Una exhaustiva investigación académica alerta sobre cómo el gobierno de Gustavo Petro ha facilitado la penetración institucional del régimen de La Habana en sectores estratégicos de Colombia. Bajo el manto de la «cooperación bilateral», la dictadura cubana halla mecanismos de legitimación internacional, captación de recursos y proyección ideológica, mientras su población interna sufre la precariedad más absoluta.
Un detallado informe elaborado por el Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda ha destapado la magnitud de los vínculos entre el Estado colombiano y el gobierno cubano durante la actual administración. A través de derechos de petición, acciones de tutela y una minuciosa revisión documental, la investigación titulada «La cooptación silenciosa del Estado colombiano por parte del régimen cubano» evidencia que, de treinta instituciones públicas consultadas, diez reconocieron mantener alianzas activas con dependencias de la isla. Estos vínculos, que abarcan salud, agroindustria, educación, trabajo y cultura, trascienden la simple asistencia técnica para perfilarse como una herramienta de influencia política a favor de La Habana.
Uno de los episodios más escandalosos expuestos por la investigación gira en torno a la salud pública. En medio de una emergencia sanitaria declarada por el gobierno colombiano, el régimen de La Habana anunció una presunta donación de dosis de vacunas contra la fiebre amarilla. La propaganda oficial, replicada tanto por voceros de la administración Petro como por los medios estatales cubanos, construyó una narrativa de solidaridad regional. Sin embargo, la realidad es diametralmente opuesta: el Ministerio de Salud colombiano confirmó que dicha donación nunca ingresó al país ni se materializó. Para los analistas, este vacío fáctico demuestra cómo el gobierno cubano instrumentaliza gestos humanitarios inexistentes para maquillar su imagen internacional, paradójicamente mientras la isla se hunde en una crisis sanitaria sin precedentes, carente de medicamentos básicos, insumos médicos y vacunas para su propia población.
El sector agroindustrial tampoco escapa a esta dinámica de cooperación opaca. La investigación detalla un frustrado acuerdo para la exportación de arroz colombiano hacia la isla, presentado inicialmente como un salvavidas para miles de pequeños productores ante una crisis de sobreproducción. No obstante, la operación quedó suspendida indefinidamente debido a trabas impuestas por las autoridades cubanas para habilitar al importador. La falta de transparencia en torno a los pagos y las condiciones financieras plantea una duda razonable sobre si este acuerdo fue una transacción comercial real o un mecanismo encubierto para canalizar ayuda económica hacia el régimen de La Habana, el cual atraviesa una severa incapacidad para abastecer a su población.
En el ámbito educativo y agrario, la adopción de metodologías cubanas en el programa CampeSENA del Servicio Nacional de Aprendizaje colombiano suscita profundas interrogantes. La firma de un memorando de entendimiento entre el SENA, el Ministerio de Educación de Cuba y la embajada de la isla, busca replicar prácticas agrícolas en zonas rurales colombianas basadas en el modelo cubano. Resulta paradójico y alarmante que se pretenda importar un modelo agropecuario de un país donde el Estado controla la mayor parte de la superficie agrícola pero es incapaz de producir los alimentos que consume, dependiendo casi en su totalidad de la importación. Exportar el fracaso productivo de la isla disfrazado de «cooperación técnica» representa un riesgo para el desarrollo rural colombiano.
Otro frente de preocupación es la implementación del método de alfabetización «Yo sí puedo», diseñado por el gobierno cubano. Con un presupuesto multimillonario en pesos colombianos y alcance nacional, este proyecto involucra directamente al Ministerio de Educación de Cuba. Destinar recursos públicos de una democracia para replicar un modelo educativo concebido por una dictadura que sistemáticamente reprime la libertad académica es una contradicción ética insalvable. El informe recuerda que en Cuba la educación es un aparato de adoctrinamiento ideológico, no un espacio de libre pensamiento.
La gravedad de este vínculo educativo se subraya al contrastarlo con la situación de los derechos humanos en la isla. La investigación cita alarmantes datos del Observatorio de Libertad Académica, que documentan cientos de incidentes de trato desigual, discriminación por orientación política y acoso contra estudiantes, docentes e intelectuales críticos en Cuba. Mientras Colombia financia un programa educativo cubano, la dictadura en La Habana silencia, persigue y encarcela a quienes osan disentir dentro y fuera de las aulas universitarias. Esta colaboración, por tanto, legitima un sistema autoritario a expensas de los principios democráticos que deberían regir la educación pública colombiana.
