La patronal catalana Foment del Treball ha denunciado que el gobierno cubano mantiene una deuda impagada que supera los 350 millones de euros con cerca de 300 compañías españolas, en su mayoría pymes. El impago, que afecta a sectores vitales como la sanidad y la alimentación, ha provocado el cierre de más del 15% de las empresas afectadas, amenazando la supervivencia del tejido empresarial y el empleo en España.
La organización empresarial Foment del Treball, una de las patronales más representativas de Cataluña, ha elevado su queja formal ante la morosidad crónica de las autoridades de la isla. Según el informe de la entidad, los impagos se concentran en operaciones de exportación realizadas por compañías españolas hacia Cuba. Muchas de estas transacciones están vinculadas a sectores clave para la subsistencia de la población cubana, como la sanidad y la alimentación, e incluso incluyen envíos de carácter estrictamente humanitario que el ejecutivo cubano ha dejado de honrar.
Para hacer frente a esta situación, la patronal ha reiterado su respaldo a la «Plataforma de afectados por los impagos del Gobierno cubano», una iniciativa impulsada por la propia organización en el año 2023. Esta plataforma agrupa a empresas de toda España que han sido perjudicadas por la falta de pagos del Estado cubano. Foment ha destacado que más del 40% de las compañías afectadas tienen su sede en Cataluña, lo que convierte a esta comunidad autónoma en una de las más castigadas por la ineficiente gestión financiera del régimen de La Habana.
Las consecuencias de esta morosidad estatal son devastadoras para el sector privado extranjero. «La situación financiera de estas compañías es crítica: más de un 15% han tenido que cesar su actividad o han cerrado, con un impacto directo sobre el empleo», advirtió la organización en sus declaraciones. Este colapso empresarial se produce a pesar de la histórica relación comercial entre ambos países, en la cual España ha mantenido de manera tradicional una posición privilegiada como uno de los principales inversores y proveedores de la Isla.
El problema del endeudamiento del Estado cubano no es una queja aislada del sector privado, sino una realidad reconocida por las propias instituciones españolas. En noviembre de 2024, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del gobierno español, Ismael Arroyo, compareció ante el Congreso de los Diputados y admitió que el monto de la deuda superaba ya los 300 millones de euros acumulados desde 2018. Esta cifra, que ahora ha escalado hasta los 350 millones según los cálculos actualizados de la patronal, evidencia un patrón de impago sistemático por parte de La Habana.
Desde la creación de la Plataforma, los empresarios afectados han trasladado en múltiples ocasiones su preocupación al gobierno central en Madrid y a distintos grupos parlamentarios. El objetivo de estas gestiones es activar mecanismos de compensación o recuperación a nivel diplomático e institucional que permitan evitar el colapso del tejido empresarial exportador. Sin embargo, las gestiones chocan con la falta de liquidez y el hermetismo de las instituciones cubanas, que priorizan el pago de deudas consideradas estratégicas o políticas por encima de las comerciales con el sector privado.
Foment del Treball Nacional, entidad fundada en 1771 que representa a empresarios e industrias catalanas como organización privada e independiente, ha lanzado una advertencia clara sobre las repercusiones de este conflicto. La entidad señaló que la falta de una respuesta efectiva a este impago podría tener graves consecuencias económicas, no solo para las empresas españolas afectadas, sino también para las futuras relaciones comerciales bilaterales. La pérdida de confianza en el mercado cubano desincentivará la inversión y el comercio exterior con la Isla.
El colapso económico y el patrón de impago
El impago a las empresas españolas no es un evento aislado, sino un síntoma más del agotamiento del modelo económico impuesto por la dictadura cubana. La isla atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, caracterizada por una inflación descontrolada, una profunda escasez de divisas, apagones energéticos prolongados y el desabastecimiento crónico de bienes de primera necesidad. La incapacidad del gobierno cubano para generar riqueza y mantener un flujo de caja estable se traslada directamente a sus acreedores internacionales, que asumen el riesgo de comerciar con un sistema centralizado y sin garantías jurídicas reales.
La falta de divisas líquidas obliga al régimen de La Habana a priorizar de manera arbitraria sus compromisos financieros. Mientras el Estado destina recursos a la represión política, el mantenimiento del aparato burocrático y el patrocinio a aliados internacionales, las deudas con proveedores privados extranjeros se acumulan en los balances sin fecha de vencimiento real. Esta dinámica ahoga cualquier intento de reactivación económica interna, ya que la desconfianza generada por el impago reduce el flujo de importaciones vitales para el funcionamiento de la economía nacional y agrava la precariedad de los ciudadanos.
Antecedentes de insolvencia internacional
La morosidad del Estado cubano con empresas extranjeras tiene profundas raíces históricas y forma parte de una larga trayectoria de incumplimientos financieros. Durante la década de 1980, Cuba dejó de pagar su deuda con los países capitalistas, una crisis que se profundizó tras la disolución de la Unión Soviética y la pérdida de los subsidios del campo socialista. Más recientemente, en 2015, las autoridades de la isla firmaron un acuerdo con el Club de París para renegociar una deuda multimillonaria, compromisos que volvieron a incumplir pocos años después debido a la misma falta de capacidad de pago estructural.
A lo largo de la última década, múltiples reportes han documentado cómo empresas de diversos países —incluyendo proveedores de Brasil, Panamá y naciones de la Unión Europea— han tenido que retirarse del mercado cubano o enfrentar bancarrotas tras la negativa del Estado a liquidar sus facturas. La centralización del comercio exterior en manos de empresas estatales con monopolio de importación impide a los proveedores extranjeros tener interlocutores privados solventes, obligándolos a depender de la voluntad y la caja de un ejecutivo cubano en suspensión de pagos crónica.
Implicaciones a futuro
El futuro de las relaciones comerciales entre España y Cuba se vislumbra incierto y tensionado por esta crisis de confianza. Si el gobierno español no logra articular mecanismos de protección efectivos para sus pymes, el sector privado nacional continuará sufriendo pérdidas millonarias que amenazan la estabilidad laboral en territorio ibérico. Por su parte, la dictadura cubana se enfrenta a un creciente aislamiento comercial, donde la falta de crédito y la negativa de proveedores a enviar mercancía sin pago por adelantado profundizarán aún más el desabastecimiento y la crisis estructural de la isla, en un círculo vicioso generado por su propia ineficiencia sistémica y la ausencia de libertades económicas.
