El Centro de Información Legal Cubalex ha revelado un preocupante incremento de la represión y el deterioro de las condiciones de vida en la isla durante mayo, tras monitorear 761 eventos que evidencian el uso sistemático de la violencia estatal. El informe detalla 295 hechos represivos y 643 incidentes de hostigamiento, concluyendo que la dictadura cubana ha transformado la administración de justicia en un mero instrumento de control y castigo político.
Los datos expuestos por la organización no gubernamental dibujan un panorama de creciente tensión social. Solo en el mes analizado, se registraron al menos 90 actos de violencia, incluyendo 11 asesinatos, algunos perpetrados por familiares o menores de edad, lo que refleja la profunda descomposición social que atraviesa el país. A esto se suma una treintena de protestas populares, manifestadas a través de cacerolazos, exhibición de carteles antigubernamentales y daños a propiedades estatales, como respuesta directa a los apagones que en algunas regiones superaron las 36 horas continuas.
Ante el estallido de la indignación ciudadana, el régimen de La Habana optó por la contención policial en lugar de la búsqueda de soluciones. La respuesta oficial se materializó en una escalada represiva que incluyó cortes de internet, vigilancia intensiva, citaciones arbitrarias, interrogatorios y la incomunicación forzada de opositores y manifestantes. Esta estrategia de censura dificulta la documentación precisa de los abusos, impidiendo a las organizaciones de derechos humanos acceder a información completa sobre las víctimas de la represión.
La criminalización de la sociedad: El Dictamen 475/2025
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la denuncia sobre la reinterpretación del delito de «sabotaje» por parte del Tribunal Supremo Popular, mediante el Dictamen 475/2025. Esta medida impone la calificación obligatoria de sabotaje a actos que anteriormente eran tipificados como delitos comunes, como daños menores o hurtos. La consecuencia directa de esta modificación jurídica es la posibilidad de imponer penas que alcanzan la cadena perpetua o incluso la pena de muerte para infracciones que no corresponden a la magnitud del castigo.
Desde una perspectiva jurídica, esta maniobra anula cualquier atisbo de independencia judicial en la isla. La directriz impide el análisis individual de la culpabilidad y vulnera gravemente el principio de legalidad y la presunción de inocencia, pilares fundamentales del debido proceso. Al convertir la justicia en un acto administrativo represivo, las autoridades de la isla garantizan la impunidad del poder ejecutivo y militarizan la aplicación de la ley contra la ciudadanía descontenta.
El balance de víctimas de esta maquinaria represiva arroja un total de 211 personas afectadas durante mayo, de las cuales 70 son mujeres y 141 hombres. Entre los perseguidos se encuentran figuras de la disidencia como los presos políticos Félix Navarro Rodríguez y Eider Frómeta Allen, así como los activistas Aurelio Cabrera González y Librado Linares García. Las organizaciones más golpeadas por el hostigamiento fueron la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), las Damas de Blanco y el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).
Colapso económico, crisis sanitaria y aumento de la violencia
El informe de Cubalex también traza una radiografía de la crisis humanitaria en expansión que sufre la nación. El Estado cubano se muestra incapaz de garantizar los productos básicos y los servicios esenciales. La producción nacional de alimentos fundamentales, como el azúcar, la carne de cerdo y los huevos, no logra alcanzar los mínimos planificados por la ineficiencia del modelo centralizado. Paralelamente, el sistema de salud pública se encuentra en una situación calamitosa, azotado por brotes de enfermedades contagiosas y una atención deteriorada, agravada por la exportación de personal médico en condiciones que se asemejan al trabajo forzado.
El deterioro social se manifiesta en un alarmante incremento del consumo de drogas, como el conocido «químico» y el «papelito», cuya propagación ha alcanzado incluso a menores de edad, obligando al gobierno cubano a reconocer públicamente un problema que durante años intentó minimizar. En este entorno de marginalidad, se han registrado casos de violencia extrema, tales como el apuñalamiento de una agente del orden en Camagüey y la presencia de pandilleros armados con machetes en el Boulevard de San Rafael en La Habana, escenarios impensables hace décadas en la isla.
La intolerancia del ejecutivo cubano también se extiende a la persecución por motivos religiosos y políticos. Se documentaron casos como el del activista Freddy Avilés Rodríguez, acusado falsamente de apedrear instalaciones estatales a pesar de existir pruebas de su inocencia, y el de Alejandro Salazar Blanco, presuntamente reprimido por su orientación sexual. Asimismo, pastores evangélicos fueron detenidos y amenazados por oponerse al reclutamiento militar de sus hijos, demostrando que ningún sector de la sociedad civil está exento de la coerción estatal.
El acoso a la libertad de expresión ha encontrado un nuevo campo de batalla en las redes sociales. Las autoridades de la isla citaron y amenazaron a Carlos Alejandro Campos y a Ernesto de Jesús González, este último menor de edad, por difundir una canción crítica contra el alza de precios impuesta por la empresa de telecomunicaciones ETECSA. La represión trascendió fronteras cuando creadores españoles del pódcast «Black Mango» fueron interrogados por la Seguridad del Estado tras publicar contenido crítico sobre la realidad nacional, evidenciando el alcance de la censura.
Contexto sistemático y complicidad internacional
El repunte represivo documentado por Cubalex no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de la crisis estructural que asfixia a la isla. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de combustible y alimentos, y la incapacidad del modelo económico para generar riqueza han provocado un éxodo migratorio sin precedentes. Ante la imposibilidad de ofrecer respuestas a las demandas ciudadanas, la dictadura cubana ha optado por el endurecimiento del control social, utilizando el aparato judicial y policial para silenciar cualquier vestigio de disidencia, replicando y profundizando las tácticas observadas tras las protestas del 11 de julio de 2021.
En el plano internacional, el régimen de La Habana fortalece sus alianzas geopolíticas con Rusia, China, Venezuela y Bielorrusia como vía para sostenerse en el poder. El informe destaca la presencia de más de 1.000 cubanos que se han incorporado como mercenarios al ejército ruso en Ucrania, con casi 40 bajas mortales reportadas, un hecho que demuestra cómo el gobierno lucra con la desesperación económica de sus ciudadanos. Mientras tanto, el gobernante Miguel Díaz-Canel participaba en Moscú en actos junto a Vladímir Putin, Xi Jinping y Nicolás Maduro, consolidando su frente antioccidental.
Pese a la gravedad de estas violaciones documentadas, la comunidad internacional mantiene una postura de tibieza que favorece la impunidad del régimen. Un ejemplo de esta contradicción es la defensa que la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, hizo ante el Parlamento Europeo sobre la permanencia del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con La Habana. Esta diplomacia pasiva permite que la represión continúe sin costos tangibles para los responsables.
Finalmente, Cubalex advierte que las cifras recogidas son conservadoras debido a la censura y las limitaciones tecnológicas impuestas por el Estado, pero subraya que cada caso documentado representa una grave violación de derechos humanos. El futuro inmediato para la ciudadanía cubana se vislumbra bajo un horizonte de mayor asfixia económica y represión política. La transformación de la justicia en un arma de persecución augura un periodo de mayor radicalización por parte del poder, que solo podrá ser contrarrestado con un escrutinio internacional más firme y la articulación de una presión diplomática efectiva que ponga fin a la complicidad con la dictadura cubana.