El plano cultural constituye el quinto eje de esta cooptación. El Ministerio de las Culturas de Colombia ha consolidado una agenda de cooperación que incluye una presencia institucional activa en eventos organizados por el régimen cubano, como la Feria Internacional del Libro de La Habana, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, Cubadisco y la Bienal de La Habana. El informe destaca cómo Colombia fue invitado de honor a la Feria del Libro, ocasión en la que se oficializó la donación de cientos de libros, incluyendo la autobiografía del presidente Petro. Estas acciones otorgan un manto de prestigio y normalidad a instituciones culturales que funcionan como aparatos de propaganda del Estado cubano.
Sin embargo, detrás de estos eventos culturales de fachada opera un sistema de censura y represión implacable. La investigación pone sobre la mesa la crítica situación de los artistas independientes en Cuba, recordando el encarcelamiento de figuras como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), integrantes del Movimiento San Isidro, condenados a penas de prisión por el simple ejercicio de su arte y pensamiento crítico. También se menciona la censura sistemática contra artistas como Tania Bruguera. Mientras Colombia participa en ferias y bienales en La Habana, la dictadura utiliza estos espacios para proyectar una imagen de apertura cultural que oculta el acoso, el exilio y la prisión de creadores disidentes.
El contexto de la crisis cubana y su diplomacia extractiva
Para comprender la magnitud de lo revelado por el informe del Programa Cuba, es imperativo analizar el contexto interno de la isla. El régimen de La Habana ha perfeccionado a lo largo de décadas una diplomacia extractiva, mediante la cual vende servicios profesionales —principalmente en salud y educación— en el exterior para captar divisas que luego son confiscadas por el Estado. Estos acuerdos bilaterales, presentados como gestos de solidaridad sur-sur, en realidad enmascaran una forma de trata de personas y explotación laboral, mientras los servicios básicos dentro de Cuba colapsan. Las alianzas con gobiernos afines, como el de Colombia, son vitales para la supervivencia financiera del régimen, que necesita urgentemente legitimidad internacional ante su creciente aislamiento y fracaso interno.
La crisis multidimensional que atraviesa Cuba evidencia la inutilidad de los modelos que ahora pretenden exportarse. El sector agropecuario cubano es un fracaso rotundo, incapaz de garantizar la soberanía alimentaria, con tierras improductivas controladas por empresas estatales ineficientes. De igual manera, el sistema de salud, otrora orgullo de la propaganda oficial, se encuentra en ruinas, con hospitales desprovistos de los recursos más elementales y un rebrote de enfermedades erradicadas. En materia educativa y cultural, la censura es la norma. Adoptar metodologías de un sistema que ha fracasado en proveer lo más básico a su población no es cooperación, sino una importación de ineficiencia y control autoritario.
La penetración ideológica e institucional en países democráticos es una herramienta clásica de la dictadura cubana para sostener su retórica antiimperialista y proyectar poder blando. Al cooptar áreas sensibles como la alfabetización, la formación técnica rural y la diplomacia cultural, el gobierno cubano se asegura aliados que, desde la legitimidad que les otorga su condición democrática, blanquean las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que ocurren diariamente en la isla. La connivencia de instituciones colombianas con estos esquemas levanta serias dudas sobre la soberanía política y el destino de los fondos públicos en el país sudamericano.
Conclusiones sobre una alianza peligrosa
El informe del Programa Cuba concluye de manera categórica que la diplomacia intercultural e institucional promovida durante el gobierno de Gustavo Petro hacia La Habana no constituye un intercambio simétrico entre pares democráticos. Por el contrario, se trata de una concesión unilateral que permite al régimen cubano utilizar la infraestructura y el prestigio del Estado colombiano para lavar su imagen internacional. Espacios como la Bienal de La Habana o la Feria del Libro operan bajo estricta vigilancia política y exclusión de la disidencia, por lo que la participación oficial colombiana los dota de una falsa normalidad. Estos vínculos no deben interpretarse como meros acuerdos técnicos, sino como una peligrosa estrategia de influencia política que beneficia a una dictadura en crisis en detrimento de los valores democráticos y la transparencia institucional de Colombia.
