La Seguridad del Estado interrogó durante aproximadamente una hora y media a Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, y a Yoandy Izquierdo, otro de los miembros principales de la organización. Las autoridades de la isla les prohibieron explícitamente asistir a la próxima recepción del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en un nuevo episodio de acoso y restricción de la libertad de movimiento contra la sociedad civil independiente.
El interrogatorio fue llevado a cabo por el Mayor Ernesto, oficial de la Seguridad del Estado, en las Oficinas de Inmigración y Extranjería de Pinar del Río. Según la denuncia emitida por el Centro de Estudios Convivencia a través de sus redes sociales, el cuestionamiento se centró fundamentalmente en el reciente viaje de ambos activistas a Estados Unidos, donde participaron en el X Encuentro de Estudios del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba, celebrado en la Universidad Internacional de la Florida.
El agente de la policía política cubana indagó con minuciosidad sobre detalles del evento académico. De acuerdo con el comunicado de la organización, el oficial preguntó por la cantidad de participantes, el clima del encuentro, la opinión sobre la calidad del mismo y su evaluación final. Posteriormente, la indagatoria se extendió hacia la participación de Valdés e Izquierdo en otros eventos públicos e independientes, evidenciando el nivel de vigilancia y control que el gobierno cubano ejerce sobre las actividades de la sociedad civil fuera de las fronteras nacionales.
Además del interrogatorio, la dictadura cubana impuso una prohibición directa a ambos activistas para que no asistan a la tradicional recepción del 4 de julio organizada por la misión diplomática estadounidense en La Habana. El Mayor Ernesto justificó esta medida coercitiva alegando «las acciones» del Encargado de Negocios de EE.UU., Mike Hammer, así como la actual «situación internacional», en una clara alusión a las tensiones diplomáticas y al rechazo del régimen hacia la labor del diplomático en defensa de los derechos humanos.
El oficial de la Seguridad del Estado también aprovechó la citación para emitir amenazas veladas contra la integridad y la libertad de los activistas. Según relataron, el agente transmitió la prohibición como un supuesto mecanismo para evitar «acciones en la carretera», haciendo alusión a un incidente ocurrido en vísperas del 1 de mayo de 2024, cuando Valdés e Izquierdo fueron objeto de hostigamiento mientras regresaban de un evento de la Iglesia católica. De esta forma, la dictadura no solo perpetúa el acoso sistemático contra el Centro de Estudios Convivencia, sino que regula de facto la libertad de movimiento de sus miembros.
Hostigamiento sistemático y tensión diplomática
La medida represiva contra Valdés e Izquierdo se inscribe en una escalada de ataques que el régimen de La Habana ha mantenido en las últimas semanas contra el Encargado de Negocios de Estados Unidos, Mike Hammer. La diplomacia oficial cubana ha calificado repetidamente de «ingerencista» la conducta del representante estadounidense, quien ha sostenido encuentros con familiares de presos políticos, activistas y miembros de la sociedad civil independiente, en cumplimiento de su mandato de promover la democracia y los derechos fundamentales en la isla.
Antecedentes de censura y acoso policial
El acoso contra Dagoberto Valdés, una figura histórica de la resistencia cívica en la provincia de Pinar del Río, no es un hecho aislado, sino una práctica sostenida en el tiempo. En marzo de 2023, el educador cívico fue citado al Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río, donde recibió una advertencia oficial. En aquella ocasión, el pretexto de la Seguridad del Estado fue la supuesta organización de unas sesiones informativas por parte del periodista danés Øjvind Kyrø, quien había entrevistado a Valdés hace más de 15 años para la revista Vitral y recientemente había visitado su domicilio.
Asimismo, existe un patrón documentado de veto a la participación de activistas en eventos diplomáticos. En junio de 2022, Valdés denunció públicamente que la policía política le había prohibido asistir a otra recepción ofrecida por el Encargado de Negocios de Estados Unidos en La Habana. En esa oportunidad, el líder de Convivencia alertó sobre el incremento de la represión y el cerco policial sobre su persona y su organización, una dinámica de control que se mantiene y se profundiza en la actualidad.
Contexto: Represión en medio del colapso estructural
El ataque contra el Centro de Estudios Convivencia y la restricción de sus libertades fundamentales ocurre en un momento de profunda crisis estructural en Cuba. Mientras la ciudadanía enfrenta una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y colapsos sistemáticos en los servicios públicos como el sistema eléctrico y el sector salud, las autoridades de la isla priorizan el aparato represivo. La inversión de recursos estatales en vigilar, interrogar y amenazar a pensadores cívicos contrasta de manera alarmante con la incapacidad del ejecutivo cubano para resolver las necesidades básicas de la población.
Este escenario de crisis multidimensional ha provocado un éxodo migratorio sin precedentes, dejando a la isla despoblada de su fuerza laboral y de sus jóvenes. En este contexto de fractura social, el régimen de La Habana percibe cualquier espacio de pensamiento independiente, por más reducido que sea, como una amenaza directa a su hegemonía. Organizaciones como Convivencia, dedicadas a la educación cívica y a la propuesta de soluciones desde la base, son vistas como objetivos prioritarios para el aniquilamiento ideológico, dado que ofrecen alternativas al discurso oficial y evidencian el fracaso del modelo impuesto.
Implicaciones y consecuencias a futuro
La prohibición de asistir a la embajada estadounidense y las amenazas de «acciones en la carretera» representan un grave retroceso para los ya mermados espacios de diálogo en Cuba. Esta política de aislamiento busca desconectar a la sociedad civil cubana de la comunidad internacional y de cualquier red de apoyo que pueda fortalecer su labor. Al vetar la interacción con diplomáticos extranjeros, la dictadura cubana intenta blindar su frente interno frente a cualquier escrutinio o respaldo externo a los defensores de derechos humanos.
De cara al futuro, la persistencia de estas tácticas intimidatorias sugiere que el gobierno cubano endurecerá su postura frente a la sociedad civil y las misiones diplomáticas que interactúan con ella. La comunidad internacional, particularmente las democracias occidentales y los organismos de derechos humanos, deberán prestar atención a este cerco asfixiante. La estabilidad del régimen se sostiene cada vez más en el miedo y la restricción de la movilidad, lo que augura un periodo de mayor tensión diplomática y de profundización de la vulnerabilidad de los activistas que, desde la isla, continúan apostando por un cambio pacífico y democrático.
