El economista cubano Pedro Monreal cuestionó severamente la estructura corporativa y la gestión del monopolio estatal de telecomunicaciones ETECSA, y propuso su división en al menos dos empresas independientes como vía para garantizar un servicio más eficiente, equitativo y accesible para la población, en medio del rechazo ciudadano generado por el reciente aumento tarifario que privilegia el pago en dólares frente al peso cubano.
En una serie de publicaciones en la red social X, Monreal —uno de los analistas económicos más seguidos dentro y fuera de la isla— llamó a repensar el modelo actual de telecomunicaciones ante lo que calificó como una «ventana de oportunidad» abierta por el descontento social que ha generado el nuevo esquema tarifario impuesto por las autoridades de la isla desde el pasado 30 de mayo. La medida limita a una sola recarga mensual en pesos cubanos (CUP) por un monto máximo de 360 pesos, mientras promueve simultáneamente ofertas en dólares estadounidenses, profundizando la dolarización de un servicio básico y excluyendo a la mayoría de la población que no tiene acceso a divisas.
«Una de las principales lecciones del tarifazo de comunicaciones en Cuba es la conveniencia de fraccionar ETECSA porque la incompetente gestión de esa gran empresa verticalmente integrada subordina la equidad del servicio público al estrecho lucro corporativo», afirmó el especialista, en un diagnóstico que apunta directamente a la raíz del problema: la concentración monopolica de un servicio esencial en manos de una única entidad sin competencia ni control ciudadano efectivo.
Monreal fue particularmente crítico con la opacidad que rodea a ETECSA como entidad empresarial. Según el economista, no existe justificación clara de por qué una empresa que controla un servicio básico —el acceso a las comunicaciones— opera como sociedad anónima (S.A.), con participación de otras entidades similares que no rinden cuentas públicamente ante la ciudadanía. «No parece existir una explicación convincente acerca de por qué ETECSA funciona con la estructura corporativa de una sociedad anónima cuyos accionistas son otras S.A., en alto grado del tipo de sociedades patrimoniales», escribió, cuestionando un modelo que combina control estatal absoluto con opacidad corporativa.
Propuesta concreta: separar servicios de infraestructura
El analista propuso medidas específicas para reformar el sector de las telecomunicaciones en la isla. Entre ellas, destacan la división de ETECSA en varias entidades estatales auditables de forma independiente, la apertura a la competencia de actores nacionales e internacionales, y el establecimiento de una regulación tarifaria basada en el principio del acceso asequible para toda la población, no en el lucro corporativo de una entidad que opera sin rivales.
«Un primer paso pudiera ser separar ETECSA en dos empresas: una de servicios (concentrada en servicio a clientes y marketing) y otra empresa de redes (gestión y optimización de infraestructura de redes)», sugirió Monreal. Esta separación funcional, explicó, permitiría superar lo que calificó como el «ineficaz gigantismo vertical» de la actual estructura, generando empresas que se enfoquen en sus competencias centrales y mejoren la eficiencia, la calidad y la equidad del servicio prestado a la población cubana.
El economista también denunció lo que consideró una gestión marcada por la «impunidad» y el «fraude» dilatado, así como la imprudente rentabilización de los servicios dolarizados para compensar la ineptitud gerencial, cargando el costo del supuesto «salvamento» financiero de la empresa sobre los ciudadanos comunes. «Desdibujan las supuestas ‘ventajas’ de tal monopolio», sentenció, en referencia a la narrativa oficial que sostiene que la concentración estatal garantiza universalidad del servicio —premisa que la realidad cotidiana de los cubanos se encarga de desmentir.
El tarifazo y la respuesta ciudadana
Las declaraciones de Monreal se producen en un contexto de creciente descontento popular que ha trascendido las quejas individuales para convertirse en una movilización social con pocos precedentes en los últimos años. El nuevo esquema tarifario, vigente desde el 30 de mayo, ha afectado de manera especialmente severa a los usuarios sin acceso a divisas —es decir, a la inmensa mayoría de la población cubana que depende exclusivamente de sus ingresos en pesos cubanos— y ha provocado protestas lideradas inicialmente por estudiantes universitarios en varias provincias del país.
A las manifestaciones estudiantiles se sumaron llamados a un «parón total de recargas», una forma de boicot ciudadano que invitaba a los usuarios a abstenerse de comprar datos y servicios telefónicos durante un período determinado como medida de presión contra la empresa. La iniciativa, ampliamente difundida en redes sociales, representó una de las primeras respuestas coordinadas de consumidores contra una decisión del régimen de La Habana en el ámbito de los servicios públicos, en un país donde la protesta organizada enfrenta sistemáticamente la represión estatal.
El gobierno cubano, a través de funcionarios de ETECSA y del Ministerio de Comunicaciones, ha intentado justificar el aumento tarifario argumentando la necesidad de «racionalizar» el consumo de datos y garantizar la sostenibilidad de la red. Sin embargo, estos argumentos han sido rechazados de plano por usuarios y especialistas, quienes señalan que la verdadera causa de la crisis del sector radica en la ineficiencia estructural del monopolio, la falta de inversión, el envejecimiento de la infraestructura y la prioridad otorgada a los ingresos en divisas sobre el servicio público en moneda nacional.
