La activista cubana y directora de la ONG Ciudadanía y Libertad, Carolina Barrero, ha emprendido una gira por varias capitales europeas con el objetivo de presentar un informe exhaustivo sobre las restricciones legales que pesan sobre el derecho de asociación en la isla. La iniciativa busca presionar a la Unión Europea para que reconozca de manera oficial a la sociedad civil independiente, poniendo fin a décadas de marginación institucional impuesta por el régimen de La Habana.
Desde el Copenhagen Democracy Summit, Barrero anunció que esta será la primera parada de una travesía diplomática que la llevará a Bruselas y otras capitales del continente. En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X, la activista enfatizó la urgencia de colocar la situación cubana en el centro de las prioridades de la agenda europea, compartiendo los hallazgos de una investigación que desnuda la «arquitectura legal contra el derecho de asociación en Cuba».
«No queremos más reuniones escondidas en La Habana, queremos tener un reconocimiento oficial», afirmó Barrero, en una declaración directa que cuestiona la política de la dictadura cubana de obligar a los activistas a operar en la clandestinidad o bajo constante amenaza. El informe, que será publicado en los próximos días, detalla cómo las autoridades de la isla utilizan el requisito del registro oficial como una herramienta de control y asfixia, negando la personería jurídica a cualquier organización que no se alinee con los intereses del Estado.
La organización Ciudadanía y Libertad, bajo la dirección de Barrero, ha centrado sus esfuerzos en la promoción de un marco legal que garantice libertades fundamentales como la asociación, la reunión pacífica y la participación política. El trabajo de la ONG incluye la implementación de programas educativos, talleres de concienciación y campañas de sensibilización pública diseñados para reducir la polarización política y fomentar una cultura cívica en un entorno fuertemente militarizado y vigilado.
Un aspecto central del diagnóstico de la organización es el fortalecimiento del liderazgo femenino. Ciudadanía y Libertad sostiene que Cuba afronta una crisis sistémica en la que la mujer se ha erigido como un actor fundamental para el cambio. El documento y la gira subrayan cómo las cubanas han asumido un liderazgo natural en la búsqueda de soluciones democráticas, enfrentando no solo la represión política, sino también la precariedad económica y la violencia de género agravada por el contexto nacional.
Además, la ONG se dedica a robustecer las capacidades de las organizaciones cívicas y políticas locales mediante programas de formación y asistencia técnica. La protección y el apoyo directo a los activistas constituyen pilares de esta misión, proporcionando capacitación, recursos y asistencia legal para garantizar la seguridad y eficacia de quienes se atreven a demandar sus derechos civiles en un país donde la disidencia es sistemáticamente criminalizada.
El cerco legal de la dictadura contra la disidencia
La denuncia de Barrero se enmarca en una larga historia de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno cubano. Desde la promulgación de la Ley de Asociaciones de 1985, el ejecutivo cubano ha mantenido un monopolio absoluto sobre la creación y funcionamiento de cualquier agrupación civil. Las organizaciones independientes, al ser denegado su registro, operan en una vulnerabilidad jurídica total, lo que facilita que la dictadura cubana las acuse de «ilegales» para justificar allanamientos, confiscaciones de bienes, detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de sus miembros bajo figuras penales ambiguas.
Esta «arquitectura legal» no opera de manera aislada, sino que es un engranaje más del aparato represivo que incluye el Decreto 370 —que regula el uso de internet y penaliza la libre expresión— y el Código Penal de 2022, este último ampliamente criticado por organismos internacionales por tipificar delitos de «propaganda enemiga» y «desobediencia» que se usan para silenciar el activismo. El informe que Barrero presenta en Europa busca exponer cómo estas normativas se entrelazan para anular cualquier intento de organización ciudadana fuera del control del Partido Comunista.
Una crisis sistémica que ahuyenta a la ciudadanía
La imposibilidad de asociarse libremente y participar en la vida pública es uno de los motores de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. El colapso del modelo económico, evidenciado por una hiperinflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y los apagones prolongados, ha generado un descontento social sin precedentes. Sin embargo, la falta de canales institucionales para canalizar este descontento, sumada a la brutal represión estatal, ha derivado en un éxodo migratorio histórico que ha vaciado al país de su fuerza productiva y de su juventud.
En este escenario, el trabajo de la sociedad civil independiente se vuelve vital, pero también extremadamente peligroso. Las mujeres, como señala la ONG de Barrero, han tomado la delantera en la defensa de los derechos humanos, liderando movimientos cívicos y plataformas de denuncia contra la violencia estatal. No obstante, la respuesta de las autoridades de la isla ha sido el hostigamiento sistemático, las amenazas de quitar la custodia de sus hijos y el confinamiento domiciliario para impedirles participar en actividades o manifestaciones pacíficas.
Relaciones Unión Europea-Cuba en el banquillo
La gira de Carolina Barrero adquiere especial relevancia en el contexto de las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y el régimen de La Habana. El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC), vigente desde 2017, condiciona la ayuda europea al respeto de los derechos humanos y las libertades democráticas. Sin embargo, activistas y observadores internacionales han criticado repetidamente que el gobierno cubano incumple sistemáticamente estos principios sin que la UE aplique cláusulas sancionadoras o medidas de presión efectivas.
Al presentar este informe en Bruselas, la directora de Ciudadanía y Libertad busca romper con la pasividad europea y exigir que el bloque comunitario deje de interactuar únicamente con organizaciones afines al gobierno y abra espacios oficiales para los verdaderos representantes de la sociedad civil cubana. El reclamo de «no más reuniones escondidas» es un ataque directo a la complicidad diplomática que permite a la dictadura cubana maquilar una apertura inexistente frente a la comunidad internacional.
La travesía de Barrero por Europa representa un desafío crucial para la diplomacia internacional y un mensaje de resistencia para la sociedad cubana. Si la Unión Europea asume un papel más proactivo y condiciona sus relaciones con el gobierno cubano a reformas legales tangibles, podría abrir una rendija de esperanza para las organizaciones oprimidas en la isla. Por el contrario, el silencio o la inacción prolongarían la impunidad de un régimen que, aferrado al poder, continúa violando los derechos fundamentales de sus ciudadanos mientras el país se desploma económica y socialmente.
