LA HABANA, Cuba. — En el actual escenario de conflictos globales, la disputa semántica se ha convertido en un campo de batalla adicional para los sistemas políticos. El régimen de La Habana, al igual que otras fuerzas de la izquierda internacional, ha adoptado la estrategia de calificar como «fascistas» a los gobiernos de derecha que le resultan adversos, incluso cuando estos respetan los cauces institucionales y democráticos. Sin embargo, un análisis riguroso de los métodos de control social y represión política en la isla revela que la dictadura cubana utiliza tácticas paramilitares y de violencia callejera que encajan a la perfección con la definición histórica del fascismo, aplicándolas contra ciudadanos indefensos que exigen sus derechos fundamentales.
El debate político contemporáneo no solo se libra en el ámbito de las sanciones económicas o las rupturas diplomáticas, sino también en el terreno del lenguaje. Durante décadas, la izquierda internacional ha monopolizado el término «progresista» para autodescribirse, mientras ha reservado el membrete de «fascista» para deslegitimar a cualquier gobierno de corte conservador. Esta «guerra de calificativos» busca establecer una narrativa maniquea donde el socialismo representa el bien y la derecha el mal absoluto, obviando las realidades institucionales y democráticas de cada país.
Históricamente, el fascismo surgió en Italia en la década de 1920 de la mano de Benito Mussolini. Este movimiento se alimentó del nacionalismo exacerbado, del descontento social tras los tratados de paz que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial y de la ambición de potenciar el papel de Italia en el mundo. Los «fascios italianos» operaban como entidades paramilitares que imponían su voluntad a través de la violencia callejera, al margen de cualquier marco constitucional o estado de derecho. Esta caracterización es fundamental para entender la verdadera naturaleza del fascismo: el uso de la fuerza extralegal por parte de grupos organizados para sostener el poder.
Con el paso del tiempo, la etiqueta se amplió para abarcar a regímenes como el de Francisco Franco en España y a las diversas dictaduras militares latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX, especialmente la de Augusto Pinochet en Chile. Estos gobiernos, surgidos de golpes de Estado, anularon las libertades públicas. Sin embargo, la izquierda internacional cruzó la línea de la objetividad histórica al comenzar a tildar de «fascistas» a gobiernos democráticamente electos. Un ejemplo emblemático ocurrió en una Cumbre Iberoamericana, cuando el entonces presidente venezolano Hugo Chávez acusó al gobierno español de José María Aznar de fascista, recibiendo la inmediata y enérgica respuesta de la delegación española, que defendió la legitimidad democrática de su gobernante, elegido por el pueblo y respetuoso de la ley.
El espejo de la represión en Cuba
Si se atiene a la definición original del fascismo —basada en el empleo de la violencia, la intimidación callejera y el uso de fuerzas paramilitares para imponer la voluntad del poder a cualquier costa—, resulta imposible no aplicar este concepto a las tácticas de la dictadura cubana. Las autoridades de la isla han perfeccionado un sistema de represión que delega la violencia directa en turbas organizadas, eximiendo aparentemente a las fuerzas del orden de la responsabilidad directa de los actos de barbarie, aunque su dirección y planificación emanen del Estado.
Las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida son el ejemplo más claro de esta metodología. Estos grupos, compuestos por simpatizantes del régimen y dirigidos por la Seguridad del Estado, han sido utilizados sistemáticamente para agredir a ciudadanos pacíficos. Un caso paradigmático es el de las Damas de Blanco, un colectivo de mujeres cuyo único delito es salir a las calles para exigir la liberación de sus familiares presos políticos. Frente a ellas, la dictadura ha desplegado turbas que las insultan, las empujan y las golpean, todo bajo la mirada indolente de la policía oficial, que solo interviene para detener a las víctimas y no a los agresores.
Esta no es una práctica reciente. Los antecedentes de estos métodos se remontan a décadas atrás, durante la crisis del Mariel en 1980. En aquel entonces, el gobierno cubano organizó los conocidos «mitines de repudio» contra las personas que manifestaron su intención de abandonar el país. Turbas enardecidas, azuzadas desde las instituciones estatales, rodearon las viviendas de los potenciales emigrantes, profiriendo insultos, lanzando piedras y otros objetos, e incluso propinando palizas a quienes intentaban salir hacia el puerto. Fue un episodio de violencia descarada y amparada por el Estado, un claro reflejo de tácticas fascistas.
Contexto: El terror como respuesta a la crisis estructural
La persistencia de estos métodos de control no es casual, sino que responde a la profundización de la crisis estructural que atraviesa la isla. El régimen de La Habana se enfrenta a un escenario de hiperinflación, desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, colapso total del sistema eléctrico y un éxodo migratorio sin precedentes en la historia reciente del país. Ante la incapacidad de ofrecer soluciones económicas y el agotamiento de su discurso ideológico, el ejecutivo cubano recurre al miedo como único mecanismo de contención social.
La represión paramilitar y la violencia de las turbas funcionan como una válvula de seguridad para un poder que carece de legitimidad electoral y de control democrático. Al externalizar la violencia hacia grupos de choque, la dictadura busca sembrar el terror entre la población para evitar un estallido social similar al del 11 de julio de 2021. En aquellas jornadas, miles de cubanos salieron a las calles en más de 40 ciudades exigiendo libertad, y la respuesta del Estado no fue el diálogo, sino la represión brutal, el uso de fuerza letal y el despliegue de simpatizantes armados contra manifestantes desarmados.
Además, la judicialización de la disidencia actúa en paralelo a la violencia paramilitar. Mientras los tribunales condenan a años de prisión a cientos de cubanos por el delito de «sedición» por haber protestado pacíficamente, las brigadas de choque aseguran el control del espacio público. Esta combinación de represión legal y extralegal configura un sistema totalitario donde el ciudadano no tiene escapatoria: la cárcel para los que alzan la voz y la golpiza callejera para los que intentan manifestarse.
Antecedentes y consecuencias para el futuro
Es imperativo comprender que esta ideología y práctica no son desviaciones temporales, sino componentes esenciales del castrismo desde su consolidación. La eliminación de la prensa independiente, la confiscación de propiedades privadas y la prohibición de asociación libre fueron acompañadas siempre por la amenaza de la violencia física ejercida por grupos leales al partido único. El Estado cubano ha monopolizado no solo la economía y la información, sino también el uso de la fuerza, organizándola de manera paramilitar para someter a cualquier brote de disidencia.
En conclusión, la narrativa del régimen de La Habana que busca etiquetar a otros como fascistas se desmorona ante la evidencia de sus propios métodos. El uso de turbas de choque para amedrentar a la población, la persecución política y la negación de los derechos civiles más elementales exponen a la dictadura cubana como un sistema que recurre a tácticas fascistas para perpetuarse en el poder. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben mirar más allá de la retórica del gobierno cubano y condenar con firmeza el uso de la violencia paramilitar, exigiendo el desmantelamiento de estos grupos de represión que tanto sufrimiento infligen a la ciudadanía. El futuro de Cuba depende de la recuperación de la libertad y el fin de un modelo que, en la práctica, ha adoptado las peores formas de autoritarismo para silenciar a su pueblo.
