El régimen de La Habana dejó en libertad este sábado al pastor evangélico Luis Guillermo Borjas Navarro, tras varios días de arbitrario encarcelamiento en la Isla de la Juventud. El religioso fue detenido junto a su esposa por intervenir en el juicio militar de su hijo y declarar que se estaba cometiendo una injusticia «frente a los hombres y frente a Dios», lo que desató la ira de las autoridades militares y fiscales del país.
La salida del religioso fue confirmada a través de un video publicado en la red social Facebook por su esposa, Roxana Rojas Betancourt, quien también ejerce como pastora. «Damos gracias a Dios porque ya mi esposo está en casa. Estoy agradecida con todos por sus oraciones», expresó Rojas Betancourt, quien había sido liberada pocas horas después de la detención inicial, argumentando las autoridades razones de salud para su excarcelación temprana.
De igual forma, la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba, afiliada a las Asambleas de Dios, emitió un comunicado oficial agradeciendo la liberación. El texto extendió su reconocimiento «al Concilio de las Asambleas de Dios, a cada ejecutivo, pastor, feligresía y al Pueblo de Cuba en general que una vez más hicieron valer su voz en defensa de la justicia, la compasión y la empatía hacia una familia pastoral». La presión de la comunidad eclesiástica resultó fundamental para forzar el retroceso del gobierno cubano en este caso.
El juicio militar y el reclutamiento forzoso
La detención de los pastores tiene su origen en el proceso judicial seguido contra Kevin Lay Laureido Rojas, hijo del matrimonio. El joven enfrenta una petición fiscal de cuatro años de prisión por el presunto abandono de una unidad militar a la que fue ingresado de manera forzosa. Este reclutamiento se produjo a pesar de que el joven había sido declarado previamente no apto para el Servicio Militar Activo, el cual es de carácter obligatorio en la isla. Documentación médica presentada por sus padres acredita que Kevin Lay padece trastornos psiquiátricos y ortopédicos, lo que hace inviable y cruel su incorporación a las filas castrenses.
Durante la celebración del juicio, los pastores, en un acto legítimo de defensa familiar y moral, señalaron ante el tribunal que «se estaba cometiendo una injusticia frente a los hombres y frente a Dios». Según testigos presenciales citados por la activista Yaiset Rodríguez Fernández, el pastor Borjas Navarro confrontó directamente a la fiscalía, indicándole que actuaban con injusticia y que tarde o temprano tendrían que enfrentarse a la justicia divina.
La reacción de la dictadura cubana fue inmediata y desproporcionada. La Fiscalía citó un supuesto artículo legal alegando que en el tribunal militar no se podía hablar de Dios ni de su justicia, monopolizando la idea de justicia para el aparato represivo del Estado. Como consecuencia de esta exigencia de respeto a sus creencias, los jueces imputaron a los pastores los cargos de desacato y desobediencia. En un claro ejemplo de la severidad punitiva del régimen, la Fiscalía había solicitado para ellos una condena de ocho años de prisión.
Organizaciones internacionales alzan la voz
El encarcelamiento de los líderes religiosos no pasó desapercibido para la sociedad civil. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y la Alianza de Cristianos de Cuba (ACC) emitieron una nota conjunta condenando enérgicamente los hechos. Ambas organizaciones catalogaron el suceso como una nueva violación de la libertad religiosa en Cuba y un «ataque intolerable contra los derechos humanos». Además, hicieron un llamado de urgencia a las iglesias cristianas internacionales, a las ONG y a los gobiernos democráticos para que monitorearan y denunciaran la delicada situación de esta familia.
Contexto sistemático: Militarización forzada y crisis social
El caso de la familia Borjas Rojas no es un incidente aislado, sino el reflejo de la militarización profunda que sufre la sociedad cubana. El Servicio Militar Activo obligatorio es una herramienta histórica de control social utilizada por el régimen de La Habana. En medio de la peor crisis económica de las últimas décadas, marcada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y el colapso del sistema de salud, el reclutamiento forzoso de jóvenes con problemas de salud evidencia la insensibilidad y el carácter autoritario de las instituciones estatales.
Ante la falta de oportunidades y el deterioro de las condiciones de vida, cientos de miles de jóvenes han optado por el éxodo migratorio masivo, dejando al país sin su fuerza laboral y generacional. Los que permanecen en la isla son a menudo blanco de redadas y operativos de reclutamiento forzado, conocidos popularmente como «batidas», donde las autoridades de la isla ignoran padecimientos médicos o situaciones familiares vulnerables para cumplir con cuotas militares. La respuesta de la ciudadanía ante estos abusos ha sido de creciente rechazo, lo que a su vez ha derivado en una escalada de la represión por parte de la dictadura cubana.
Asimismo, la represión contra líderes religiosos se ha intensificado en los últimos años. Las iglesias que no se alinean con las directrices del Estado o que critican la gestión gubernamental sufren hostigamiento, decomiso de propiedades, multas y detenciones arbitrarias. La libertad de culto en Cuba está condicionada a la sumisión al poder político, y cualquier pronunciamiento que apela a valores morales superiores —como la justicia divina mencionada por el pastor Borjas— es percibido por el ejecutivo cubano como una amenaza directa a su hegemonía ideológica.
Perspectivas y consecuencias futuras
A pesar de la liberación de Luis Guillermo Borjas Navarro, la calma para esta familia es relativa. El juicio contra Kevin Lay Laureido Rojas está previsto para el próximo 9 de junio, fecha en la que el régimen podría ratificar la petición de cuatro años de cárcel contra el joven. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán mantener la vigilancia sobre este proceso, dado el historial de la justicia militar cubana de actuar bajo instrucciones políticas antes que bajo el imperio de la ley.
La liberación del pastor demuestra que la presión pública y la denuncia internacional aún pueden forzar retrocesos en las políticas represivas del gobierno cubano. Sin embargo, la amenaza latente de procesamiento por desacato y desobediencia sigue pesando sobre la familia. Este caso deja en evidencia que, en la Cuba actual, exigir justicia y apelar a la fe en un tribunal equivale a un acto de disidencia castigado con la severidad propia de una dictadura que teme cualquier atisbo de libertad de conciencia y expresión.
