El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció un aumento parcial en las pensiones para los jubilados que perciben hasta 4.000 pesos mensuales, una medida que pretende mitigar el descontento social tras la indignación generada por las declaraciones de la exministra de Trabajo, Marta Elena Feitó, quien negó la existencia de mendigos en el país. Sin embargo, la cifra anunciada, que equivale a poco más de diez dólares en el mercado cambiario informal, evidencia la profunda crisis económica y el abandono estatal de los adultos mayores.
Durante su intervención ante el plenario del Parlamento, Marrero Cruz detalló que el incremento beneficiará a 1.324.599 personas, lo que representa el 79% de los pensionados actuales. De este grupo, el 82% que actualmente cobra hasta 2.472 pesos recibirá un aumento de 1.528 pesos. El 18% restante obtendrá un ajuste para alcanzar el tope de los 4.000 pesos. El funcionario reconoció que a los 438.572 jubilados (33,1%) que hoy reciben la pensión mínima, y que se encuentran en la mayor situación de vulnerabilidad, se les duplicará el monto. Aunque el aumento será efectivo desde septiembre, el ejecutivo cubano anticipó que los pagos comenzarán a realizarse a finales de agosto.
El anuncio no es ajeno a la coyuntura política de los últimos días. Horas antes, la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Cabrera Feitó, presentó su renuncia tras causar un repudio generalizado al afirmar que en Cuba no existían mendigos. La negación de la pobreza extrema que sufren miles de ancianos en la isla forzó una rápida maniobra de contención por parte de las autoridades, que buscan frenar la crisis de credibilidad y la creciente presión social de un sector históricamente desprotegido y olvidado por las políticas oficiales.
Marrero Cruz indicó que esta medida exigirá un gasto adicional de 22.000 millones de pesos anuales al presupuesto de la Seguridad Social. Para compensar este desembolso, el gobierno cubano aseguró que implementará «acciones que van a constituir fuentes para resarcir lo que demanda este incremento», aunque omitió detallar en qué consistirán estas medidas. En un contexto de déficit fiscal crónico y falta de liquidez, la ausencia de transparencia sobre el origen de estos fondos levanta serias sospechas sobre nuevas emisiones monetarias inorgánicas que podrían agravar aún más la inflación que asfixia a la población.
El primer ministro admitió que se trata de un paliativo y no de una solución estructural, debido a la falta de recursos financieros. «Seguimos buscando soluciones. Creo que es justo, precisamente, que, aunque ahora no se pueda abarcar a todos, hemos comenzado con quienes están en mayores situaciones de vulnerabilidad», afirmó Marrero. Estas declaraciones confirman la incapacidad del sistema para sostener su propio aparato de bienestar social, el cual fue durante décadas uno de los principales argumentos propagandísticos del Estado frente a la comunidad internacional.
El impacto real de 4.000 pesos en la Cuba actual
Más allá de los porcentajes y las promesas, la realidad económica impone su peso de manera implacable. Actualmente, 4.000 pesos cubanos representan apenas unos 10 dólares según la tasa de cambio del mercado informal. Con esta cantidad, un jubilado apenas puede adquirir un cartón de huevos, cuyo precio oscila entre 2.800 y 3.200 pesos, quedando sin capacidad económica para comprar otros productos de la canasta básica como el aceite, la leche en polvo o medicamentos de primera necesidad. El incremento anunciado por el régimen de La Habana no representa un alivio significativo para uno de los sectores más empobrecidos de la nación.
La precariedad de los pensionados cubanos se hace evidente al comparar sus ingresos con los del resto de la región. Según el Índice Global de Jubilación, la pensión mínima en Uruguay ronda los 394 dólares mensuales; en Colombia, 252 dólares; en Brasil, 250 dólares; y en Chile, 220 dólares. Países con economías también enfrentando desafíos como Argentina (entre 192 y 274 dólares), México (194 dólares) y Perú (134 dólares) superan ampliamente la cifra isleña. Cuba solo se sitúa por encima de Venezuela, donde la pensión mínima equivale a 26 dólares, compartiendo el dudoso podio de los sistemas menos retribuidos de América Latina.
Contexto sistemático y antecedentes de la crisis
El colapso del sistema pensional cubano no es un fenómeno reciente, sino el resultado de décadas de mala gestión, corrupción institucionalizada y de la profunda crisis estructural que sufre la isla. El llamado «Ordenamiento Monetario» implementado a inicios de 2021, que incluyó la eliminación del peso cubano convertible y una devaluación encubierta de la moneda nacional, destruyó de un solo golpe el poder adquisitivo de los ahorros y las pensiones de millones de cubanos. Desde entonces, la inflación galopante ha devorado cualquier intento de ajuste salarial o pensional, empujando a los adultos mayores a una situación de indigencia que el Estado se niega a reconocer oficialmente.
A la pérdida de valor del peso se suma el desabastecimiento crónico de los mercados, la dependencia alimentaria externa y el colapso del sistema de salud pública. Los adultos mayores son hoy el rostro más visible de la miseria en Cuba, obligados a depender de las remesas enviadas por familiares en el exilio, a realizar filas interminables bajo el sol para comprar productos regulados, o a vender sus escasas pertenencias para poder comer. La negación de esta realidad por parte de la alta burocracia, como ocurrió con la exministra Feitó, demuestra la desconexión total y obscena entre la nomenklatura y el sufrimiento cotidiano de la población.
El descontento social, sin embargo, encuentra un muro infranqueable en la represión sistemática ejercida por la dictadura cubana. Las protestas de los jubilados, aunque cada vez más frecuentes y visibles en colas y mercados, no pueden articularse en movimientos organizados debido al acoso, la censura y el miedo a las represalias estatales. El gobierno cubano gestiona la emergencia social bajo un estricto control policial, utilizando el Código Penal y la intimidación para impedir que la indignación ciudadana se traduzca en demandas políticas efectivas o manifestaciones públicas.
El anuncio de este incremento pensional, condicionado por el escándalo político y limitado por la bancarrota del Estado, no alterará la trayectoria de pobreza de los adultos mayores en la isla. Mientras el régimen mantenga su control absoluto sobre la economía y siga priorizando el aparato represivo y burocrático sobre el bienestar ciudadano, las medidas parciales seguirán siendo gotas en un océano de necesidades insatisfechas. La comunidad internacional y la diáspora cubana observan cómo, en medio del colapso sistémico, los ancianos continúan pagando el costo más alto de la ineficiencia estatal y la falta de libertades.
