El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha destinado casi 58 millones de dólares al gobierno cubano durante su ciclo de cooperación 2021-2025, en un intento por paliar la profunda crisis alimentaria que azota a la isla. Sin embargo, la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades y la ineficacia de las políticas internas mantienen en la incertidumbre el destino final de estos recursos, que llegan a un país donde la mayoría de la población ya no puede garantizar sus tres comidas diarias.
En el marco del ciclo de cooperación 2021–2025, el PMA ha canalizado 57,9 millones de dólares hacia Cuba, según informaron fuentes oficiales. Estos recursos han sido destinados a la adquisición de productos de primera necesidad, tales como arroz, legumbres y aceite vegetal. Un aspecto destacado de esta cooperación es que el 32% de los fondos provinieron del gobierno ruso, canalizados a través del Ministerio de Protección Civil, Emergencias y Eliminación de Consecuencias de Desastres (EMERCOM), lo que subraya la creciente dependencia de La Habana de sus aliados geopolíticos para sostener el mínimo abastecimiento interno.
Las entregas más recientes evidencian la urgencia de la situación. En el transcurso de 2025, la ayuda humanitaria incluyó el envío de 656 toneladas métricas de aceite vegetal, seguidas de una segunda entrega de 470 toneladas que arribó a la isla el pasado 18 de junio. Asimismo, en respuesta a una solicitud formal elevada por el régimen de La Habana en febrero de 2024, el PMA destinó 144 toneladas de leche en polvo para niños menores de siete años, un grupo demográfico particularmente vulnerable ante el colapso del sistema de distribución estatal. A esto se suman cinco millones de dólares asignados específicamente para complementar la dieta escolar de niños entre cinco y once años.
A pesar de la magnitud de estos desembolsos, las autoridades de la isla no han ofrecido detalles precisos sobre los mecanismos de distribución, ni han publicado informes independientes que evidencien el alcance real de estas medidas en términos de beneficiarios directos. La falta de claridad en la rendición de cuentas es una constante histórica del ejecutivo cubano y reaviva las críticas sobre la transparencia en la administración de recursos externos. La ciudadanía desconoce si estos alimentos llegan efectivamente a los sectores más vulnerables o si son desviados hacia el incipiente pero controlado mercado privado, donde los precios suelen estar fuera del alcance de los salarios promedio.
Cubanet Suscripción
El panorama de inseguridad alimentaria ha sido ampliamente documentado por entidades de la sociedad civil independiente. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en su séptimo estudio titulado «El estado de los derechos sociales en Cuba», presentado en julio del pasado año, reveló cifras alarmantes. Según este informe, la crisis alimentaria constituye el principal problema social del país, señalada por el 72% de los encuestados. Este indicador supera incluso a los apagones (55%), la inflación y el costo de vida (50%), los salarios (49%), la sanidad pública (21%) y la corrupción (20%).
El informe del OCDH arrojó una realidad que contrasta de manera brutal con los millones de dólares recibidos en cooperación: en Cuba, siete de cada diez personas dejaron de desayunar, almorzar o cenar debido a la falta de dinero o a la escasez de alimentos en el periodo analizado. Solamente el 15% de la población lograba realizar las tres comidas diarias sin interrupción. Ante este escenario, la interrogante sobre el destino final de los 57,9 millones de dólares del PMA se convierte en un clamor popular a lo largo de toda la isla.
El colapso del modelo agrícola y la dependencia externa
La necesidad de una inyección financiera y logística de esta envergadura por parte del PMA no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible del fracaso del modelo económico centralizado impuesto por la dictadura cubana. Durante décadas, el régimen ha mantenido un control absoluto sobre la tierra, los insumos agrícolas y la distribución, asfixiando la producción nacional y privilegiando la exportación de unos pocos renglones, como el níquel y el azúcar, cuyas industrias también se encuentran en franco deterioro. La incapacidad para abastecer el mercado interno obliga a importar más del 80% de los alimentos consumidos en la isla, una paradoja insostenible para un país con un clima apto para la agricultura.
A esta ineficiencia productiva se suma una crisis económica sistémica caracterizada por una inflación descontrolada que ha destruido el poder adquisitivo de la población. La fallida «Tarea Ordenamiento» y la posterior dolarización de la economía crearon una brecha insalvable entre los precios de los alimentos básicos y los salarios estatales. Mientras un kilo de arroz o de leche en polvo puede costar una parte significativa del salario mínimo mensual, las autoridades insisten en medidas parche que no abordan la raíz del problema: la falta de libertades económicas y el control estatal absoluto sobre la comercialización.
Además, el contexto de crisis energética, con apagones prolongados que superan en ocasiones las 10 u 12 horas diarias en diversas provincias, agrava de manera directa la inseguridad alimentaria. La falta de electricidad impide la conservación de alimentos perecederos y paraliza la industria procesadora, afectando incluso la producción de pan y las raciones subsidiadas que el gobierno está obligado a entregar por la libreta de abastecimiento, pero que cada vez distribuye con menos frecuencia y peor calidad.
Antecedentes de una crisis que no cesa
La dependencia de la ayuda alimentaria internacional y de aliados estratégicos no es nueva en la historia reciente de Cuba. Desde la caída del bloque soviético, que sumió al país en la crisis conocida como «Período Especial», el régimen ha alternado la represión interna con la búsqueda constante de patrocinadores externos para suplir sus carencias. Primero fue Venezuela con el suministro de petróleo y recursos, y en la actualidad, el giro hacia potencias como Rusia y China se hace evidente en la composición de la propia ayuda del PMA, donde Moscú financia casi un tercio de los recursos destinados a la isla.
Sin embargo, estas inyecciones de capital y bienes no han logrado revertir el deterioro de las condiciones de vida. El éxodo migratorio sin precedentes que ha experimentado la isla en los últimos años, con cientos de miles de cubanos abandonando el país hacia Estados Unidos y otras naciones, es la respuesta más elocuente a la incapacidad del gobierno para garantizar la subsistencia. La fuga de fuerza laboral, especialmente del sector agropecuario y de la construcción, cierra el círculo vicioso de la escasez, dejando campos abandonados y un sistema de acopio colapsado.
Implicaciones y futuro inmediato
La cooperación internacional, aunque vital para mitigar el hambre a corto plazo, especialmente en sectores infantiles, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo para paliar las responsabilidades de un Estado que invierte sus escasos recursos en el aparato represivo y en el sector turístico-militar en lugar de en la seguridad social de su pueblo. La comunidad internacional y los organismos como el PMA enfrentan el desafío de exigir mecanismos de auditoría independientes que garanticen que la ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan, sin intermediarios opacos.
De no mediar un cambio estructural que libere la fuerza productiva del país y respete los derechos económicos y civiles de los cubanos, los millones de dólares destinados a la isla seguirán siendo una gota en el océano de la miseria. Mientras la dictadura cubana mantenga su negación a abrir espacios de libertad y transparencia, la pregunta sobre el destino de la ayuda humanitaria continuará resonando en las calles vacías y en las mesas sin comida de la isla. La solución a la hambruna no reside en la caridad internacional, sino en el desmontaje del sistema que la provoca.
