El Tribunal Provincial Popular de La Habana mantiene en stand by el hábeas corpus presentado a favor del artivista Luis Manuel Otero Alcántara, a pesar de que su condena de cinco años expiró recientemente. La organización Cubalex denuncia que el régimen incumple sus propios plazos legales mientras mantiene al artista en paradero desconocido, evidenciando una estrategia de represión y exilio forzado.
Funcionarios judiciales han respondido de manera evasiva asegurando que aún no tienen respuesta sobre el recurso, ignorando el término legal obligatorio de 72 horas establecido por la Ley 143 del Proceso Penal. Esta norma exige que el tribunal ordene a las autoridades penitenciarias presentar al detenido y emitir un informe sobre los motivos de su privación de libertad, para posteriormente celebrar una audiencia y dictar un auto de excarcelación si no hay motivos legales para retenerlo. Sin embargo, el régimen de La Habana opera por encima de su propia legislación y de la Constitución, que en su artículo 96 ampara este procedimiento sumarísimo.
El paradero de Otero Alcántara permanece en el más estricto secreto desde que fue extraído de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, dos días antes del vencimiento de su sanción. La única comunicación registrada ocurrió bajo la estricta supervisión de la Seguridad del Estado, durante una llamada a la activista Anamely Ramos, donde se le interrogó sobre el estatus de un eventual *parole* hacia Estados Unidos. Desde la organización legal Cubalex advierten que esta demora judicial responde a una estrategia de la dictadura para forzar el exilio definitivo del artista, buscando declarar el hábeas corpus sin lugar alegando una supuesta salida voluntaria.
Obstrucción judicial y alerta internacional
La presentación del recurso legal también ha enfrentado una deliberada obstrucción burocrática por parte de las autoridades de la isla. Activistas intentaron entregar el documento en los tribunales, pero se encontraron con las instalaciones cerradas en pleno día laborable, forzando el uso de correos electrónicos y retrasando el proceso físico. Esta práctica se enmarca en el patrón habitual del gobierno cubano de utilizar el aparato judicial como herramienta de control político, vaciando de contenido cualquier garantía procesal cuando se trata de opositores. Ante esta grave situación, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó una acción urgente, exigiendo al Estado cubano que informe sobre la ubicación y situación jurídica del artivista en los próximos días.
La retención arbitraria de Otero Alcántara y la manipulación de los canales institucionales para condicionar su salida del país evidencian, una vez más, el nivel de vulnerabilidad de los activistas en Cuba frente al aparato represivo. La comunidad internacional, atenta a las demandas de los organismos de derechos humanos, deberá presionar para que cese esta práctica de desaparición forzada y exilio involuntario. El desenlace de este caso marcará un precedente sobre la impunidad con la que la dictadura cubana opera al margen de sus propias leyes para silenciar la disidencia.
