La ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, generó un profundo rechazo social al presentar las «croquetas de plátano» como una muestra de «creatividad» ante la grave escasez de alimentos que asola la isla. En vísperas del quinto período ordinario de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la funcionaria expuso sus propuestas para paliar la crisis, las cuales contrastan drásticamente con su propia admisión de que más de 34.000 menores de edad han sido afectados por la reducción en la entrega de leche.
Durante su intervención, Díaz Velázquez relató recorridos por localidades del oriente cubano, específicamente en la provincia de Guantánamo, donde aseguró haber presenciado iniciativas surgidas de la necesidad extrema. Entre ellas, mencionó la elaboración de «croquetas de plátano» como un ejemplo de las alternativas frente a la inseguridad alimentaria. «En todos los recorridos vemos iniciativas de todo tipo… croquetas de plátano, y bueno, la proteína, caldo base, pescado… En fin, hay alternativas», manifestó la titular, ignorando que la sustitución de la proteína animal por harina de plátano es un síntoma de pobreza estructural y no de innovación gastronómica.
El discurso de la ministra no se limitó a la alimentación. En un intento por mitigar la frustración ciudadana ante la inexistencia de opciones de esparcimiento, propuso transformar las unidades comerciales en espacios recreativos durante los fines de semana. Su sugerencia consistió en reproducir música de décadas pasadas, como el danzón y el chachachá, para atraer a adultos mayores, jóvenes y niños, justificando esta medida en la imposibilidad de trasladar a la población a otros centros recreativos debido al colapso del sistema de transporte público en el país.
Otra de las propuestas generó indignación por su desconexión con la realidad económica de la población. La ministra sugirió la creación de módulos para celebraciones, calificándolos de «modestos y discretos», pero con un costo que supera ampliamente el poder adquisitivo del cubano promedio. Según sus cálculos, un paquete que incluya una caja de refresco y cuatro paquetes de galletas o dulces alcanzaría precios que rondan los 500 o 600 pesos cubanos, una cifra inalcanzable para un sector amplio de la población cuyos salarios estatales no cubren ni la canasta básica de supervivencia.
Dirigiéndose al sector universitario, las autoridades de la isla plantearon una estrategia comercial que roza la manipulación del consumidor. Díaz Velázquez propuso crear ofertas de consumo con un costo inicial bajo para atraer a los estudiantes, con la expectativa de que, una vez dentro del establecimiento, los jóvenes terminen gastando mayores cantidades de dinero. «La primera vez vienen a lo mejor escépticos… y después dicen: ‘Oye, pero no es 200, papi. Dame 1.000 porque aquello se pone bueno'», ejemplificó la funcionaria, evidenciando una visión mercantilista frente a una juventud aquejada por la inflación y el desabastecimiento.
El colapso del Comercio Interior y la bancarización forzada
Más allá de sus polémicas propuestas, la ministra de Comercio Interior se vio obligada a reconocer el severo deterioro del sistema bajo su gestión. Durante su comparecencia, admitió que las plantillas provinciales y municipales están incompletas, lo que paraliza la eficacia del sector. Díaz Velázquez precisó que la mayor afectación se encuentra en el nivel municipal, donde el cubrimiento apenas alcanza un 64 por ciento, reflejando la profunda incapacidad del gobierno cubano para mantener la infraestructura básica del Estado y garantizar el funcionamiento de sus propias instituciones.
El reconocimiento más alarmante fue la aceptación de la imposibilidad de garantizar la distribución estable de productos esenciales como el arroz, el pollo y la leche. Este último punto tiene un impacto humanitario directo, ya que la titular confirmó que más de 34.000 niños se encuentran afectados por entregas reducidas del lácteo. Esta cifra expone la vulnerabilidad de la infancia cubana frente a una crisis alimentaria que el régimen de La Habana ha sido incapaz de resolver, pese a décadas de control absoluto sobre la producción, importación y distribución de alimentos.
En el ámbito del comercio electrónico y la bancarización, la ministra también reconoció la resistencia administrativa para implementar los pagos digitales. Aunque aseguró que existen bodegas que alcanzan un 80 por ciento de cobros electrónicos, atribuyó el fracaso general a la «falta de exigencia» de los administrativos. «Tenemos que ser más severos con los que se niegan a hacerlo», advirtió, revelando una vez más el carácter autoritario con el que la dictadura cubana intenta imponer sus políticas, penalizando a los trabajadores en lugar de abordar las fallas sistémicas de la plataforma bancaria, frecuentemente colapsada por la inestabilidad de las redes y los apagones prolongados.
Contexto: El fracaso del modelo económico y la crisis estructural
Las declaraciones de la ministra no ocurren en el vacío, sino en medio de la peor crisis estructural que ha enfrentado Cuba en las últimas décadas. La inflación galopante, estimada en cifras de tres dígitos por entidades independientes, ha destruido el poder adquisitivo de la moneda nacional. Mientras la dirigencia política sugiere consumir «croquetas de plátano», los mercados agrícolas exhiben estantes vacíos o precios inabordables para productos de la canasta familiar básica, empujando a millones de cubanos a depender de las remesas enviadas desde el extranjero o del mercado negro para poder alimentar a sus familias.
Este escenario de privación material ha sido el principal catalizador del masivo éxodo migratorio que ha visto partir a cientos de miles de cubanos hacia Estados Unidos y otras naciones en los últimos años. La incapacidad del ejecutivo cubano para proveer alimentación, transporte y servicios básicos ha generado un vacío de esperanza que ninguna receta improvisada puede llenar. Ante el descontento social creciente, la respuesta del poder no ha sido la implementación de reformas económicas reales que liberalicen la producción, sino el aumento de la represión, la censura y el acoso a quienes se atreven a protestar por las precarias condiciones de vida.
Antecedentes de desconexión gubernamental
La actitud de Díaz Velázquez se suma a una larga lista de declaraciones de altos funcionarios que han demostrado una profunda desconexión con la realidad ciudadana. Históricamente, el régimen ha culpado a factores externos, como el embargo estadounidense, por las deficiencias internas, omitiendo su propia responsabilidad en la centralización ineficiente de la economía y la corrupción institucionalizada. En los últimos años, figuras del más alto nivel han recurrido a explicaciones que van desde la «guerra mediática» hasta la supuesta «falta de cultura cívica» de la población para justificar el colapso de los servicios, evitando en todo momento asumir la culpa directa por la mala gestión administrativa.
Finalmente, la ministra aceptó que persisten importantes insatisfacciones en la población, un eufemismo gubernamental para describir el descontento generalizado que impera en la isla. Las implicaciones políticas de estas declaraciones son claras: mientras la cúpula del poder minimiza la tragedia alimentaria con soluciones folclóricas y exige severidad contra los administradores locales, la base social continúa hundiéndose en la pobreza. La falta de autocrítica del régimen de La Habana augura un agravamiento de la crisis, con una ciudadanía cada vez más empobrecida, sin perspectivas de mejoría inmediata y enfrentando las consecuencias de un modelo económico que ha demostrado su fracaso rotundo.
