Las autoridades de la isla condenaron a 12 años de privación de libertad a un hombre no identificado por sustraer 102 litros de aceite dieléctrico de una subestación en Santiago de Cuba. El hecho, calificado de \»sabotaje\» por la prensa oficial, supuestamente provocó una avería que dejó a cientos de familias sin servicio eléctrico durante 48 horas en el consejo popular de Bungo La Venta, municipio de Contramaestre.
La emisora estatal CMKC Radio Revolución informó sobre el fallo, pero la nota carece de los elementos básicos de transparencia judicial. No se precisó el nombre del sancionado, el tribunal que dictó la sentencia ni la fecha exacta de los hechos. El gobierno cubano atribuyó directamente la interrupción del servicio durante dos días completos a la extracción del fluido, esencial para el enfriamiento y aislamiento de los transformadores, presentando la severa condena como una medida destinada a proteger la infraestructura estatal.
La sanción impuesta se ampara en el artículo 125 del Código Penal cubano, que establece penas de siete a 15 años por dañar instalaciones o sistemas de transmisión eléctrica. Sin embargo, la información difundida por el régimen de La Habana no explica qué pruebas presentó la Fiscalía para determinar que el acusado actuó con el propósito deliberado de obstaculizar el funcionamiento del sistema, ni detalla los argumentos de la defensa, la valoración de las pruebas o la posibilidad de apelación. La opacidad del proceso levanta serias dudas sobre el debido proceso y la proporcionalidad de la pena.
Desesperación económica y criminalización de la supervivencia
Este caso se produce en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla, caracterizada por un colapso generalizado del sistema eléctrico, apagones prolongados y una inflación galopante que ha empujado a amplios sectores de la población a la desesperación. La extracción de combustibles o insumos básicos para su reventa o uso doméstico es una consecuencia directa del desabastecimiento crónico. Ante esta realidad, la dictadura cubana opta por la mano dura y la criminalización, imponiendo penas desproporcionadas que esconden la incapacidad del Estado para mantener operativa su propia infraestructura energética y garantizar el bienestar de la ciudadanía.
La imposición de una condena de 12 años por el robo de aceite dieléctrico envía un mensaje escalofriante sobre el estado de las garantías judiciales en Cuba. Mientras el ejecutivo cubano busca ejemplificar con castigos severos para disuadir el deterioro de sus instalaciones, la población continúa sumida en la incertidumbre y la precariedad. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben prestar atención a estas prácticas de represión judicial, donde la desesperación económica se castiga con la severidad reservada para actos de terrorismo, evidenciando una vez más el carácter punitivo y autoritario del sistema imperante en la isla.
