El diario oficial Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, ha publicado un artículo que refuerza el carácter punitivo del Estado sobre la crianza, recordando a los padres que el incumplimiento de sus deberes legales —incluyendo la enseñanza del «amor a la Patria» y el respeto a los símbolos— puede derivar en la pérdida de la custodia de sus hijos mediante sentencia judicial. La advertencia, firmada por una fiscal de la isla, evidencia cómo el ejecutivo cubano utiliza el marco legal de protección a la infancia para consolidar el control ideológico sobre la sociedad.
El texto, redactado por Diana Rosa Simón Gutiérrez, fiscal de la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurídicos, hace un repaso detallado de las obligaciones que impone el artículo 136 del Código de las Familias. Aunque la publicación se reviste de un lenguaje protector hacia la niñez y la adolescencia, en el fondo constituye un recordatorio del poder absoluto que las autoridades de la isla se reservan sobre la vida íntima y la educación en el hogar. La funcionaria subraya que las madres y los padres tienen la responsabilidad ineludible de «dirigir su formación para la vida social; inculcarles el amor a la familia, a la Patria, el respeto a sus símbolos, al trabajo y la debida estimación de sus valores, a la dignidad y la honradez».
La exigencia de inculcar el «amor a la Patria» y el «respeto a sus símbolos» resulta especialmente alarmante en el contexto político de la isla. En el discurso oficial cubano, los conceptos de Nación, Gobierno y Partido Comunista se entrelazan deliberadamente, lo que abre la puerta a interpretaciones estrictamente ideológicas por parte de los tribunales. En la práctica jurídica y social de la isla, esto significa que cualquier padre o madre que exprese disidencia, que critique la gestión pública o que se desmarque del pensamiento único impuesto por el régimen de La Habana, podría ser catalogado como un incumplidor de sus deberes parentales y, en consecuencia, objeto de sanciones.
De hecho, el artículo de Granma explicita las consecuencias jurídicas de no acatar estas directrices. La fiscal recuerda que «ante el incumplimiento grave y reiterado de los deberes que contiene la responsabilidad parental, se puede determinar privar de esta a madres y padres, mediante sentencia dictada en el correspondiente proceso judicial familiar». Entre las causales para perder la patria potestad se enumeran el ejercicio de una «conducta viciosa, corruptora o delictiva que resulte incompatible con el debido ejercicio de la responsabilidad parental» o «inducir al hijo o a la hija a ejecutar algún acto delictivo». La ambigüedad de estos términos en un sistema judicial carente de independencia permite que la dictadura cubana utilice estas figuras legales para perseguir a opositores políticos bajo el pretexto de proteger a la infancia.
El aparato de vigilancia y la delación institucionalizada
El texto publicado por el órgano oficial del Partido Comunista no se limita a enumerar obligaciones, sino que también activa el aparato de vigilancia estatal. Granma insiste en el papel fiscalizador de las instituciones y fomenta la delación al señalar que «cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de actos que atentan contra los derechos y el desarrollo armónico de niñas, niños y adolescentes (…) tiene el deber de informarlo a las autoridades». Las instituciones receptoras de estas denuncias incluyen a la Fiscalía, el Ministerio del Interior (MININT) y las direcciones provinciales de Salud y Educación, entes que responden directamente a las directrices del gobierno cubano.
Esta red de control institucionaliza la intromisión del Estado en la dinámica familiar. Al convertir a ciudadanos, médicos y maestros en potenciales informantes del comportamiento ideológico de los padres, el régimen siembra el miedo y la desconfianza dentro de los propios hogares. La ideologización de la crianza se hace explícita al no distinguir entre el amor a la tierra y la lealtad al sistema político imperante, condicionando el derecho a la familia a la sumisión política.
Antecedentes del control estatal sobre la niñez
La reciente advertencia no es un hecho aislado, sino la continuación de una política histórica de adoctrinamiento que ha caracterizado al sistema cubano desde sus inicios. Desde hace décadas, el Estado ha monopolizado la educación a través de organizaciones como la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), creando un aparato de socialización política que comienza en los primeros años de vida. El Código de las Familias, aprobado en un referéndum en 2022 y presentado internacionalmente como un avance progresista en materia de derechos, contenía desde su gestación resquicios legales como el artículo 136, diseñados para blindar este modelo de control generacional.
En su momento, diversos analistas y juristas críticos alertaron que el Código, si bien incluía figuras novedosas como el matrimonio igualitario o la solidaridad parental, servía también como un caballo de Troya para profundizar la injerencia estatal en la privacidad familiar. La publicación en Granma confirma aquellas advertencias: el texto legal funciona como un instrumento de tutela política donde el Estado se erige como el supervisor supremo de la «idoneidad» de los padres.
Contexto sistemico: La crisis que el Estado ignora
El artículo oficialista resulta particularmente cínico al ignorar por completo el panorama desolador en el que actualmente deben desenvolverse las familias cubanas. Mientras el gobierno cubano exige a los padres que garanticen una formación «armónica» e inculquen valores, la isla atraviesa una de las peores crisis estructurales de su historia. La escasez crónica de alimentos y medicinas, la inflación galopante que destruye el poder adquisitivo de los salarios, y el colapso total de los sistemas de salud y educación pública hacen casi imposible la tarea básica de crianza.
El deterioro de la infraestructura social es evidente en cada rincón del país. Los apagones prolongados, la falta de agua potable y el hacinamiento en viviendas en estado de ruina impactan directamente en el desarrollo físico y psicológico de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, las autoridades de la isla omiten en su discurso legalista que el principal obstáculo para el bienestar infantil no es la falta de «amor a la Patria» en el hogar, sino la incapacidad del régimen para garantizar las condiciones materiales mínimas para la supervivencia.
A esto se suma el drama del éxodo migratorio masivo, que ha fracturado a millones de familias. La desesperación económica ha forzado a cientos de miles de padres a abandonar el país, dejando a sus hijos al cuidado de abuelos u otros familiares en un intento por enviar remesas y asegurar su subsistencia. La separación familiar, promovida indirectamente por la asfixia económica, contradice frontalmente el ideal de protección familiar que el Estado dice defender, evidenciando la hipocresía de un sistema que penaliza la disidencia pero fomenta la desintegración familiar a través de sus fracasos de gestión.
Implicaciones futuras y represión legalizada
La advertencia emitida desde las páginas de Granma proyecta un escenario a futuro donde la represión adquiere matices legales más sofisticados. Al utilizar el Código de las Familias como un mecanismo de castigo, la dictadura cubana encuentra una vía alternativa para silenciar a la disidencia sin recurrir necesariamente a las habituales detenciones en la calle. La amenaza de quitar la custodia de los hijos a padres críticos o activistas políticos representa una forma de tortura psicológica y coacción que puede disuadir a muchos de participar en manifestaciones o de expresar abiertamente su rechazo al sistema.
En conclusión, lo que se presenta bajo la fachada de una política de protección a la infancia es, en realidad, la consolidación de un instrumento adicional de control político y represión. La exigencia de criar bajo los parámetros ideológicos del Partido Comunista, bajo pena de perder a los hijos, demuestra que para el régimen de La Habana los derechos del menor están supeditados a la lealtad al Estado. Ante esta situación, corresponde a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos prestar atención a cómo la legislación familiar en Cuba está siendo instrumentalizada para vulnerar las libertades fundamentales y perpetuar el miedo en la sociedad civil.
