La Habana. – Durante la década de 1980, el régimen de La Habana orquestó uno de los mayores mecanismos de extracción de riqueza ciudadana de su historia mediante la creación de las llamadas «Casas de Cambio del Oro y la Plata». Bajo el pretexto de ofrecer acceso a bienes de consumo procedentes de países capitalistas, el Estado diseñó un sistema fraudulento que permitió a las autoridades apropiarse del último patrimonio de valor que permanecía en manos de la población cubana, consolidando una práctica de despojo que se extiende hasta la actualidad.
Aquellas tiendas, ideadas directamente por Fidel Castro, funcionaron como un instrumento de política económica para un gobierno incapaz de garantizar el abastecimiento básico de su población. A cambio de prendas de oro y plata, piedras preciosas, obras de arte y reliquias familiares, los cubanos podían acceder a productos que el sistema comunista era incapaz de producir: ropa, calzado, electrodomésticos, radiograbadoras, ventiladores e incluso automóviles soviéticos Lada. La iniciativa, lejos de ser un beneficio estatal, fue una transacción profundamente asimétrica que favoreció al ejecutivo cubano, permitiéndole confiscar lo que aún no había sido absorbido por el Instituto de Recuperación de Bienes Malversados.
El nivel de planificación y control detrás de esta operación revela la naturaleza de la dictadura cubana. Los supuestos tasadores que recibían a los ciudadanos no eran expertos independientes, sino miembros del Ministerio del Interior (MININT) y psicólogos entrenados específicamente para engañar a los vendedores. Su función era manipular a las personas para hacerles creer en la justeza de un precio que, en realidad, implicaba una sobrevaloración de la mercancía estatal y una subestimación drástica de las joyas entregadas. Aunque la mayoría de los cubanos era consciente de la estafa, la urgencia de las necesidades materiales y el deslumbramiento provocado por los artículos extranjeros los obligaba a aceptar el intercambio.
El acceso a estos mercados restringidos estaba condicionado a la entrega previa de los objetos de valor, tras lo cual los ciudadanos recibían los bonos PANGOLD CIMEX, conocidos en el argot popular como «chavitos» o «papelitos de colores». El diseño logístico de estos establecimientos maximizaba el sufrimiento de la población: para ingresar, era necesario permanecer en largas colas que podían durar varios días, sin tener certeza de qué mercancías estarían disponibles. Los locales permanecían cerrados al público, sin vitrinas ni información visible, lo que obligaba a los compradores a gastar sus bonos a ciegas.
Las principales sedes de este expolio se ubicaron en la esquina de 3ra y 0, en el barrio habanero de Miramar, y en la calle Maisí (la antigua Casa Phillips, en Infanta y San José, Centro Habana). Dado que en el interior del país no existían aún estos establecimientos, cientos de personas de otras provincias se trasladaban a la capital casi a ciegas. Muchos de ellos, sin tener familiares en la ciudad, debían afrontar penurias extremas, incluyendo dormir en la calle, con la única esperanza de poder canjear su patrimonio por una nevera o un par de zapatos de marca.
El negocio del 40% y el saqueo del patrimonio cultural
La rentabilidad del Estado en este negocio era escandalosa. Toda la mercancía vendida en las Casas del Oro y la Plata tenía precios muy superiores a los de las «diplotiendas» destinadas a extranjeros. En comparación con su valor en el mercado exterior, los productos llevaban un gravamen del 40 %, un expolio que se sumaba a la ya fraudulenta tasación inicial de las joyas. El gobierno cubano explotó hábilmente el deseo de la población de romper con la uniformidad impuesta por el sistema de los «todos-tenemos» (todos tenemos lo mismo). La necesidad de poseer jeans nevados o prelavados, shorts reversibles, tenis de marca y adornos de pacotilla fue utilizada como cebo para vaciar las casas cubanas de sus metales preciosos.
La desesperación provocada por esta fiebre del oro condujo a episodios de vandalismo y corrupción institucional que evidencian el deterioro moral propiciado por el sistema. En el Cementerio de Colón, una de las necrópolis más importantes del mundo, se reportaron robos de obras de arte y rejas de las tumbas para ser fundidas o vendidas. Asimismo, instituciones estatales como el Centro Wifredo Lam y el Museo Nacional de Bellas Artes sufrieron expolios a manos de los propios funcionarios corruptos, quienes aprovecharon el mecanismo para enriquecerse ilícitamente con piezas del patrimonio nacional.
