SANTA CLARA, Cuba. — La crisis alimentaria en Cuba ha alcanzado un nuevo punto de quiebre con la desaparición y encarecimiento desmedido del pollo, un alimento básico en la dieta de la isla. En provincias centrales como Villa Clara, la proteína se vende de forma clandestina a precios que superan ampliamente el salario mínimo estatal, evidenciando el fracaso de las políticas económicas del gobierno cubano y la profundización del colapso estructural del país.
Desde hace varias semanas, los grupos de compraventa en plataformas digitales como Revolico se han convertido en el único refugio para miles de familias que buscan desesperadamente paquetes de pollo. En ciudades como Santa Clara, los puestos de venta particulares han dejado de exhibir el producto en sus cartillas de ofertas. La carne se despacha con disimulo, bajo estrictas reglas impuestas por los propios vendedores para evitar la represión y las multas de la inspección estatal, en un claro ejemplo de cómo el control burocrático ahoga la iniciativa privada.
El calvario para conseguir alimento es una realidad diaria. Idaimi, una residente de Santa Clara, recorrió toda la ciudad en busca de pollo para un familiar encamado. «He caminado toda Santa Clara y nada más en una mipyme había, pero por cajas y a más de 15.000 pesos, y ahí sí no llego», relata la mujer. Su caso no es aislado; a lo largo de la Carretera de Maleza, decenas de personas indagan por la proteína con urgencia, alegando necesidades vitales para niños pequeños, ancianos y enfermos que dependen de este nutriente.
El fracaso de la Resolución 225 y el tope de precios
La actual escasez y el disparo de los precios tienen un origen directo en las decisiones arbitrarias del régimen de La Habana. Con la entrada en vigor de la Resolución 225 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) en julio de 2024, las autoridades de la isla impusieron un tope máximo al precio del pollo y otros cinco productos que habían sido exonerados del pago de impuestos aduaneros. La medida, lejos de beneficiar al consumidor, desató una reacción en cadena que condujo a la desaparición del producto de los mercados formales.
Anuncio en un grupo de Facebook (Captura de pantalla)
El ejecutivo cubano calculaba que vender el pollo a 680 CUP el kilogramo (310 CUP por libra) garantizaría un margen de ganancia del 30% para los actores económicos. Sin embargo, esta matemática oficial ignoró por completo la realidad inflacionaria y la devaluación del peso cubano frente al dólar. Una búsqueda en los circuitos de venta mayorista revela que el valor de una caja de pollo supera los 28 USD, sin incluir los costos de entrega. Ante la imposibilidad de obtener dividendos bajo el precio topado, los particulares optaron por vender a escondidas o simplemente dejar de adquirir la mercancía.
Un salario mínimo insuficiente frente a la inflación
Las consecuencias para la población son devastadoras. En la ciudad de Holguín, reportes de finales del año pasado ya evidenciaban un promedio de 400 pesos por libra. Esta semana en Santa Clara, en más de ocho puestos particulares visitados en diversas zonas, no había pollo a la venta. En un único lugar se ofrecía a 1.800 CUP por dos kilogramos, con la condición de no llevarlo en bolsas de nailon transparentes y la advertencia: «Si preguntan, no digan dónde». En las redes sociales, el valor ha alcanzado los 2.300 pesos por 5,5 libras, una cifra que supera el salario mínimo vigente en Cuba, volviendo inalcanzable este alimento para gran parte de la población.
«Yo salgo del pollo en menos de una hora. La gente se lo lleva al precio que le pongas porque está perdido», confirma un cuentapropista de Santa Clara bajo condición de anonimato. El hombre explica que recibe las cajas de tercera mano a precios exorbitantes debido a los altos costos de transportación desde el puerto del Mariel o desde La Habana. «Si los mismos importadores lo venden rajando con el precio topado o hasta más, ¿qué le gano yo?, y ¿qué le gana el que lo traslada?», cuestiona, evidenciando cómo la cadena de intermediación, ahogada por la burocracia y la falta de un mercado mayorista funcional, traslada los costos al consumidor final.
