La imposibilidad de acceder a una dieta básica y variada ha transformado la alimentación en un mero acto de supervivencia para la mayoría de los cubanos. Frente a salarios depreciados y una inflación galopante, el régimen de La Habana demuestra su incapacidad para garantizar la seguridad alimentaria, reduciendo el derecho a la alimentación a una lotería diaria marcada por la escasez y los precios desorbitados.
Para la ciudadanía en la isla, satisfacer un antojo gastronómico ha dejado de ser una cuestión de preferencia para convertirse en un acto casi de privilegio. Zoila Calderín Riero, residente en La Habana, resume con crudeza esta realidad al confesar que hace aproximadamente un año no prueba carne de cerdo, una proteína pilar de la dieta tradicional cubana. «Tengo deseos de comer un buen trozo de puerco, que la cara se me empape de grasa», expresa con nostalgia, evidenciando cómo los sabores de antaño han sido relegados al recuerdo por la profunda crisis económica que atraviesa el país.
El abismo entre los ingresos de los trabajadores y el costo real de la canasta básica ilustra la magnitud del colapso. Con un salario promedio mensual que en el mercado informal apenas equivale a 16 dólares, un trabajador estatal solo puede aspirar a adquirir productos fundamentales —como aceite, arroz o pollo— en cantidades ínfimas que no cubren ni una semana. Para los jubilados y quienes devengan los salarios mínimos, la aritmética es aún más despiadada, condenándolos a la indigencia en la práctica.
El fracaso de los controles de precios y la estampida inflacionaria
Durante el último mes, los mercados de La Habana han registrado nuevos incrementos en los precios de los alimentos de primera necesidad, profundizando el deterioro del poder adquisitivo. El lomo de cerdo ha alcanzado los 800 pesos la libra, mientras que la pierna se sitúa en 850. Los cortes deshuesados de importación superan los 1.100 pesos. Productos como el aceite vegetal han escalado de 900 a 1.050 pesos el litro, y los frijoles negros y colorados se mantienen en torno a los 330 y 350 pesos, respectivamente.
¿Qué desean comer los cubanos?
La incapacidad de las autoridades de la isla para controlar la inflación se hace evidente en el caso del pollo, la carne más accesible para la población. A pesar de que la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios establece un tope máximo de 680 pesos por kilogramo, el paquete de 10 libras se vende hasta en 3.500 pesos en el mercado informal. Esta discrepancia evidencia la desconexión total entre las medidas burocráticas del gobierno cubano y la realidad económica de los mercados agropecuarios y particulares.
En este escenario, las familias se ven obligadas a alterar sus hábitos alimenticios, priorizando la cantidad sobre la calidad y reduciendo el número de comidas diarias. Francisco Bonilla Gómez, bicitaxista en La Habana Vieja, describe que almorzar se ha vuelto un lujo. Su estrategia se centra en ingerir algo por la tarde «para no dormir con el estómago vacío», recurriendo a raciones de arroz con croquetas o picadillo cuando es posible. La práctica de comer fiado o adquirir productos en la esquina, común en décadas anteriores, ha desaparecido ante la falta de liquidez y la inseguridad jurídica que impide el desarrollo del comercio minorista.
La dependencia de las remesas y la dolarización encubierta
La fragmentación del mercado interno es otra de las causas que estrangulan la soberanía alimentaria. Ángel Luis Pomares Cano, otro entrevistado, señala que preparar una cena tradicional para la familia es «un sueño imposible si no recibes remesas del extranjero». El acceso a alimentos que se venden en moneda libremente convertible o en mercados donde los precios se ajustan a la tasa de cambio informal excluye a la inmensa mayoría de la población que depende de un salario en pesos cubanos.
Vladimir Correa Heredia, un jubilado que prefiere los alimentos del mar, ilustra la pérdida de dignidad asociada a la alimentación actual. «Ni frito ni en aporreado» ha podido probar el pescado debido a sus exorbitantes costos. La estrategia de supervivencia ahora consiste en buscar alimentos que puedan dosificarse, sacrificando la nutrición y el placer. «Se busca cantidad, no calidad. Una libra de pollo no alcanza para cuatro personas, pero con una de picadillo echas un poco a cada uno y comen todos», detalla Correa, exponiendo la erosión del derecho a una alimentación adecuada.
Contexto: El colapso estructural del modelo económico cubano
La crisis alimentaria no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa del fracaso del modelo económico centralizado impuesto por la dictadura cubana durante décadas. La falta de incentivos para la producción agrícola, el monopolio estatal sobre la compra-venta de productos, la ineficacia de las empresas estatales y la obsolescencia de la infraestructura de acopio y distribución han generado un desabastecimiento crónico. A esto se suma el impacto de la llamada «Tarea Ordenamiento» de 2021, una medida económica que desató una hiperinflación de la cual la isla no ha logrado recuperarse.
Una encuesta realizada en 2022 por el proyecto Cubadata reveló que en el 70,2 % de los hogares consultados, algún miembro debía comer menos o saltarse comidas debido a la escasez. Tres años después, las condiciones de vida se han deteriorado aún más. La inflación persistente, la depreciación acelerada del peso cubano frente al dólar y la incapacidad del ejecutivo cubano para generar riqueza han empujado a millones a la pobreza extrema, dependiendo de la caridad o del éxodo migratorio como únicas vías de escape.
Para maquillar la inoperancia, el régimen de La Habana ha promulgado leyes como la de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley No. 148/2022) y la Ley de Pesca (Ley No. 129/2019). Sin embargo, estas regulaciones, diseñadas en torres de marfil, no han generado un solo gramo de comida adicional en las mesas cubanas. La burocracia asfixia cualquier intento de producción nacional, mientras el gobierno culpa sistemáticamente del embargo estadounidense para evadir su responsabilidad en la mala gestión y la represión contra el libre desarrollo del sector privado.
Consecuencias sociales y el futuro de la nación
La imposibilidad de satisfacer un antojo cotidiano retrata con crudeza una realidad que supera la mera estadística de hambre: revela la erosión del derecho al placer, a la identidad culinaria y a la dignidad básica. Alimentarse en Cuba ha dejado de ser sinónimo de nutrirse para convertirse en un ejercicio de resistencia y sobrevivencia. En esa falta de opciones no solo se pierde variedad en el menú, sino también una parte esencial del bienestar emocional que supone comer lo que uno desea.
Mientras el gobierno cubano se limita a decretar medidas que la realidad se encarga de desmentir, detrás de cada plato vacío hay historias humanas que claman por algo más que sustento. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a cómo la violación del derecho a la alimentación se utiliza como un mecanismo de control social. Sin cambios estructurales profundos que desmantelen el monopolio estatal y devuelvan la libertad económica a los cubanos, la isla seguirá sumida en un presente sin sabor, donde el futuro se vislumbra tan insulso y sombrío como las cenas a base de arroz y picadillo.