El humor popular, ese refugio histórico del cubano ante la adversidad, no tardó en bautizar estos establecimientos como «las tiendas Hernán Cortés» o «la tienda de los indios». La analogía era precisa y demoledora: al igual que en la época de la conquista los españoles intercambiaban cuentas de vidrio por pepitas de oro con los nativos, el gobierno cubano cambiaba chucherías capitalistas por el ahorro de toda una vida. Las historias familiares de la época están plagadas de sacrificios inútiles, donde tras largos trámites y la entrega de valiosas joyas, los ciudadanos lograban adquirir apenas una fracción de lo que necesitaban.
El destino de la riqueza y la hipocresía de la élite
El paradero del oro recaudado es uno de los capítulos más oscuros de esta operación. Según diversas fuentes, todo el metal fue fundido en lingotes para respaldar la devaluada moneda cubana y se dice que fue guardado en bóvedas del Palacio de la Revolución o del Banco Nacional de Cuba. Por su parte, los objetos valiosos y obras de arte que no fueron fundidos se subastaron en residencias del exclusivo reparto Atabey, un reducto de la nomenclatura. A estas subastas concurrían diplomáticos, extranjeros y miembros de la élite gobernante, quienes adquirían el patrimonio del pueblo a precios de remate, profundizando la brecha de desigualdad que el propio régimen decía combatir.
Las Casas de Cambio del Oro y la Plata marcaron un hito en la historia económica de la isla: el inicio del fin de la austeridad y la uniformidad características de los regímenes comunistas, y el anuncio de la llegada del consumismo capitalista, hasta entonces denostado por la propaganda oficial. Fue la primera gran grieta en el modelo igualitario, demostrando que el poder necesitaba de la riqueza privada para sostener su ineficiencia.
Contexto: La crisis estructural y el ciclo del despojo
Este episodio de los años 80 no es un hecho aislado, sino el primer gran eslabón de una cadena de expolios que define la crisis estructural de Cuba. El régimen, al carecer de una economía productiva capaz de generar riqueza, ha sobrevivido históricamente mediante la inyección de capital externo —primero soviético, luego venezolano— y, en ausencia de este, mediante la extracción directa de los recursos de la ciudadanía. La confiscación de cuentas bancarias en los años 60, las Casas del Oro en los 80, la dolarización forzada de los 90 y la actual implantación de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) responden a la misma lógica: el Estado no produce, solo rebusca en los bolsillos de la población.
En la actualidad, la isla atraviesa una de sus peores crisis económicas, con una inflación galopante, un desabastecimiento crónico de medicamentos y alimentos, y un colapso total del sistema electroenergético. Al igual que en la década de 1980, las autoridades de La Habana han trasladado el costo de su ineficiencia al pueblo. La diferencia radica en que hoy no quedan joyas familiares por canjear; el exodo migratorio masivo, la represión social y el empobrecimiento extremo son las consecuencias directas de décadas de políticas extractivas que destruyeron la base productiva del país.
La dictadura cubana ha perfeccionado el arte de crear escasez artificial para luego vender la solución a precios exorbitantes, ya sea en divisas o en sacrificios patrimoniales. El despojo de los años 80 sentó el precedente de que el ciudadano es visto por el Estado como un recurso a ser explotado, no como un sujeto de derechos. Esta falta de garantías jurídicas y de seguridad sobre la propiedad privada sigue siendo el principal obstáculo para cualquier desarrollo en la isla.
A futuro, las implicaciones de este modelo de gestión son claras y desalentadoras para la ciudadanía. Mientras el régimen mantenga el monopolio del comercio y la represión ante cualquier intento de protesta económica, el ciclo de empobrecimiento continuará. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben observar estas dinámicas no solo como fenómenos económicos, sino como violaciones sistemáticas a los derechos económicos y sociales de la población cubana. El recuerdo de las «tiendas Hernán Cortés» sigue vigente como una advertencia sobre la insaciable capacidad del poder en Cuba para despojar a su pueblo en nombre de una ideología que solo ha traído miseria.
