltiples protestas espontáneas en distintos puntos del país. Ante la imposibilidad del gobierno cubano de ofrecer soluciones técnicas o de gestión a la crisis energética, la respuesta institucional ha sido la militarización de las calles y la represión selectiva de quienes se atreven a alzar la voz o documentar el descontento.
El régimen de La Habana ha optado por la vía de la contención policial frente a la indignación ciudadana. La criminalización de la protesta pacífica mediante figuras como el \»desorden público\» o la \»propagación de epidemias\» ha sido la tónica de las autoridades de la isla para amedrentar a la población. En este escenario, la presencia de activistas como García Lorenzo, que documentan la realidad de las comunidades y la respuesta policial, representa una amenaza directa para la narrativa oficial que busca minimizar el alcance del descontento social y el fracaso del modelo económico y energético.
Este nuevo arresto también debe leerse en el contexto de la crisis económica generalizada, marcada por una inflación galopante, el desabastecimiento de productos básicos y un éxodo migratorio sin precedentes. La incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar los servicios públicos mínimos ha generado un caldo de cultivo de frustración permanente. La represión, como la sufrida por el joven en Santa Clara, funciona como el principal mecanismo de control social de la dictadura cubana para evitar que la indignación se traduzca en un estallido de mayor magnitud similar al del 11 de julio.
Implicaciones y futuro
La situación de Andy García Lorenzo y la huelga de hambre de sus padres ponen de relieve la urgencia de que la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos vuelvan su mirada hacia Cuba. La detención de ciudadanos por el simple hecho de presenciar o documentar protestas pacíficas constituye una clara violación de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión. El silencio cómplice o la inacción diplomática frente a estos abusos solo legitiman las prácticas autoritarias del poder en la isla.
El plantón de Tayrí Lorenzo Prado y su esposo frente a la unidad de la PNR es un símbolo de la resistencia civil en un país donde el miedo ha sido utilizado como herramienta de gobernabilidad. La exigencia de la liberación de su hijo se suma a los reclamos de cientos de familias cubanas que sufren la arbitrariedad de un sistema judicial subordinado al poder político. Lo que ocurra con el joven activista en los próximos días será un termómetro de la disposición de la dictadura cubana para endurecer aún más su mano contra los opositores o ceder ante la presión de la sociedad civil organizada y el escrutinio internacional.
