El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que las empresas del sector no estatal que superen los límites de consumo eléctrico serán cerradas, incluso si tienen la capacidad de asumir el costo financiero. La medida, anunciada durante un encuentro de trabajo en la capital, profundiza las restricciones sobre el sector privado en medio de una aguda crisis energética y económica que asola a la isla.
Durante la reunión, el ejecutivo cubano enfatizó en la necesidad de inspeccionar y controlar el gasto de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). \»No se puede permitir el derroche, aunque puedan pagar la electricidad. El lugar que incumpla su plan se cierra\», sentenció Díaz-Canel, quien también instó a priorizar la distribución de energía, el abasto de agua y la recogida de desechos sólidos en la capital. La orden de paralización forzosa se aplica en un contexto de apagones prolongados y déficit estructural de generación que afecta a toda la población.
Asfixia regulatoria y estancamiento del sector privado
El anuncio se produce en un escenario de elevada fragilidad para el tejido empresarial cubano. Según un informe del Cuba Study Group, el Estado trata al sector privado independiente como un \»mal necesario\» y le impone un \»techo de cristal\» que limita su expansión. El economista Ricardo Torres Pérez, autor del estudio, sostiene que la incertidumbre domina el panorama porque la economía está ahogada por regulaciones de un régimen que no está comprometido con la libre empresa. Aunque en dos años se registraron más de 10.000 mipymes, responsables de cerca del 30% del empleo, su capacidad de crecimiento se ve sistemáticamente frenada.
Las tensiones regulatorias y macroeconómicas ya habían comenzado a reflejarse en los datos oficiales. Por primera vez desde su legalización en 2021, el número de mipymes privadas experimentó una contracción trimestral del 2,35%. A esto se sumó una resolución del Ministerio de Economía y Planificación que prohibió a estas empresas ejercer el comercio mayorista, obligándolas a operar bajo la mediación estatal y cancelando licencias previamente otorgadas. El economista Pedro Monreal advirtió que este descenso refleja tanto la estanflación como problemas estructurales de largo plazo, señalando una agudización del déficit de oferta, con caídas en todas las provincias y un impacto severo en la industria, el turismo y el comercio debido a la crisis energética y la falta de insumos.
La amenaza de clausurar negocios por consumo eléctrico, independientemente de su solvencia, confirma la política de control absoluto que la dictadura cubana ejerce sobre la actividad económica. Mientras el colapso del sistema energético nacional se agrava por la falta de inversión y el abandono de la infraestructura, las autoridades de la isla optan por penalizar a los actores productivos en lugar de abordar las causas profundas de la crisis. Esta dinámica no solo ahoga cualquier intento de desarrollo independiente, sino que augura un mayor deterioro del mercado interno y un incremento de la precariedad laboral para miles de ciudadanos que dependen del sector no estatal para su subsistencia.
