La promesa constitucional de una salud gratuita y universal se ha convertido en una quimera para la mayoría de los cubanos. Una investigación exhaustiva revela que el Sistema Nacional de Salud (SNS) opera hoy bajo una lógica de mercado informal, donde la corrupción, los sobornos en dólares y el amiguismo determinan quién recibe atención médica y quién queda abandonado a su suerte, exponiendo el fracaso de las políticas públicas del régimen de La Habana.
El artículo 72 de la Constitución de la República establece que la salud pública es un derecho fundamental y asigna al Estado la responsabilidad de garantizar su acceso, gratuidad y calidad. Sin embargo, la realidad en los pasillos de los hospitales de la isla cuenta una historia diametralmente opuesta. Lo que alguna vez fue presentado como el mayor logro social de la revolución muestra hoy un deterioro estructural profundo, marcado por la escasez de recursos, la precariedad salarial y un éxodo masivo de profesionales que ha dejado al sistema al borde del colapso.
Los testimonios de la ciudadanía evidencian la gravedad de la crisis. Alexis Domínguez, un habanero de 45 años diagnosticado con dos cálculos renales a finales de 2024, experimentó en carne propia el abandono del sistema. Tras ser advertido en el Hospital «Miguel Enríquez» de la urgencia de una cirugía para extraer un cálculo de nueve milímetros que le comprimía la uretra, se enfrentó a la falta de recursos materiales para realizar la intervención por mínimo acceso. Al ser derivado al Hospital «Hermanos Ameijeiras», el camino no fue más fácil. Un funcionario de ese centro le exigió 150 dólares estadounidenses solo para ponerlo en contacto con la cirujana. «En ese hospital todo se mueve con dinero. Eso ahí es una mafia», relató Domínguez, quien además denunció que el alquiler de una cama para ingreso ronda entre los 150 y 200 dólares en el mercado negro.
Las consecuencias de esta privatización de facto pueden ser fatales. A principios de diciembre de 2024, el tío abuelo de Wilfredo Castellanos murió de un infarto en su propia vivienda mientras la familia intentaba reunir 5.000 pesos cubanos (unos 13 dólares al cambio informal) que un ambulancista exigió para acudir a la emergencia. La familia, compuesta en su mayoría por jubilados y trabajadores estatales, no disponía de esa cantidad en efectivo. La tragedia se reviste de una amarga ironía: el anciano y su hermana, a quien se le ocultaron los detalles de la muerte para evitarle el dolor, fueron combatientes en la Sierra Maestra. «Fueron gente que luchó por este país», explicó Castellanos, ilustrando cómo la dictadura cubana ha traicionado incluso a quienes sostuvieron sus cimientos.
La corrupción ha dejado de ser una excepción para convertirse en una regla no escrita que condiciona el acceso a la salud. Los pacientes se ven obligados a adquirir en el mercado informal insumos básicos como guantes, apósitos, sueros, jeringuillas y agujas, muchos de los cuales son desviados del propio sistema público. Esta situación se agrava ante el faltante de más del 50% del cuadro básico de medicamentos en las farmacias estatales, lo que impulsa un mercado negro paralelo donde los precios son inalcanzables para el ciudadano de a pie.
Una encuesta realizada por Cubadata a 2.141 personas a principios de 2025 ofrece una radiografía demoledora de esta realidad. El 80,1% de los encuestados declaró haber necesitado atención médica en el último año, pero solo el 9,2% pudo acceder siempre a los servicios requeridos. Más de la mitad, el 54,6%, fue atendida solo algunas veces, y un 13% nunca logró acceder a la atención médica. Estos números traducen el dolor de miles de cubanos que enfrentan puertas cerradas por no disponer de dinero, contactos privilegiados o favores que entregar.
