Ante la incapacidad estructural para garantizar el servicio eléctrico, las autoridades de la isla han modificado su estrategia de gestión energética, pasando de la aplicación de tarifas progresivas a la imposición de medidas administrativas y presión política sobre los consumidores, particularmente sobre el sector privado. La crisis del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) obliga al gobierno a reconocer apagones de hasta 19 horas diarias, evidenciando el fracaso de las políticas implementadas durante el llamado «ordenamiento monetario» y acercando la gestión pública hacia métodos de coerción típicos de la dictadura cubana.
A finales de 2020, el ejecutivo cubano se preparaba para ejecutar el denominado «ordenamiento monetario», una reforma que prometía modernizar la economía pero que terminó precipitando una de las peores crisis inflacionarias de la historia reciente de la isla. En ese contexto, el periódico Granma publicó el 14 de diciembre de 2020 las nuevas tarifas eléctricas que regirían a partir del 1 de enero de 2021 para el sector residencial. El esquema establecía una tarifa progresiva que incrementaba el costo a medida que subía el consumo: desde 0,40 CUP por cada kilovatio/hora (KW/h) para consumos de hasta 100 KW/h, hasta 25 CUP para aquellos que superaran los 5.000 KW/h.
El objetivo explícito de esta medida era desincentivar los altos consumos eléctricos, un fenómeno que comenzaba a proliferar principalmente entre los propietarios de negocios particulares y trabajadores por cuenta propia. Este intento de regulación mediante el precio, sin mediar coerción extraeconómica, encajaba teóricamente en los instrumentos indirectos de dirección económica que el régimen de La Habana decía promover en su «Conceptualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista». Sin embargo, la realidad ha demostrado que la planificación centralizada y las medidas económicas aisladas son insuficientes frente a un colapso sistémico.
Cinco años después, el panorama es radicalmente distinto y mucho más sombrío. El funcionamiento del Sistema Electroenergético Nacional atraviesa una de sus crisis más severas, una situación que las propias autoridades se han visto obligadas a admitir ante la imposibilidad de ocultar los constantes apagones que mantienen a la mayor parte del país a oscuras. Para intentar justificar la debacle energética, recientemente se emitió un episodio del podcast «Desde la Presidencia», en el que participaron el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, y el director de la Unión Eléctrica de Cuba, Alfredo López Valdés.
Durante el encuentro, sorprendentemente, no se hizo mención alguna al cobro de tarifas elevadas a los altos consumidores como solución a la crisis. En su lugar, el discurso giró en torno a la «planificación» y la exigencia de «racionalidad» en los consumos. Alfredo López Valdés atribuyó parte del crecimiento de la demanda a las altas temperaturas, pero admitió una realidad que sufre la ciudadanía a diario: en los circuitos que se desconectan, la falta de corriente puede alcanzar entre 18 y 19 horas diarias, una situación que asfixia la vida familiar, sanitaria y productiva del país.
El director de la Empresa Eléctrica anunció la implementación de un «plan estricto» dirigido a los consumidores estatales y a otros actores económicos situados en circuitos priorizados, aquellos que teóricamente no se apagan. La afirmación de que «al que está en ese circuito que no se apaga, nosotros tenemos el derecho de pedirle que use la electricidad racionalmente» marca un giro preocupante. Ya no se trata de un mecanismo de mercado donde el alto precio regula la demanda, sino de una directriz administrativa con un claro matiz de presión política.
Las declaraciones gubernamentales indican que el cobro de tarifas más elevadas ha dejado de ser una herramienta útil para el gobierno cubano. Los directivos del sector reconocen implícitamente que los consumidores, en particular los negocios privados, estarían dispuestos a pagar esas tarifas sin reducir su consumo, frustrando así el objetivo oficial de disminución de la demanda. Por ello, el principio indirecto o económico de dirección está siendo desplazado rápidamente por mecanismos directos y administrativos, que se asemejan más a órdenes arbitrarias que a políticas de Estado.
El fracaso del «ordenamiento» y el colapso estructural del sistema energético
Para comprender la gravedad de la situación actual, es indispensable remontarse al fracaso del «ordenamiento monetario». La eliminación del peso cubano convertible (CUC) y la supuesta unificación cambiaria no resolvieron la dualidad monetaria, sino que trasladaron el problema a la inflación y la devaluación del peso cubano frente al dólar. Las tarifas eléctricas, pensadas bajo un esquema de precios que rápidamente quedó desfasado por la inflación, perdieron su poder disuasivo. Hoy, el sector privado, que mueve divisas reales, puede asumir el costo de la electricidad, pero choca con un Estado incapaz de generarla.
La crisis eléctrica actual no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de décadas de falta de inversión, mantenimiento deficiente y dependencia absoluta de combustibles importados que el Estado no puede costear. Las termoeléctricas cubanas operan muy por debajo de su capacidad instalada, sufriendo roturas constantes que el régimen de La Habana intenta maquillar con discursos de «resistencia» mientras la calidad de vida de la población se desploma. La falta de generación, sumada a la interrupción en los suministros de combustible acordados con aliados como Venezuela o Rusia, mantiene al SEN al borde del colapso total.
En este escenario de desabastecimiento y crisis de los servicios públicos, el sector no estatal de la economía, compuesto por las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) surgidas en 2021, se ha convertido en un chivo expiatorio conveniente para las autoridades de la isla. Aunque estos negocios mantienen viva la economía mediante la importación de bienes y la generación de empleo, el gobierno los señala repetidamente por su consumo energético, ignorando que el problema radica en la incapacidad estatal para mantener la infraestructura básica del país.
De la persuasión económica a la coerción política
El abandono de los mecanismos económicos en favor de la presión administrativa revela la esencia del sistema político en la isla. A un régimen autoritario como el cubano, aunque se esfuerce por mantener una fachada de racionalidad económica, le es inevitable recurrir a la sinrazón y la coerción cuando sus políticas fracasan. La amenaza de cortar el servicio eléctrico o imponer multas a quienes no acaten las «directrices de ahorro» se convierte en un nuevo instrumento de control social y persecución política contra los emprendedores que no dependen absolutamente del Estado.
Las consecuencias de esta estrategia son predecibles y sumamente graves. La incertidumbre y la hostilidad hacia el sector privado pueden frenar la ya limitada actividad económica, profundizando la escasez de productos en los mercados y empujando a más cubanos al exodo migratorio masivo. La falta de electricidad afecta directamente la conservación de alimentos, el acceso al agua potable y la posibilidad de descanso, creando un caldo de cultivo para la frustración social que el gobierno intenta contener mediante el miedo y la represión.
Mientras la dictadura cubana insista en culpar a los ciudadanos, al clima o a los emprendedores de un colapso que es estrictamente responsabilidad del Estado por su ineficiencia y falta de libertades, la oscuridad no solo permanecerá en las calles de la isla, sino también en las perspectivas de desarrollo. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben prestar atención a este giro hacia la imposición administrativa, que no es más que un eufemismo para justificar el recorte de los ya mínimos márgenes de autonomía económica que disfruta la ciudadanía.
