El Ministerio de Justicia de Cuba ha iniciado un proceso para desconocer la reelección de José Ramón Viñas Alonso como Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, con el objetivo de sustituirlo por Lázaro Cuesta Valdés, un antiguo dirigente expulsado de la orden y con vínculos al poder. La maniobra representa un nuevo episodio de injerencia estatal sobre las instituciones fraternales y civiles de la isla, en un contexto de creciente represión contra cualquier espacio de autonomía organizativa que escape al control del Estado.
La masonería cubana, una de las fraternidades más antiguas y numerosas del país con más de 25.000 miembros y más de 300 logias distribuidas en todo el territorio nacional, atraviesa una profunda crisis institucional provocada por la intromisión directa del aparato burocrático del Estado. La orden se divide en dos grandes cuerpos: la Gran Logia de Cuba, que rige los grados del 1 al 3 bajo el liderazgo del Gran Maestro; y el Supremo Consejo del Grado 33, que gobierna los grados superiores (del 4 al 33) y es dirigido por el Soberano Gran Comendador, cargo que actualmente ocupa Viñas Alonso tras su reelección en marzo de 2025.
El argumento esgrimido por la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia, encabezada por Miriam García, sostiene que Viñas ha excedido el límite de mandatos al permanecer en el cargo desde 2015. Sin embargo, los registros internos y la propia legalidad reconocida por el ministerio en su momento demuestran lo contrario. Viñas asumió formalmente el puesto por elección en 2017, año en el que, con el aval de la propia García, se aprobaron los nuevos estatutos que limitan a tres mandatos de tres años la permanencia en el cargo. Por tanto, su reelección de 2025 corresponde a su tercer y último mandato legal. La ofensiva gubernamental se fundamenta en una interpretación manipulada de la normativa interna para justificar una destitución que no tiene amparo en los estatutos de la fraternidad.
Represión y vigilancia contra la disidencia masónica
La hostilidad hacia Viñas no es un fenómeno reciente ni estrictamente administrativo. El líder masónico se ha convertido en una figura incómoda para la dictadura cubana debido a su postura crítica frente al autoritarismo y la violación sistemática de los derechos humanos. Viñas fue uno de los pocos dirigentes fraternales que se pronunció públicamente durante las protestas masivas del 11 de julio de 2021, lo que le valió una vigilancia constante por parte de la Seguridad del Estado. Diversas fuentes internas señalan que la campaña para deslegitimar su mandato se ha intensificado tras su reelección, con funcionarios del Registro de Asociaciones convocando a líderes de todo el país para presionarlos a exigir nuevas elecciones, a pesar de no existir ninguna irregularidad legal en el Supremo Consejo.
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Como parte de esta estrategia de control, el régimen de La Habana ha rescatado la figura de Lázaro Cuesta Valdés, un babalawo de 80 años que fue Soberano Gran Comendador en el pasado y Gran Maestro entre 2015 y 2018. Fue durante este último período cuando designó internamente a Viñas como su sucesor en el Supremo Consejo. Sin embargo, la trayectoria reciente de Cuesta está plagada de controversias que invalidan, desde la perspectiva de los estatutos masónicos, cualquier aspiración al liderazgo. Cuesta fue expulsado recientemente de la institución por «traición a los códigos internos», tras difundir mensajes en los que declaraba ilegal el mandato de Viñas y pedía nuevas elecciones, lo que fue considerado por sus hermanos de logia como una violación grave de los principios de lealtad y fraternidad.
Además de su expulsión, Cuesta Valdés se encuentra bajo proceso judicial en la Gran Logia de Cuba por malversación de fondos durante su etapa como Gran Maestro, una falta que debe ser sancionada con la expulsión definitiva. A esto se suma su actual designación como Masón Grado 33 Efectivo emérito, un estatus que, debido a su edad y trayectoria, le retira oficialmente el derecho al voto y a ejercer cargos dentro del Supremo Consejo. Pese a estos impedimentos legales y éticos, las autoridades de la isla parecen decididas a imponerlo como sucesor, ignorando que los estatutos establecen que la sucesión corresponde a cargos de vicepresidencia internos, actualmente ocupados por personas leales a Viñas.
Conflicto interno en la Gran Logia y la cortina de humo institucional
El foco real del conflicto institucional, según aseguran miembros activos de la fraternidad, no radica en el Supremo Consejo, sino en la Gran Logia. La mayoría de las protestas internas se han dirigido contra Mayker Filema Duarte, actual Gran Maestro, quien ha sido acusado de usurpar el cargo y negarse sistemáticamente a convocar elecciones. El pasado 25 de mayo, los masones, amparados en los estatutos, realizaron una sesión de Alta Cámara a pesar de los intentos de Filema por suspenderla. En esa reunión, desarrollada sin su presencia y por voluntad de la base masónica, Filema fue destituido del cargo. La ofensiva gubernamental contra Viñas es interpretada por muchos como una cortina de humo orquestada desde el poder para sostener a un dirigente plegado al gobierno en la Gran Logia y, simultáneamente, neutralizar al crítico Viñas en el Supremo Consejo.
