La avería inesperada en una de las principales plantas generadoras de la isla ha dejado al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) al borde del colapso total, con un déficit que supera los 1.600 megavatios en horario pico. Las autoridades de la isla reconocen una situación insostenible que se traduce en apagones de más de diez horas en varias provincias, profundizando la asfixia económica y social que vive el país.
El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufrió un nuevo y severo golpe este fin de semana tras la desconexión inesperada de la planta Energas de Boca de Jaruco, ubicada en la provincia de Mayabeque. Según confirmó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la salida de la instalación se produjo el domingo debido a una avería en una de las líneas de salida, lo que provocó el disparo automático de otras dos y dejó fuera de servicio a las seis turbinas de la planta, que en ese momento aportaba aproximadamente 160 megavatios (MW) al sistema nacional.
La instalación afectada es una pieza clave para la generación eléctrica en la región occidental del país. Operada por la empresa mixta Energas —un consorcio integrado por la compañía canadiense Sherritt y las empresas estatales Unión Eléctrica (UNE) y Cupet—, la planta se encarga de procesar el gas asociado al petróleo extraído en los yacimientos entre La Habana y Matanzas. La interrupción de su funcionamiento no solo mermó la capacidad de generación, sino que expuso una vez más la fragilidad de la infraestructura energética cubana, altamente dependiente de un parque tecnológico envejecido y carente de mantenimiento preventivo adecuado.
Aunque el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso informó a través de sus redes sociales que Energas volvió a entrar en línea durante la noche del domingo, y la UNE confirmó que cuatro de las seis turbinas ya estaban nuevamente en funcionamiento, el impacto sobre la red ha sido devastador. El propio comunicador gubernamental reconoció que las restricciones energéticas se mantienen debido a la indisponibilidad crónica de equipos y combustible, un problema estructural que las autoridades de la isla han sido incapaces de resolver.
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Los datos ofrecidos por la Unión Eléctrica (UNE) ilustran la gravedad del escenario. El domingo, la afectación al servicio eléctrico se mantuvo durante las 24 horas, alcanzando una máxima de 1.717 MW a las 22:30 horas, coincidiendo con el pico de demanda nocturna. Para la jornada de este lunes, el parte oficial indicaba una disponibilidad nacional de apenas 1.690 MW frente a una demanda de 2.920 MW, lo que generaba un déficit de más de 1.200 MW desde las primeras horas del día. La afectación se estimó en 1.252 MW, con una proyección de aumento hasta los 1.300 MW al mediodía.
El panorama para el horario pico nocturno resulta aún más desalentador. Las proyecciones de la propia empresa eléctrica apuntaban a una demanda de 3.450 MW, con una disponibilidad de solo 1.840 MW. Este desequilibrio provocaría un déficit de 1.610 MW y una afectación estimada de 1.680 MW, cifras que garantizan cortes eléctricos masivos y prolongados en toda la geografía insular. En las calles, la situación se traduce en interrupciones del servicio que en numerosos territorios superan las diez horas consecutivas, con reportes de fuertes afectaciones en provincias como Villa Clara, Cienfuegos, Granma, Holguín y Santiago de Cuba.
Antecedentes de un sistema en quiebra
El fallo de la planta de Boca de Jaruco no es un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de décadas de desinversión, mala gestión y falta de planificación estratégica por parte del régimen de La Habana. El SEN está compuesto mayoritariamente por termoeléctricas construidas hace más de cuatro décadas, muchas de las cuales operan por encima de su vida útil técnica. La falta de piezas de repuesto, la obsolescencia de los sistemas de control y la carencia de fondos para realizar mantenimientos capitales han convertido a la red eléctrica en un sistema perpetuamente al borde del colapso.
El gobierno cubano ha mantenido una retórica constante atribuyendo la crisis a las sanciones estadounidenses. Sin embargo, análisis y cálculos independientes estiman que la isla necesitaría una inyección de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar y modernizar integralmente su sistema eléctrico. Una cifra que, en el contexto actual de la economía cubana, resulta inalcanzable, no solo por las restricciones externas, sino por la nula capacidad del ejecutivo cubano para generar riqueza, atraer inversión extranjera de escala y garantizar un marco de seguridad jurídica.
Contexto: La crisis estructural y el detonante social
El colapso energético es el epicentro de una crisis estructural mucho más amplia que asfixia a la isla. La falta de electricidad paraliza la ya mermada actividad económica, afecta el bombeo de agua potable, interrumpe los servicios de salud y acelera el deterioro de los alimentos en un país donde el desabastecimiento alimentario es la norma. Todo esto ocurre en un contexto de hiperinflación, devaluación de la moneda nacional y un éxodo migratorio sin precedentes que ha visto partir a cientos de miles de cubanos en busca de supervivencia.
Históricamente, los apagones prolongados han funcionado como el detonante principal de la indignación popular en Cuba. La incapacidad del Estado para garantizar un servicio básico, sumada a la promesa incumplida de prosperidad, ha roto el pacto social implícito. Las protestas del 11 de julio de 2021, las más grandes en décadas, tuvieron en los cortes de luz y la falta de medicamentos uno de sus principales catalizadores. Más recientemente, el 17 de marzo de 2024, la ciudadanía en Santiago de Cuba y otras localidades volvió a tomar las calles ante la imposibilidad de soportar la falta de servicio eléctrico y alimentaria.
La respuesta de la dictadura cubana ante el descontento social generado por estos colapsos ha sido sistemáticamente la represión, la censura y el despliegue de fuerzas de seguridad para amedrentar a la población, en lugar de ofrecer soluciones reales. La criminalización de la protesta y la negativa a abrir espacios de diálogo democrático evidencian que la prioridad del poder no es resolver la crisis de los ciudadanos, sino mantener el control político a cualquier costo.
Mientras el régimen insiste en culpar a factores externos y promete inversiones que tardan en materializarse, la realidad es que el sistema energético cubano ha entrado en una fase terminal. La reincorporación de las turbinas de Energas puede aliviar temporalmente la presión, pero no soluciona el déficit estructural de más de 1.000 MW diarios. La perspectiva a futuro es desalentadora para la ciudadanía, que se enfrenta a un verano de apagones severos, con un aparato productivo paralizado y bajo un gobierno que demuestra cada día su ineptitud para gestionar los recursos de la nación y garantizar los derechos más fundamentales de su población.
