Las autoridades de la isla notificaron a los familiares del capitán del Ministerio del Interior Adriel Adrián Socarrás Tamayo que su cuerpo no será trasladado a Cuba tras su fallecimiento en territorio venezolano. El oficial, uno de los 32 militares cubanos muertos durante la operación estadounidense del 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro, perdió la vida en un enfrentamiento armado mientras formaba parte del anillo de seguridad del gobernante chavista.
La notificación fue transmitida por funcionarios del Partido Comunista y fuentes militares en el municipio Yara, provincia de Granma, donde reside parte de la familia del oficial. Según relataron allegados a la prensa independiente, el gobierno cubano argumentó la existencia de un escenario bélico y restricciones operativas en los aeropuertos venezolanos para justificar la imposibilidad del traslado. Sin embargo, los familiares denunciaron la opacidad del ejecutivo cubano al no ofrecer detalles sobre las circunstancias exactas del deceso ni confirmar la ubicación actual del cadáver.
Socarrás Tamayo, de 32 años y residente en Matanzas, llevaba alrededor de dos años desplegado en la nación suramericana. Aunque su familia sabía que cumplía una misión en el extranjero, desconocía que su labor consistía en integrar el cordón de seguridad directa de Maduro. Un familiar cercano confirmó que el jefe de la unidad militar del capitán en Cuba se comunicó para informar que el oficial \»murió combatiendo, tiro a tiro\» durante la incursión. Durante su estancia en Venezuela, su única conexión con la isla era el envío periódico de remesas a su madre, esposa e hijos.
Reconocimiento tardío de la presencia militar en Venezuela
La confirmación de estas muertes obligó a la dictadura cubana a publicar por primera vez un listado con los 32 nombres de los uniformados fallecidos, entre los que figuran oficiales de alto rango y reservistas. El régimen de La Habana afirmó que los militares \»cumplían misiones a solicitud de órganos homólogos\» del país sudamericano. Esta declaración supone un giro forzado en la narrativa oficial, tras años de negar sistemáticamente la injerencia y el despliegue de tropas cubanas para sostener las estructuras de poder chavistas.
El incidente expone no solo el profundo nivel de penetración de La Habana en la seguridad interna de Venezuela, sino también el trato dispensado por el gobierno cubano a sus propias fuerzas armadas y a sus familias, quienes ahora enfrentan el duelo en medio del silencio informativo y la imposibilidad de realizar un entierro digno. La situación plantea interrogantes sobre el destino final de estos agentes y subraya la vulnerabilidad del personal militar utilizado como herramienta de respaldo geopolítico por la dictadura, en medio de una crisis estructural que ha mermado las capacidades operativas y logísticas del Estado cubano.