Contexto: la dolarización forzada de la vida cotidiana
El conflicto en torno a ETECSA no es un fenómeno aislado, sino una manifestación más de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba desde hace décadas y que se ha agudizado de forma dramática en los últimos años. La dolarización de servicios básicos —telecomunicaciones, combustible, electricidad, productos de primera necesidad— se ha convertido en una herramienta sistemática del régimen de La Habana para captar divisas sin tener que reformar el modelo económico centralizado que mantiene en la pobreza a la mayor parte de la población.
Con salarios promedio que rondan los 4.000 pesos cubanos mensuales —equivalentes a menos de 15 dólares al cambio del mercado informal—, el acceso a servicios dolarizados se ha convertido en un lujo inalcanzable para la mayoría de los cubanos. La medida de ETECSA de limitar las recargas en CUP y promover paquetes en dólares reproduce el mismo patrón de exclusión que ya aplican las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), las gasolineras con cobro en divisas y otros esquemas que segmentan a la sociedad entre quienes reciben remesas del exterior y quienes sobreviven con ingresos estatales.
Este modelo de dolarización asimétrica ha profundizado las desigualdades sociales en una sociedad que oficialmente se proclama igualitaria, mientras alimenta el éxodo migratorio que ha llevado a cientos de miles de cubanos a abandonar la isla en los últimos años. La imposibilidad de acceder a servicios básicos —incluida la conectividad, esencial para la comunicación con familiares emigrados, el acceso a información independiente y la gestión de trámites— se suma a una larga lista de frustraciones que empujan a la ciudadanía hacia la decisión de partir.
Antecedentes del monopolio y su opacidad
ETECSA fue creada en 1994 a partir de la fusión de varias empresas estatales de telecomunicaciones y ha mantenido desde entonces el monopolio absoluto del servicio telefónico y de internet en Cuba. En 2003, el gobierno cubano vendió el 27% de las acciones a una empresa mixta con capital italiano (Telecom Italia), pero posteriormente recompró esas participaciones, devolviendo a la entidad su carácter de monopolio totalmente estatal, aunque bajo la figura jurídica de sociedad anónima que Monreal ahora cuestiona.
La expansión de la conectividad en la isla ha sido lenta y controlada. El acceso a internet móvil no llegó hasta diciembre de 2018, años después que en la mayoría de los países de la región. Los puntos de conexión wifi públicos, habilitados a partir de 2015, representaron un avance relativo pero con tarifas prohibitivas para gran parte de la población. La introducción del paquete semanal —una compilación informal de contenido audiovisual distribuida por redes alternativas— surgió precisamente como respuesta ciudadana a las limitaciones de acceso a internet y al costo elevado de los datos oficiales.
La estructura accionarial de ETECSA, como señala Monreal, responde a un patrón habitual del ejecutivo cubano: la creación de sociedades anónimas controladas por entidades del Estado que operan con opacidad financiera, sin rendición de cuentas pública y sin auditorías independientes que permitan verificar el uso de los recursos. Este modelo se replica en otros sectores estratégicos como el turismo, el comercio exterior y la energía, donde empresas nominadas como S.A. funcionan en realidad como brazos operativos del poder sin control ciudadano alguno.
Consecuencias y proyección
Monreal concluyó su análisis con un llamado a ampliar el enfoque del debate más allá de los precios, que consideró «efecto y no causa» del problema. «Esta nota solamente intenta estimular la reflexión dando un paso más allá de las tarifas. Siempre existe más de una opción», afirmó, en una invitación implícita a pensar en alternativas al modelo centralizado que la dictadura cubana ha impuesto durante más de seis décadas como única vía posible de organización económica.
La propuesta de fragmentación de ETECSA, aunque técnica en su formulación, plantea un desafío político de fondo: cuestiona el principio mismo del monopolio estatal como forma de organización de los servicios públicos en Cuba. En un sistema donde el control de las telecomunicaciones es también un instrumento de vigilancia y censura —el acceso a internet está sujeto a filtrado, bloqueo de sitios y monitoreo de actividades—, cualquier apertura a la competencia o reestructuración del sector choca directamente con los intereses del poder, que privilegia el control político sobre la eficiencia económica y los derechos ciudadanos.
La respuesta del gobierno cubano a la protesta social generada por el tarifazo ha sido hasta ahora una combinación de contención represiva, con presencia policial en puntos de movilización estudiantil, y concesiones mínimas que no alteran el esquema esencial de dolarización del servicio. La propuesta de Monreal, al situar el debate en el terreno de la estructura del monopolio y su opacidad, ofrece a la sociedad civil un marco analítico que trasciende la queja inmediata y apunta a una de las causas profundas de la disfuncionalidad económica del país: la concentración absoluta de poder en manos de un Estado que no rinde cuentas y que opera sus empresas como feudos corporativos al servicio de su propia sostenibilidad financiera, no del bienestar de la población.