Otro anuncio en Facebook (Captura de pantalla)
Apagones y crisis energética agravan la cadena de suministro
El colapso de los servicios públicos en la isla añade otro nivel de complejidad a la crisis alimentaria. La escasez de combustible ha elevado de forma dramática los precios del traslado de mercancías a las provincias alejadas, un factor crítico para un producto que requiere refrigeración constante. «A principios de mes perdimos dinero porque compramos las pacas de pollo sueltos para venderlas por libra y se descongeló por culpa de los apagones», asegura Milenis, vendedora de un puesto particular en la Carretera a Sagua. La intermitencia eléctrica provoca que el hielo se derrita y el producto pierda peso, generando pérdidas directas a los pequeños negocios.
Ante este escenario, muchos negocios por cuenta propia en Santa Clara han sustituido el pollo por salchichas importadas de Estados Unidos y picadillo MDM, productos que casi nunca escasean porque ofrecen un margen de ganancia razonable tras su compra por cajas. La presencia de inspectores estatales verificando la existencia de pollo en los inventarios ha generado un clima de persecución. «Ya algunos dueños hasta se cuidan de tirar las cajas vacías en las esquinas», admite un dependiente, reflejando el miedo a la confiscación y las multas impuestas por la dictadura cubana contra quienes intentan sobrevivir en el sector privado.
Contexto: Una crisis estructural que devora a la ciudadanía
La situación del pollo no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más reciente de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La isla depende en más de un 80% de las importaciones para alimentar a su población, una vulnerabilidad crónica que el régimen ha sido incapaz de resolver tras décadas de supuesta soberanía alimentaria. La falta de incentivos a la producción nacional, el monopolio estatal sobre la tierra y los insumos agrícolas, y la negación de créditos a los campesinos han destruido la capacidad productiva del campo cubano.
Este desabastecimiento se suma a una inflación galopante que ha devaluado los salarios de los trabajadores. El fallido «Ordenamiento Monetario» de 2021 desató una espiral de precios que las autoridades no han logrado controlar, empujando a millones de cubanos a la pobreza extrema. Mientras el gobierno cubano culpa al embargo de Estados Unidos, la realidad interna muestra una economía planificada y centralizada que asfixia cualquier intento de prosperidad, obligando a la población a depender de remesas y del mercado negro para subsistir.
El impacto social de esta crisis es incalculable. La falta de acceso a proteínas de calidad amenaza con aumentar los índices de desnutrición, especialmente entre los sectores más vulnerables como niños y ancianos. Esta precariedad cotidiana es uno de los principales motores del éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado a la isla de su fuerza laboral y juvenil. La desesperanza de no poder asegurar un plato de comida en la mesa empuja a miles a arriesgar sus vidas en rutas migratorias hacia Estados Unidos y otros países de la región.
Antecedentes de un colapso anunciado
El patrón de escasez y mercado negro es una constante en la historia económica reciente de Cuba. Tal como ocurrió previamente con el aceite comestible, la imposición de topes de precios por parte del MEP ha sido un catalizador para la desaparición de los productos de los estantes. Incluso medios oficiales a finales del año pasado se aventuraron a vaticinar que la Resolución 225 llevaría a corto plazo a la desaparición de estos productos, admitiendo que el pollo había iniciado un «vuelo hacia su desaparición gradual». Sin embargo, el régimen continuó aplicando la medida, demostrando una desconexión total entre la planificación burocrática y la realidad de la calle.
Consecuencias y panorama a futuro
El futuro inmediato para la seguridad alimentaria en Cuba se presenta sombrío. Mientras las autoridades de la isla mantengan políticas de control de precios que ignoran las leyes básicas de la economía y los costos reales de importación y distribución, la escasez continuará agravándose. La represión contra el sector privado y la persecución a los intermediarios no resolverán la falta de oferta, sino que simplemente empujarán al comercio a una clandestinidad absoluta, encareciendo aún más los productos para el consumidor final.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a cómo la negligencia y la ineficiencia del modelo económico cubano constituyen una violación sistemática del derecho a la alimentación. La incapacidad del régimen para garantizar la subsistencia de su población, sumada a la represión contra quienes intentan suplir las fallas del Estado a través del cuentapropismo, augura un deterioro mayor de las condiciones de vida. Sin reformas estructurales profundas que desmantelen el control estatal absoluto sobre la economía, el pollo seguirá siendo un lujo inalcanzable para la mayoría de los cubanos.
