La incapacidad del régimen de La Habana para garantizar la liquidez monetaria ha transformado la simple acción de cobrar una pensión o vender una vivienda en un calvario burocrático y físico. Los bancos y cajeros automáticos de la isla operan en un estado de parálisis permanente, evidenciando el fracaso del modelo económico impuesto por el gobierno cubano y profundizando el empobrecimiento de la población.
El caso de Elsa, residente en La Habana, ilustra con crudeza la descomposición del sistema financiero nacional. Tras más de una semana de gestiones infructuosas, esta mujer logró cobrar la pensión de su esposo, quien se recupera de chikungunya. Su periplo comenzó en una sucursal del Banco Metropolitano ubicada en la avenida Dolores entre 18 y 19, donde le informaron que el pago en ventanilla requería un poder legal, obligándola a utilizar un cajero automático. Sin embargo, los equipos de esa sucursal llevaban meses fuera de servicio, forzándola a desplazarse hasta la calzada de Diez de Octubre.
Lo que siguió fue una secuencia de fracasos institucionales. El martes, tras casi una hora de cola, un apagón generalizado suspendió las operaciones. El miércoles y el jueves, los cajeros no habían sido abastecidos por la escasez crónica de billetes. El viernes, aunque existía efectivo, la ausencia del empleado autorizado para reponer las máquinas impidió nuevamente el retiro. Elsa solo pudo acceder a su dinero el lunes siguiente, tras acumular gastos innecesarios en transportación y sufrir un desgaste físico evidente, una realidad que se replica en miles de hogares cubanos.
El estrangulamiento financiero y el mercado inmobiliario
La asfixia económica no respeta ni siquiera las transacciones de mayor envergadura. En el marco de la compraventa de viviendas, la ley obliga al comprador a depositar el dinero en el banco, entidad que emite un cheque gerencial a nombre del vendedor. No obstante, ante la crisis de liquidez, las sucursales se niegan a entregar el monto completo reflejado en el documento. Los ciudadanos se ven obligados a retornar día tras día para retirar montos que rara vez superan los 5 000 pesos diarios, una cifra que, en el contexto de la inflación galopante que sufre la isla, resulta insuficiente para cubrir las necesidades más básicas.
Este colapso operativo obliga a la población a desplazamientos absurdos. En zonas como Lawton, en la capital, la inoperatividad de los cajeros automáticos fuerza a los residentes —en su mayoría adultos mayores— a caminar largas distancias o pagar taxis privados hacia otros puntos de los municipios Diez de Octubre, Luyanó o Virgen del Camino. A este sacrificio físico se suman las largas madrugadas pasadas frente a las sucursales, bajo la incertidumbre de si habrá efectivo o si el sistema de red soportará la carga de usuarios. Todo esto ocurre en un escenario donde el transporte público prácticamente ha desaparecido, otro de los servicios públicos entregados a la ineficiencia del Estado.
La ficción del pago digital frente al colapso infraestructural
Ante la imposibilidad de suministrar efectivo, las autoridades de la isla han insistido en promover el uso de pagos electrónicos y transferencias bancarias. Sin embargo, esta política demuestra el desapego del ejecutivo cubano con respecto a la realidad material del país. El efectivo sigue siendo indispensable para la supervivencia cotidiana, ya que numerosos trabajadores por cuenta privada solo aceptan una fracción del pago de forma digital y exigen el resto en billetes.
Además, la digitalización choca de frente con la falta de preparación tecnológica de la población. Un elevado porcentaje de adultos mayores no posee teléfonos inteligentes, no tiene acceso a redes de internet o carece de las habilidades para manejar aplicaciones bancarias. A esta brecha digital se suman los constantes errores técnicos de las plataformas estatales, la inestabilidad crónica del servicio de telecomunicaciones y los apagones prolongados, factores que hacen inviable cualquier transacción electrónica y generan una profunda desconfianza ciudadana hacia un sistema bancario que actúa más como un retenedor de fondos que como un facilitador.
Contexto: Una economía centralizada al borde del abismo
El descalabro bancario no es un evento aislado, sino un síntoma más de la crisis estructural que atraviesa Cuba. La falta de liquidez está directamente vinculada a la política monetaria fallida conocida como la «Tarea Ordenamiento», que devaluó el peso cubano sin respaldo productivo, disparó la inflación a niveles hiperinflacionarios destruyendo el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones. El gobierno cubano imprime dinero sin valor para cubrir déficits fiscales, mientras las reservas de divisas se agotan, impidiendo el funcionamiento normal de cualquier economía.
La incapacidad de los bancos para dispensar efectivo se agrava por el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Los apagones, que en algunas provincias superan las 18 horas diarias, dejan inoperativos los cajeros automáticos y los sistemas informáticos de las sucursales. La falta de mantenimiento de la infraestructura tecnológica, sumada a la carencia de piezas de repuesto debido al control estatal sobre las importaciones, garantiza que el sistema financiero permanezca en un estado de fragilidad permanente.
Antecedentes y represión económica
Históricamente, el sistema bancario en Cuba ha funcionado como un instrumento de control político y social más que como un servicio a la ciudadanía. La concentración absoluta del poder económico en manos del Estado impidió el desarrollo de un sector financiero competitivo y eficiente. Esta centralización dogmática es la raíz de la inoperancia actual: sin incentivos ni rendición de cuentas, la burocracia estatal ha llevado al sector a la ruina operativa.
En la práctica, esta retención del dinero de los ciudadanos opera como una forma de represión económica silenciosa ejercida por la dictadura cubana. Al impedir que las personas accedan a sus propios recursos, el régimen ejerce un control absoluto sobre la vida diaria, limitando la capacidad de la población para organizarse, emprender o simplemente sobrevivir sin depender de las asignaciones estatales. Esta asfixia económica es uno de los motores principales del éxodo migratorio masivo que ha despoblado barrios enteros y ha dejado a un país envejecido enfrentando solo las consecuencias de décadas de mala gestión.
Consecuencias y panorama futuro
Por el momento, no existen indicios de que el régimen de La Habana tenga una estrategia real para resolver la crisis de liquidez. Las declaraciones oficiales se limitan a culpar al bloqueo estadounidense o a la «indisciplina social», evadiendo cualquier asunción de responsabilidad por el fracaso de su modelo. Mientras tanto, la población continúa sufriendo el deterioro acelerado de sus condiciones de vida, atrapada entre la inflación, la escasez de alimentos y la imposibilidad de acceder a su propio dinero.
El colapso bancario augura un escenario de mayor inestabilidad social. La acumulación de frustración en las colas de los cajeros automáticos es un caldo de cultivo para la protesta espontánea, algo que la dictadura intenta neutralizar con la amenaza constante de la represión policial. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a este componente económico de la crisis cubana, comprendiendo que la negación del acceso a los recursos financieros propios es una violación flagrante de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la isla.
