El régimen de La Habana modificó este miércoles su cuestionada «Lista nacional de personas y entidades buscadas por vínculos con el terrorismo» mediante la Resolución 13/2025, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 34. El documento suma a cinco nuevos individuos y al Partido Republicano de Cuba, mientras elimina a cuatro personas, consolidando una herramienta que la dictadura cubana utiliza para criminalizar a opositores, exiliados y organizaciones disidentes bajo el amparo de supuestas normativas antiterroristas internacionales.
La actualización del listado, que en su versión original de diciembre de 2023 contaba con 61 nombres, arroja ahora un total de 62 individuos perseguidos y 20 organizaciones señaladas. La nueva resolución, emitida por el Ministerio del Interior (MININT), ratifica la narrativa oficial de que estas personas están sometidas a investigaciones penales por su presunta implicación en la «promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos de terrorismo». Sin embargo, las autoridades de la isla omiten detallar las causas específicas de las nuevas inclusiones y exclusiones, manteniendo un hermetismo que impide cualquier escrutinio judicial o público.
La criminalización de la disidencia política
El aspecto más revelador de esta actualización es la incorporación del Partido Republicano de Cuba como nueva entidad acusada. Esta agrupación se suma a un inventario que ya incluía a organizaciones históricas del exilio como Alpha-66, la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Hermanos al Rescate, Asamblea de la Resistencia y Cuba Primero. La inclusión de un partido político con vocación democrática y civilista refuerza la tesis sostenida por organizaciones de derechos humanos y medios independientes: la lista es un mecanismo de persecución política disfrazado de lucha antiterrorista.
Desde su publicación inicial, el listado ha sido objeto de un severo cuestionamiento internacional. En él figuran prominentes comunicadores, activistas e influenciadores radicados en el exterior, tales como Alexander Otaola, Eliecer Ávila, Liu Santiesteban, Alain Lambert (Paparazzi Cubano) y Jorge Ramón Batista (Ultrack). La dictadura cubana asegura poseer «elementos probatorios debidamente documentados», pero a casi dos años de la primera publicación, no se ha presentado evidencia judicial pública ni se ha permitido el acceso a los expedientes invocados, lo que constituye una clara violación de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa.
Un escudo diplomático para la represión interna
Para justificar esta herramienta de control, el gobierno cubano invoca el cumplimiento de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, así como el Código Penal cubano (Ley 151) y el Decreto-Ley 317 sobre prevención del terrorismo. Según reportes de medios oficiales, el ejecutivo cubano entregó una copia de la lista actualizada al secretario general de la ONU. En una conferencia de prensa, los funcionarios del régimen denunciaron la supuesta inacción de las autoridades estadounidenses, acusando al secretario de Estado Marco Rubio de «silenciar» un mecanismo bilateral de cooperación, lo cual, a su juicio, obstaculiza la colaboración efectiva entre ambos países.
Esta estrategia de internacionalizar la represión no es nueva. En enero de 2024, trascendió que el régimen de La Habana había entregado a la Policía Internacional (Interpol) su «Lista Nacional de Terroristas», buscando que organismos multilaterales validaran sus acusaciones contra disidentes. Este movimiento representa un intento descarado de utilizar a agencias de seguridad internacionales para acorralar a figuras que, desde el exterior, ejercen su legítimo derecho a denunciar las violaciones de derechos humanos y la falta de libertades en la isla.
El contexto de crisis y asfixia social en la isla
La actualización de este listado no ocurre en el vacío, sino en medio de una de las peores crisis estructurales que ha enfrentado Cuba en décadas. La economía del país se encuentra en estado crítico, con una inflación galopante que ha destruido el poder adquisitivo de los salarios, un desabastecimiento crónico de productos básicos y un colapso generalizado de los servicios públicos, particularmente en los sectores de salud y energía. Ante la incapacidad manifiesta de ofrecer soluciones a la supervivencia material de los ciudadanos, el gobierno cubano recurre a la represión y al discurso punitivo como principal herramienta de contención social.
El incremento de la persecución política y la criminalización del exilio funcionan como una válvula de escape para desviar la atención de los fracasos gubernamentales. La isla experimenta un éxodo migratorio sin precedentes, con cientos de miles de cubanos huyendo hacia Estados Unidos y otras naciones ante la falta de oportunidades y el asfixiante control estatal. La dictadura cubana responde a este vaciamiento demográfico y al descontento social generalizado endureciendo su retórica, etiquetando a quienes abandonan el país y se manifiestan como «terroristas», en un claro intento de deslegitimar la protesta civil.
El marco legal que ampara estas listas, específicamente el Código Penal aprobado mediante la Ley 151, ha sido ampliamente criticado por juristas y organismos internacionales por su ambigüedad y por tipificar delitos de opinión bajo figuras como «sedición» o «propaganda enemiga». La aplicación selectiva de estas normas permite a las autoridades de la isla mantener un estado de terror jurídico, donde cualquier crítica al sistema puede ser reinterpretada arbitrariamente como un acto de sabotaje o terrorismo, anulando de facto las libertades de expresión y asociación.
Implicaciones futuras y respuesta internacional
La persistencia de la dictadura en la actualización de este listado evidencia su intención de mantener activa una política de hostigamiento a largo plazo contra la disidencia radicada en el exterior. Al señalar a figuras públicas y a partidos políticos como el Partido Republicano de Cuba, el régimen busca sembrar el miedo, limitar el financiamiento a la oposición y dificultar el trabajo de incidencia internacional de las organizaciones exiliadas, creando un clima de sospecha alrededor de quienes se atreven a cuestionar el statu quo impuesto en La Habana.
Para la ciudadanía y la oposición, esta medida representa un endurecimiento del cerco informativo y político. La comunidad internacional, particularmente las democracias occidentales y los organismos de derechos humanos, enfrentan el reto de seguir desmantelando este discurso de lucha antiterrorista que es utilizado como arma de represión. La falta de un rechazo contundente a este tipo de señalamientos arbitrarios y carentes de debido proceso permite que el régimen continúe consolidando su maquinaria de persecución, mientras oculta tras un manto de falsa legalidad la verdadera crisis estructural que ha sumido en la desesperación y el éxodo a millones de cubanos.
