El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reapareció en el cierre del X Pleno del Comité Central con un discurso de tono militarista, asegurando que la isla vive bajo «condiciones de guerra». La intervención, que ignora el colapso de los servicios públicos y la reciente represión a manifestantes, se produce a pocos días de conmemorarse cuatro años del estallido social del 11 de julio de 2021, en un intento de las autoridades de la isla por desviar la atención sobre la profunda crisis estructural que atraviesa el país.
En su intervención, reportada por medios estatales y la agencia EFE, el gobernante recuperó la narrativa oficial que responsabiliza al gobierno de Estados Unidos y al embargo de la crisis nacional. Díaz-Canel afirmó categóricamente que «somos un país en guerra» y acusó a las «grandes transnacionales de la comunicación y la información» de ser cómplices de una supuesta campaña de desestabilización dirigida desde Washington. El régimen de La Habana se aferra así a un discurso confrontacional para justificar la incapacidad de gestión ante una ciudadanía exhausta.
El mandatario hizo específica referencia al Memorando Presidencial de Seguridad Nacional aprobado durante la administración de Donald Trump, el cual, según su interpretación, busca endurecer las sanciones y provocar un estallido social. «Lanzan todos sus medios para subvertir, confundir y desorientar», afirmó Díaz-Canel, en un mensaje que evoca directamente la retórica utilizada por el oficialismo tras las históricas protestas del 11J, cuando miles de cubanos salieron a las calles en más de 50 localidades exigiendo libertad y el fin del sistema.
A pesar de apelar a la consigna de «resistencia inteligente» —un eufemismo gubernamental para normalizar el colapso sostenido de los servicios públicos y la aguda escasez—, el primer secretario del PCC se vio obligado a reconocer que la situación es extremadamente delicada. El ejecutivo cubano mencionó como prioridades elevar la producción de bienes, mejorar la prestación de servicios y «liberar» a empresas estatales y privadas de trabas burocráticas. Sin embargo, evitó ofrecer detalles sobre posibles reformas estructurales que la economía centralizada necesita con urgencia.
El llamado a aumentar las exportaciones, el turismo y las remesas resultó llamativo, dado que estas son las fuentes clave de divisas en una economía parcialmente dolarizada donde el peso cubano continúa desplomándose. La dependencia del exterior contrasta con la retórica soberana del discurso. Mientras tanto, los apagones prolongados, la inflación galopante y el éxodo masivo siguen erosionando la ya frágil estabilidad social de la nación.
Uno de los aspectos más evidentes de la intervención fue la omisión deliberada de las protestas recientes contra los apagones prolongados, ocurridas en provincias como Santiago de Cuba, Pinar del Río, Granma y La Habana. En estas movilizaciones, la dictadura cubana respondió con la habitual violencia estatal, documentándose arrestos arbitrarios y represión contra ciudadanos que exigían el restablecimiento del servicio eléctrico. En lugar de abordar estas demandas ciudadanas, Díaz-Canel reforzó el discurso de la unidad como garantía de supervivencia del régimen, sentenciando que «la existencia misma de la Revolución depende de ella».
El cierre de su intervención estuvo marcado por la evocación de figuras históricas como los «mambises y cimarrones», presentando a Cuba como un pueblo que «sabe pelear». Esta retórica beligerante parece estar más dirigida a contener la tensión interna y disciplinar a las bases del partido que a ofrecer soluciones reales para una crisis sin precedentes. El gobierno cubano opta nuevamente por la militarización del lenguaje frente a la incapacidad de resolver las necesidades básicas de la población.
El fantasma del 11J y el desgaste del modelo
El discurso llega en un momento de alta sensibilidad política. A pocos días de cumplirse el cuarto aniversario del 11 de julio de 2021, el régimen de La Habana muestra claros signos de nerviosismo. Aquella jornada marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba, demostrando que el miedo había sido vencido y que el descontento popular podía traducirse en una movilización masiva. La respuesta de la dictadura fue la encarcelación de cientos de manifestantes, la imposición de sentencias ejemplares y la persecución política de líderes opositores, tácticas que se mantienen vigentes ante cualquier brote de descontento social.
La retórica de «guerra» y «resistencia» ha sido el pilar ideológico para evitar rendir cuentas por el fracaso del modelo económico y social impuesto hace más de seis décadas. Al convertir cada crisis de gestión en un supuesto conflicto bélico contra un enemigo externo, el aparato estatal intenta cohesionar a sus simpatizantes y justificar el cierre de cualquier espacio de disidencia o crítica interna.
Crisis estructural y éxodo demográfico
La narrativa belicista esconde una crisis sistémica que el modelo centralizado no ha podido resolver. La falta de productividad, el control estatal absoluto sobre los medios de producción y la inexistencia de un mercado libre han derivado en una inflación incontrolable y en un desabastecimiento crónico. La población se enfrenta diariamente a la imposibilidad de adquirir alimentos básicos, medicinas y combustible, mientras el salario real se diluye frente a un costo de vida que asfixia a las familias. El colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es solo la punta del iceberg de una infraestructura abandonada y subinvertida durante años.
Este escenario ha detonado un éxodo migratorio sin precedentes en la historia de la isla. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la población de Cuba ha descendido de 11 millones a poco más de 9 millones de habitantes. Esta sangría demográfica, que afecta especialmente a la fuerza laboral joven y calificada, representa un golpe mortal para cualquier posibilidad de recuperación económica a corto y mediano plazo. Las remesas enviadas por los emigrados se han convertido en el principal sostén de miles de cubanos, profundizando la dependencia del exterior que el discurso oficial intenta combatir.
Implicaciones y panorama futuro
La declaración de un país «en guerra» no es solo un recurso retórico, sino una advertencia sobre el rumbo que tomarán las políticas internas en los próximos meses. Ante la imposibilidad de ofrecer soluciones económicas tangibles, las autoridades de la isla parecen prepararse para endurecer el control social y justificar de antemano cualquier incremento en la represión. La ciudadanía se enfrenta a un futuro inmediato de mayor escasez y vigilancia, mientras la comunidad internacional mantiene una postura de observación pasiva frente a las continuas violaciones de derechos humanos en la isla.
Finalmente, el llamado a la «unidad» del régimen contrasta con la fragmentación social y la evidente pérdida de legitimidad del Partido Comunista. Sin reformas estructurales reales, sin apertura democrática y con una economía en picada, la retórica de Díaz-Canel parece ser el último recurso de un sistema que, ante el colapso evidente, solo puede ofrecer resistencia pasiva y represión activa. El verdadero frente de batalla en Cuba no es contra un enemigo foráneo, sino contra el hambre, el oscurantismo y la falta de libertades que asfixian a la nación.
