El manifestante del 11 de julio Alexis Borges Wilson, recluido en el centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este, fue confinado en una celda de aislamiento total durante dos semanas como represalia por exigir atención médica para una afección prostática. Las autoridades penitenciarias han justificado la negativa al traslado hospitalario argumentando la falta de combustible, evidenciando una vez más la política de crueldad institucional que la dictadura cubana aplica contra los presos políticos.
Borges Wilson, de 59 años y residente del reparto Santa Amalia en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, sufre de inflamación en la próstata, condición que le provoca severas molestias y dificultad para orinar. Según su propia denuncia desde el interior del penal, la última vez que recibió atención especializada fue en junio de 2024, cuando fue conducido a la consulta de Urología del Hospital Clínico Quirúrgico «Miguel Enríquez», conocido popularmente como La Benéfica. Desde entonces, su padecimiento ha sido ignorado por las autoridades de la isla.
El régimen de tratamiento médico establecido para el preso político contemplaba consultas periódicas que debieron realizarse en los meses de diciembre, marzo o abril, y mayo o junio. Sin embargo, ninguna de estas citas se ha cumplido. El actual director de la prisión ha negado de manera reiterada el traslado al centro hospitalario, esgrimiendo como principal argumento la aguda crisis energética y de transporte que atraviesa el país. «No hay combustible» es la frase con la que los uniformados han desestimado el derecho a la salud del recluso.
Ante la insistencia de Borges Wilson por recibir la atención que su estado de salud requiere, la respuesta del régimen de La Habana no fue médica, sino punitiva. El manifestante fue sometido a régimen de aislamiento en una celda oscura, sin luz natural ni acceso a agua potable, durante dos semanas, desde el 20 de junio hasta el 4 de julio. Esta medida de castigo evidencia el uso de la tortura física y psicológica como herramienta de sometimiento dentro del sistema carcelario cubano.
La negligencia médica también se extiende a los tratamientos alternativos. El facultativo había indicado el consumo de cocimiento de caisimón, una planta medicinal de uso tradicional en Cuba, pero ni siquiera esta alternativa ha sido suministrada por las autoridades del penal. En el mes de enero, un especialista visitó la prisión, pero su presencia resultó ser una mera simulación institucional; el galeno no examinó al paciente y se limitó a entregarle un suministro de 40 pastillas del antiinflamatorio Tamsulosina, medicamento que ya se ha agotado por completo.
Antecedentes de una represión implacable
La situación de Alexis Borges Wilson no es un hecho aislado, sino la continuación de un patrón de hostigamiento que comenzó en el momento de su detención. Como represalia por su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021, fue arrestado de manera violenta en la madrugada del día siguiente. Agentes de los órganos represivos allanaron ilegalmente su vivienda, rompiendo la puerta para acceder al interior y proceder a su captura.
Tras su arresto, el manifestante fue mantenido en prisión preventiva durante más de un mes en la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, un centro conocido por las condiciones infrahumanas y las amenazas constantes a los disidentes. El ejecutivo cubano, mediante su aparato judicial, lo acusó inicialmente de los delitos fabricados de desórdenes públicos y propagación de epidemias, este último utilizado de forma maliciosa en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Posteriormente, en un claro ejemplo de la falta de garantías procesales y de la arbitrariedad del sistema judicial, los cargos fueron sustituidos por el de sedición. La fiscalía solicitó una desproporcionada pena de 20 años de privación de libertad, y el tribunal finalmente lo condenó a 17 años de cárcel. Al momento de su detención, Borges Wilson trabajaba como reparador de fosforeras, tras haber desempeñado cargos administrativos en diversos centros laborales del Estado.
Contexto sistemico: La crisis como arma de control
El caso de Borges Wilson ilustra la intersección de dos de las crisis más profundas que sufre la nación: el colapso del sistema sanitario y la represión política. La escasez de combustible es una realidad innegable en la isla, consecuencia de la incapacidad del gobierno cubano para gestionar la economía, la deuda externa y la dependencia de aliados geopolíticos. Sin embargo, el régimen ha instrumentalizado esta deficiencia estructural para justificar la violación sistemática de los derechos humanos de los presos políticos, negándoles el acceso a servicios médicos básicos.
El sistema penitenciario en Cuba opera bajo un manto de opacidad que facilita la impunidad de los carceleros. Los presos del 11J han sido sometidos a un régimen de hostigamiento continuo que incluye traslados constantes, negación de visitas conyugales y familiares, decomiso de alimentos y medicinas enviadas por sus familiares, y aislamiento en celdas de castigo. Para la dictadura cubana, las prisiones de máximo rigor como Combinado del Este son extensiones del aparato represivo estatal, donde la anulación física y psicológica del disidente es el objetivo principal.
Paralelamente, el colapso del Sistema Nacional de Salud, otrorgado como un supuesto pilar del modelo social cubano, afecta a toda la población. La falta de medicamentos básicos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la migración masiva de profesionales de la salud han dejado al sistema en estado de postración. En este contexto, los presos políticos se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que la atención médica no depende de sus necesidades clínicas, sino de la voluntad punitiva de las autoridades carcelarias.
Implicaciones y panorama a futuro
La negación continua de atención médica a Alexis Borges Wilson pone en riesgo inminente su integridad física. Las afecciones prostáticas, si no son tratadas adecuadamente, pueden derivar en complicaciones severas que comprometan de manera irreversible la salud del paciente. La responsabilidad de cualquier daño irreversible que sufra el manifestante recae directamente sobre la cúpula militar y política que dirige el país, así como sobre los funcionarios del Ministerio del Interior que ejecutan estas políticas de crueldad.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen su foco de atención sobre la crisis carcelaria en Cuba. Sin embargo, la falta de mecanismos de exigibilidad y la diplomacia complaciente de algunos actores internacionales han permitido que el régimen de La Habana continúe operando sin rendir cuentas por sus abusos. La situación de los presos del 11J exige una condena más enérgica y medidas tangibles que presionen al gobierno cubano para garantizar el derecho a la vida y a la salud de los reclusos.
La historia reciente de Cuba demuestra que la represión no ha logrado apagar la inconformidad social, pero sí ha dejado un saldo trágico de vidas destrozadas y familias fracturadas. Mientras la dictadura cubana siga utilizando las celdas de castigo y la negligencia médica como métodos de disuasión política, la exigencia de amnistía y libertad para los presos del 11J continuará siendo el principal pendiente de justicia en la isla. El caso de Alexis Borges Wilson es un recordatorio crudo del costo humano que implica disentir en un sistema totalitario.
