Las autoridades de la isla han comenzado la liberación de 2.010 personas sancionadas, en cumplimiento de un indulto aprobado por el Ejecutivo. Aunque ya se ha constatado la salida de una veintena de presos de la cárcel de La Lima, en La Habana, el gobierno cubano no ha publicado ninguna lista oficial de beneficiados, generando una profunda preocupación por la falta de transparencia y la exclusión de los presos políticos en esta medida.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) justificó la medida como un \»gesto solidario humanitario y soberano\» vinculado a las celebraciones religiosas de la Semana Santa. Según la versión oficial, los beneficiados son jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años y personas próximas a cumplir su condena. Sin embargo, el comunicado excluye explícitamente a quienes cometieron delitos graves y a reincidentes, pero guarda silencio absoluto sobre la situación de los cientos de ciudadanos encarcelados por motivos políticos tras las protestas del 11 de julio de 2021.
Opacidad y liberaciones condicionadas
El aspecto más crítico de este anuncio es la total ausencia de información pública. La dictadura cubana no ha divulgado nombres, expedientes ni criterios verificables que permitan auditar el proceso. Esta misma opacidad fue denunciada por la organización no gubernamental Cubalex tras la liberación de 51 personas el pasado mes de marzo, donde se verificó que al menos 21 eran presos políticos a quienes no se les otorgó libertad plena, sino que fueron sometidos al cumplimiento del resto de su sanción bajo condiciones específicas y arbitrariedades.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional han alertado reiteradamente sobre estas prácticas. La entidad documentó que los procesos de liberación anunciados por las autoridades estuvieron marcados por la falta de criterios claros y la ausencia de transparencia. Además, se comprobó que varias de las personas liberadas en procesos anteriores fueron forzadas al exilio, mientras que otras fueron devueltas a las prisiones, demostrando que las excarcelaciones funcionan más como una herramienta de presión política que como un verdadero acto de justicia.
Una estrategia para lavar la imagen internacional
Este nuevo indulto se produce en medio de una profunda crisis estructural que ha generado un éxodo migratorio sin precedentes y un colapso generalizado de los servicios públicos en la isla. Al presentar estas liberaciones como actos humanitarios, el régimen de La Habana intenta mejorar su deteriorada imagen frente a la comunidad internacional, especialmente en el contexto de sus contactos con el Vaticano. No obstante, mientras la represión y la persecución política continúen siendo la tónica del poder, estas medidas resultan cosméticas. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben mantener la exigencia de una amnistía incondicional para todos los presos de conciencia y el cese de la violencia estatal contra la ciudadanía.
