El colapso del Sistema Eléctrico Nacional ha llevado a cortes de energía que afectan a más del 63% de la isla, empujando a la población de varios barrios de La Habana a protestar en las calles frente a la inacción del gobierno cubano. Con nueve unidades termoeléctricas fuera de servicio y un déficit cercano a los 1.900 megavatios, la crisis energética se consolida como uno de los principales focos de tensión social y quiebra del modelo impuesto por el régimen de La Habana.
La Unión Eléctrica (UNE) ha confirmado un panorama desolador para el horario pico, estimando una disponibilidad de apenas 1.156 megavatios (MW) frente a una demanda máxima que ronda los 3.050 MW. Este profundo desequilibrio deja un déficit de 1.894 MW, lo que se traduce en una afectación pronosticada de 1.924 MW. La falta de combustible para la generación distribuida y el colapso de la infraestructura base son los principales factores que mantienen al país en la oscuridad por periodos que, en numerosos municipios, superan las 12 horas continuas e incluso alcanzan casi un día completo.
El informe técnico detalla que la crisis de generación termoeléctrica es crítica. Permanecen en avería la Unidad 5 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, la Unidad 3 de Santa Cruz, la Unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras, la Unidad 2 de la CTE Felton y las Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo (Renté). A esta lista se suman las unidades bajo mantenimiento programado: la 6 del Mariel, la 5 de Nuevitas y la 4 de Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. Esta acumulación de roturas evidencia el envejecimiento de una infraestructura que las autoridades de la isla no han logrado renovar en décadas.
Aunque el ejecutivo cubano ha promovido en los últimos meses la incorporación de parques solares al Sistema Eléctrico Nacional, su impacto real es marginal frente a la magnitud del desastre. La energía fotovoltaica, concentrada en el horario diurno, no logra compensar la pérdida de capacidad de las centrales termoeléctricas ni cubre los picos de consumo nocturnos, que es precisamente cuando se producen las mayores desconexiones y el descontento social estalla de manera más visible.
El resultado es un sistema que funciona al límite de sus posibilidades, con márgenes cada vez más estrechos para responder a la demanda y con un impacto directo en la vida cotidiana de la población, los servicios básicos y la actividad económica. El desespero de la ciudadanía ha alcanzado un nuevo punto de quiebre, llevando a los residentes de múltiples barrios de La Habana a protagonizar cacerolazos y protestas espontáneas durante la noche del viernes, ante la prolongación indefinida de los apagones.
Protestas en las calles de La Habana
Manifestaciones fueron reportadas en Marianao, el municipio Plaza, Jesús María, Habana Vieja, Pueblo Nuevo y la zona de Belascoaín, en Centro Habana. En este último punto, los residentes salieron a la calle para exigir el fin de la dictadura, superando el miedo a la represión policial que habitualmente se despliega ante cualquier muestra de disidencia pública. Los vecinos golpeaban calderos y utensilios de cocina mientras gritaban consignas contra el sistema comunista y los cortes de luz.
La indignación no se limitó a la capital tradicional. En el barrio de Párraga, en el municipio de Arroyo Naranjo, los reportes indican que los residentes llegaron a cerrar una calle y prender fuego a objetos en señal de protesta. Sitios como el reparto Bahía, en Habana del Este, también se sumaron a las manifestaciones. La espontaneidad de estas acciones evidencia un nivel de saturación en la tolerancia social que el aparato propagandístico del Estado no logra ya contener.
Contexto Sistémico: Un país en la oscuridad
La crisis eléctrica no es un evento aislado, sino la manifestación más visible del deterioro estructural que sufre Cuba tras décadas de centralización económica y falta de inversión. El gobierno cubano ha sido incapaz de mantener un sistema de generación que depende en su mayoría de plantas con más de 40 años de operación. La falta de repuestos, la obsolescencia tecnológica, la ausencia de divisas y la corrupción interna han minado cualquier intento de estabilizar la red nacional.
Este colapso energético tiene un impacto directo y devastador en la ya maltrecha economía nacional. La actividad productiva se ve frenada por la falta de energía, mientras que el sector de los servicios básicos, como el bombeo de agua y la refrigeración de alimentos, colapsa diariamente. En un país donde la inseguridad alimentaria es crítica y la inflación galopante, los apagones prolongados obligan a las familias a perder alimentos perecederos, agravando la escasez que azota a la población.
Antecedentes y el peso de la represión
Las protestas espontáneas en La Habana siguen la estela del descontento social que ha venido creciendo en los últimos años. Desde las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, la dictadura cubana ha endurecido su aparato represivo, implementando tácticas de intimidación, detenciones arbitrarias y penas de cárcel para disuadir a la población de salir a las calles. Sin embargo, la asfixia económica y los apagones interminables están rompiendo los límites de paciencia de la sociedad civil.
La incapacidad del régimen de La Habana para garantizar servicios básicos ha sido uno de los motores principales del mayor éxodo migratorio en la historia reciente de la isla. Cientos de miles de cubanos han abandonado el país en los últimos años huyendo de la oscuridad, la falta de oportunidades y la persecución política. Los que se quedan enfrentan una realidad diaria de supervivencia extrema, donde la frustración se acumula con cada hora sin electricidad.
De mantenerse este déficit estructural, el país se encamina hacia un escenario de crisis aguda, donde las altas temperaturas exacerbarán las necesidades de refrigeración y el descontento social. La respuesta de la dictadura ante las protestas de este viernes será clave para medir el nivel de represión que el gobierno está dispuesto a desplegar. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación cómo el régimen prioriza el control político sobre el bienestar de su población, dejando a millones a oscuras y al borde de un estallido social que podría ser inmanejable para el aparato estatal.
