El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba aprobó una nueva resolución que faculta al Estado para inhabilitar profesionalmente a los recién graduados que no cumplan con el servicio social, incluso en los casos en que no sea posible localizarlos o se nieguen a recibir su ubicación laboral. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, llega en un momento de contracción severa del personal sanitario debido al masivo éxodo migratorio y refleja la estrategia del gobierno cubano para retener a la fuerza de trabajo mediante la coacción institucional.
La Resolución 115/2026, firmada por el ministro José Angel Portal Miranda, establece el reglamento para la contratación, ubicación, reubicación, promoción, suspensión e inhabilitación en el ejercicio de la profesión de los profesionales y técnicos de la salud. Esta normativa deroga la Resolución 282 de 2014 y amplía significativamente el procedimiento punitivo contra quienes eluden el servicio social, dedicándole seis artículos en comparación con el único artículo del reglamento anterior. Las autoridades de la isla han optado por un control más estricto en un sector estratégico para la economía y la imagen del país.
Según el nuevo reglamento, la autoridad que asigna la plaza entrega al graduado un documento oficial con la entidad donde debe presentarse en un plazo máximo de treinta días. Si el joven profesional no se presenta, el empleador tiene la obligación de comunicarlo. Posteriormente, los directores generales de salud provinciales y los jefes de unidades subordinadas solicitan al ministro la inhabilitación mediante un escrito fundamentado. El expediente avanza incluso cuando el graduado desaparece, ordenando el texto hacer constar «las acciones realizadas para su localización y notificación».
El reglamento también contempla la negativa a recibir la notificación. El artículo 45 precisa que, si el graduado estaba consciente de su deber y participó en los procesos estudiantiles de asignación, «no queda eximido del procedimiento de solicitud de la inhabilitación en el ejercicio de la profesión por incumplimiento injustificado». El ministro tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver, asesorado por una comisión nacional. Aunque el texto admite un recurso de alzada en 10 días hábiles y la vía judicial, un cambio respecto a la norma anterior que no permitía recursos, la medida representa una amenaza directa al sustento de los profesionales que intenten evadir las asignaciones estatales.
El ejecutivo cubano ha incorporado además exigencias que trascienden lo estrictamente técnico para condicionar la habilitación profesional. El reglamento exige el cumplimiento del Código Cubano de Ética Médica y la demostración de «los valores de carácter social, moral o humano que prestigian la medicina cubana», así como la disposición de servir a la sociedad. Perder esta capacidad demostrada, mediante evaluaciones deficientes reiteradas o un comportamiento contrario a las competencias exigidas, se convierte en causal de inhabilitación. Para este fin, se crearán Comités de Competencia y Desempeño en cada entidad del Sistema Nacional de Salud.
El alcance de la norma se amplía para incluir a todos los profesionales y técnicos de la salud en puestos vinculados a la atención, docencia e investigación, y a egresados formados por otros organismos. Asimismo, quienes lleven más de dos años sin ejercer en el sistema público deberán someterse a un entrenamiento de hasta 180 días y a un ejercicio de evaluación teórico, práctico y oral; si resultan no aptos dos veces, se termina el contrato. El umbral anterior era de 18 meses y solo exigía la evaluación, lo que evidencia un endurecimiento de las condiciones de reincorporación para quienes han estado inactivos o fuera del país.
El texto refuerza el control territorial de la fuerza de trabajo, obligando a los directores provinciales a adoptar medidas para equilibrar la distribución del personal. El MINSAP aprobará anualmente un plan mediante el cual las provincias con mayor equilibrio remitan graduados hacia aquellas con desbalances. El traslado provisional por interés del empleador no podrá exceder los 180 días al año sin consentimiento del trabajador, una medida que busca cuadrar la oferta de especialistas en medio de la crisis de personal.
El colapso demográfico del sector salud
Este reajuste normativo llega en un contexto de contracción severa del personal sanitario, evidenciado por las propias estadísticas del régimen. Según el Anuario Estadístico de Salud correspondiente a 2024, en el país existen 75.364 médicos, frente a los 106.131 registrados en 2021. Esto representa una caída del 29% en apenas tres años. El desplome es aún más pronunciado en el caso de los estomatólogos, que pasaron de 20.903 a 12.431 en el mismo período, una disminución del 40,5%. Las autoridades de la isla no desglosan las causas de este éxodo en sus informes, pero la realidad apunta al abandono masivo de la profesión y la emigración.
Contexto: La crisis estructural y el control coercitivo
La fuga de profesionales de la salud no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la crisis estructural que atraviesa la isla. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico y los salarios de miseria han empujado a miles de médicos y técnicos a buscar alternativas en el sector privado, el trabajo por cuenta propia o, en su inmensa mayoría, a emprender el éxodo migratorio hacia Estados Unidos y otras naciones. La dictadura cubana, que históricamente ha exportado personal médico a cambio de divisas, se enfrenta ahora a la escasez de su principal recurso negociable y a la incapacidad de sostener el sistema sanitario interno.
Ante la imposibilidad de ofrecer incentivos económicos reales que retengan a los galenos, el gobierno cubano ha optado por la vía del cerco legal y la represión administrativa. La inhabilitación profesional se utiliza como un instrumento de coacción para impedir que los jóvenes médicos busquen mejores oportunidades fuera del sector estatal o abandonen el país sin cumplir sus obligaciones con el Estado. Esta política de «puertas giratorias» hacia el desempleo forzado contrasta con la propaganda oficial que ensalza el sistema sanitario como un logro de la revolución, cuando en realidad los hospitales carecen de medicamentos básicos, higiene y condiciones mínimas para la atención.
Antecedentes y cooperación internacional
La Resolución 115/2026 responde al artículo 6 del Código de Trabajo (Ley 189) y a la Ley 165 de Salud Pública, aprobada a finales de 2023 y publicada a inicios de 2026. La normativa detalla las causales de suspensión e inhabilitación previstas en la ley, incluyendo violaciones de la práctica médica y acciones contrarias a los principios éticos, especialmente si se cometen «en cumplimiento de misión oficial, actividades de cooperación internacional o cualquier otra que implique presencia de personal en el exterior». Esta cláusula refleja el interés del régimen de La Habana por mantener un control férreo sobre los médicos que participan en misiones en el extranjero, fuente vital de ingresos para el erario público.
La aprobación de este reglamento envía un mensaje claro a los profesionales de la salud y a la ciudadanía en general: el régimen prioriza el control sobre el bienestar. Mientras los centros asistenciales se derrumban por la falta de recursos y personal, las autoridades dedican esfuerzos burocráticos a cerrar el paso a quienes intentan evadir un sistema que no les garantiza condiciones dignas de vida. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan denunciando estas prácticas coercitivas, que limitan la libertad de elección profesional y mantienen a los trabajadores de la salud bajo el yugo de un sistema que se resiste a democratizarse y a abrirse a la realidad económica del país.
