El gobierno cubano anunció la eliminación de los límites de extensión y tiempo para la entrega de tierras estatales en usufructo, una medida destinada a reactivar el colapsado sector agrícola. Aunque se abre la puerta a la inversión privada y extranjera, el Estado conservará la titularidad de los terrenos, lo que genera profundas dudas sobre la real autonomía de los productores en medio de la crisis económica que sufre la isla.
Las nuevas disposiciones, presentadas por el ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, y el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, forman parte del paquete de 176 acciones aprobado por el ejecutivo cubano para intentar \»corregir distorsiones\». Hasta ahora, los solicitantes enfrentaban estrictas restricciones en la cantidad de hectáreas y debían renovar los permisos periódicamente. Con la nueva normativa, la asignación dependerá del \»proyecto productivo\» presentado, eliminando las trabas temporales para personas físicas y jurídicas, e incluyendo a las mipymes, cooperativas y al capital foráneo.
Las autoridades de la isla también introdujeron cambios en la herencia de estos derechos, permitiendo transmitir las concesiones, aunque las disputas legales pasarán a manos de los tribunales. Asimismo, prometen agilizar los trámites burocráticos, que solían tardar meses, a un plazo de entre 15 y 20 días, y flexibilizarán la construcción de viviendas e infraestructuras agropecuarias en las fincas. Sin embargo, el régimen mantiene su esencia centralista: la tierra seguirá siendo propiedad exclusiva del Estado, que controla su asignación y se reserva el derecho de revocar el uso a discreción.
Una apertura diseñada para atraer capital sin ceder poder
Pese a la supuesta apertura, quienes arriesguen capital para recuperar fincas improductivas no obtendrán la propiedad ni garantías plenas sobre la continuidad de sus inversiones. La desconfianza es máxima en un sistema donde la escasez crónica de insumos, combustible y maquinaria hace inviable la producción, y donde la comercialización agrícola sigue bajo el yugo estatal. La medida parece más un intento desesperado de la dictadura cubana por captar recursos externos y privados para sanear tierras ociosas, sin otorgar la libertad económica real que el campo exige. Este anuncio ocurre en un escenario crítico: la caída sostenida de la producción, la escasez alimentaria y el incremento de las importaciones son consecuencia directa de décadas de excesivo control estatal y deterioro de la infraestructura.
En definitiva, la nueva Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, prevista para este mes, no altera el modelo monopolista que ha asfixiado al campesino cubano. Mientras el gobierno cubano mantenga el control absoluto sobre los medios de producción y la distribución, estas reformas resultan ser meros parches que maquillan una crisis estructural. La falta de garantías jurídicas y la perpetua injerencia estatal seguirán desincentivando la inversión, prolongando el desabastecimiento y empujando a miles de cubanos al éxodo migratorio ante la incapacidad del sistema para garantizar la seguridad alimentaria básica.
