La representación diplomática estadounidense en Cuba reiteró su exigencia para que el régimen de La Habana libere a los cientos de ciudadanos encarcelados tras las históricas protestas del 11 de julio, advirtiendo que el tiempo se agota para las autoridades de la isla.
A través de un comunicado público, la Embajada de Estados Unidos recordó que han transcurrido cinco años desde las manifestaciones que sacudieron a más de medio centenar de localidades exigiendo libertad y mejoras en las condiciones de vida. La sede diplomática denunció que centenares de personas continúan privadas de libertad por el simple ejercicio de su derecho a la libre expresión, exigiendo la excarcelación inmediata de quienes incluso ya cumplieron sus condenas, como es el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Este pronunciamiento se suma a las recientes declaraciones del jefe de la Misión de EE. UU. en Cuba, Mike Hammer, durante un acto por el Día de la Independencia estadounidense en La Habana. El diplomático calificó a la Seguridad del Estado como \»una máquina represiva\» que, en una crítica directa al colapso energético de la isla, \»sí tiene gasolina\» para acosar a la sociedad civil. Hammer mencionó expresamente a activistas como Maykel Castillo Pérez (Osorbo), Félix Navarro y Sayli Navarro, advirtiendo a la dictadura cubana que \»se les está acabando el tiempo\».
Presión diplomática y crisis estructural
En consonancia con la postura de la embajada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió una declaración oficial instando al gobierno cubano a implementar \»reformas reales, paz y prosperidad, antes de que sea demasiado tarde\». Rubio reiteró el compromiso de Washington de mantener la presión diplomática mientras persista la violación sistemática de los derechos humanos y el encierro de opositores pacíficos en la isla.
Las exigencias internacionales ocurren en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa el país, caracterizada por una inflación galopante, un éxodo migratorio sin precedentes y un desabastecimiento crónico de combustible y alimentos básicos. La respuesta del ejecutivo cubano ante el descontento social ha sido el endurecimiento represivo y la criminalización de la protesta, utilizando el aparato judicial para silenciar cualquier intento de disidencia y evitar un nuevo estallido popular.
La presión conjunta de la diplomacia estadounidense subraya el aislamiento creciente del régimen frente a la comunidad internacional. La negativa de las autoridades de la isla de abordar las demandas ciudadanas del 11J no solo perpetúa el sufrimiento de decenas de familias divididas por la represión, sino que augura un escenario de mayor inestabilidad política y social en el corto plazo, complicando cualquier vía de diálogo o alivio económico para la nación.