Contexto: El asedio a la sociedad civil en medio de la crisis estructural
El intento de controlar la masonería no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba y en la estrategia sistemática de la dictadura para asfixiar cualquier espacio de autonomía. En un país sumido en una hiperinflación galopante, un colapso total del sistema eléctrico y de los servicios públicos, y un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado a la isla de su fuerza productiva y juvenil, el gobierno cubano percibe cualquier organización independiente como una amenaza latente. El desabastecimiento crónico y la miseria han generado un caldo de cultivo para el descontento social, lo que ha llevado al régimen a extremar su maquinaria represiva y su obsesión por el control totalitario.
En este escenario de crisis multidimensional, las asociaciones fraternales, religiosas y profesionales se han convertido en objetivos prioritarios para el aparato de Estado. El ejecutivo cubano ha desplegado tácticas de infiltración, chantaje y cooptación de líderes para garantizar que estos espacios no se transformen en focos de disidencia o plataformas desde las cuales se cuestione la gestión oficial. La masonería, por su simbolismo histórico y por defender valores universales como la libertad, la equidad, la tolerancia y el pluralismo, es considerada una estructura inherentemente subversiva que debe ser vigilada y subordinada a los intereses del poder.
La represión contra la sociedad civil se ha recrudecido de manera notable tras las manifestaciones de julio de 2021 y la posterior ola de detenciones, juicios sumarios y condenas arbitrarias. Organizaciones que tradicionalmente mantuvieron un perfil bajo o una postura de supervivencia institucional se ven ahora obligadas a tomar partido frente a un Estado que no tolera la existencia de instituciones que no respondan a la ideología oficial. La injerencia en la masonería es, por tanto, un termómetro del nivel de intolerancia del régimen frente a la pluralidad y la libre asociación.
Antecedentes históricos de la masonería cubana
La masonería en Cuba cuenta con una tradición de más de un siglo y medio, habiendo jugado un papel crucial en la formación del pensamiento independentista, liberal y republicano de la nación. Figuras clave de la historia cubana, incluidos varios próceres de las guerras de independencia del siglo XIX, formaron parte de sus logias, encontrando en ellas un refugio para debatir ideas de soberanía y emancipación frente al colonialismo. A lo largo de las décadas, incluso durante los períodos más duros de la historia republicana y tras el advenimiento del sistema socialista en 1959, la orden logró mantener cierto grado de autonomía organizativa. Ese rasgo de independencia, que permitió la supervivencia de la institución durante más de seis décadas de sistema de partido único, es precisamente el que hoy está siendo sistemáticamente erosionado por el aparato estatal a través del Ministerio de Justicia.
Reacción interna y consecuencias futuras
A pesar de la gravedad de la ofensiva gubernamental, ni el Ministerio de Justicia ni la dirección de la Gran Logia han emitido comunicados oficiales que clarifiquen la situación de manera transparente. El único movimiento visible ha sido la misiva enviada el 27 de mayo por la Dirección de Asociaciones para instar a anular la reelección de Viñas. En respuesta a esta injerencia, el Supremo Consejo ha convocado a una reunión de emergencia para este sábado, donde se espera un pronunciamiento firme frente a lo que consideran una violación flagrante de su soberanía institucional y de sus estatutos internos.
Masones de distintas provincias del país han manifestado su respaldo a Viñas, defendiendo la legitimidad de un liderazgo que ha sido votado y amparado por la ley fraterna. La comunidad masónica se enfrenta así a un momento definitorio: defender su soberanía implica no solo resistir la manipulación estatal, sino también sostener un modelo organizativo basado en la ética y el respeto a la legalidad, un modelo que podría servir de ejemplo para otras asociaciones cívicas en la isla. El intento del gobierno de imponer a Lázaro Cuesta no ha hecho sino profundizar las divisiones internas y acelerar la movilización en defensa de los valores que históricamente han definido a la orden.
El desenlace de este conflicto sentará un precedente sobre la capacidad de las instituciones civiles no partidistas para subsistir en el actual panorama político cubano. La respuesta de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos ante este nuevo capítulo de injerencia estatal será crucial para medir el costo político que asumirá el régimen por su hostigamiento a la sociedad civil. Mientras tanto, la determinación de los masones cubanos de resistir la imposición de líderes afines al poder se erige como uno de los pocos frentes de defensa institucional en un país donde la independencia organizativa es cada vez más un lujo perseguido por el Estado.