La barrera económica es insalvable en un país donde el discurso oficial insiste en la gratuidad. El 74,3% de quienes necesitaron atención médica tuvo que pagar por servicios o medicamentos que, en teoría, son gratuitos. Además, el 78% admitió haber recurrido a contactos personales para conseguir desde una consulta hasta un diagnóstico. La normalización de estas prácticas es alarmante: el 56,9% reconoce que pagar o usar contactos es una práctica que realiza siempre o con frecuencia, mientras que el 82,4% considera que la corrupción en el sector salud está «muy extendida» o «extendida» en todo el territorio nacional.
Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la corrupción en el sector salud en Cuba corrobora que estas transacciones informales se han naturalizado. Muchos pacientes no perciben estos pagos como un soborno, sino como el único mecanismo viable para recibir atención. Esta imposición de tarifas ilegales en un servicio público limita drásticamente el acceso a los sectores más vulnerables. De hecho, el 52,2% de los encuestados por Cubadata afirmó haber renunciado a buscar atención médica debido a estos pagos ilegales, y el 45% declaró que el intento de acceder a la salud ha afectado significativamente su ya precaria economía doméstica.
Contexto: Crisis estructural y éxodo médico
El colapso del sistema sanitario no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la profunda crisis económica y estructural que atraviesa la isla. La inflación galopante, la devaluación del salario real y la escasez crónica de combustible y recursos han asfixiado al sector. A esto se suma el masivo éxodo migratorio de profesionales de la salud, quienes han abandonado el país en busca de mejores condiciones de vida, huyendo de salarios que no cubren ni las necesidades básicas de alimentación. El gobierno cubano ha priorizado históricamente la exportación de servicios médicos como fuente de divisas, vaciando en la práctica los hospitales locales y dejando a la población desprotegida.
Las condiciones infraestructurales de los centros hospitalarios son otra prueba del abandono institucional. Los apagones recurrentes, la falta de mantenimiento de los equipos médicos y la ausencia de sistemas de higiene adecuados han convertido a los hospitales en lugares hostiles. La incapacidad de las autoridades de la isla para garantizar un entorno mínimo para la atención médica ha propiciado el ecosistema perfecto para la corrupción, donde el personal sanitario, sometido a una precariedad extrema, encuentra en los sobornos un mecanismo de supervivencia económica.
Antecedentes de un desmantelamiento progresivo
Históricamente, el SNS fue erigido como el pilar de legitimidad del régimen. Durante décadas, el discurso oficial vendió al mundo la imagen de una «potencia médica», silenciando las deficiencias internas. Sin embargo, la caída del bloque soviético en los años noventa y la consecuente crisis del Periodo Especial marcaron el inicio del deterioro. Aunque el sistema logró mantenerse a flote durante algunos años, la falta de inversiones sostenidas y la ineficiencia del modelo económico centralizado fueron minando sus cimientos.
En las últimas dos décadas, la introducción de la doble moneda y la apertura a remesas y turismo crearon una brecha de desigualdad insalvable. Los profesionales de la salud, que percibían sus salarios en moneda nacional de escaso valor, comenzaron a depender de propinas y regalos por parte de los pacientes para subsistir. Lo que comenzó como una muestra de gratitud se transformó, ante la agudización de la crisis y la inflación, en una exigencia coercitiva. El Estado, al no garantizar las condiciones materiales para el trabajo, toleró y fomentó implícitamente este mercado negro que hoy subyace bajo el frágil andamiaje del sistema sanitario.
La transformación de la salud de un derecho universal a un bien de mercado representa una de las mayores derrotas políticas y sociales del ejecutivo cubano. Mientras la propaganda oficial sigue mostrando una fachada de equidad, los cubanos mueren en sus casas por no poder pagar una ambulancia o se endeudan en dólares para acceder a una cirugía que la Constitución garantiza como gratuita. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben dirigir su mirada hacia este deterioro sistemático, donde la falta de libertades y la ineficiencia del Estado se cobran vidas de manera silenciosa pero implacable. En la Cuba de hoy, enfermar es quedarse solo frente a una dictadura que exige dinero, influencias o suerte para sobrevivir.
