La Fiscalía General de Bulgaria ha revelado detalles de una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero atribuido al régimen de Nicolás Maduro, que logró mover cerca de 500 millones de euros entre 2017 y febrero de 2019 a través del banco búlgaro Investbank. El caso, que expone la profundidad de la corrupción estatal venezolana, arroja luz sobre los mecanismos financieros transnacionales que utilizan los regímenes autoritarios de la región, incluida la dictadura cubana, para evadir sanciones internacionales, saquear las arcas públicas y mantener su aparato de represión y control pese al colapso económico de sus naciones.
De acuerdo con documentos de la institución búlgara citados por el medio de investigación Bivol, el voluminoso flujo de capital se canalizó a través de 101 cuentas bancarias que, paradójicamente, no pertenecían a 101 titulares distintos. Todas estas cuentas especiales estaban bajo el control de un único intermediario legal: el abogado búlgaro Tsvetan Tsanev. Las pesquisas señalan a Tsanev no solo como el responsable legal del movimiento de los fondos, sino que también existen indicios sólidos de que habría actuado como un accionista encubierto del propio Investbank, lo que facilitó la opacidad de las transacciones.
La magnitud del fraude se hace evidente al contrastar el total del dinero movilizado con los montos que finalmente pudieron ser localizados e inmovilizados por las autoridades. El informe detalla que, mientras casi 500 millones de euros ingresaron al sistema financiero búlgaro, alrededor de 450 millones de euros se esfumaron rápidamente hacia cuentas offshore vinculadas al chavismo. A petición expresa de las autoridades estadounidenses, solo lograron embargarse 46 millones de dólares, una fracción minúscula que evidencia la agilidad y sofisticación de la red para evadir los controles internacionales.
El rastro del dinero y la red de evasión
El caso captó la atención de la comunidad internacional a inicios de 2019, cuando los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña difundieron información sobre un primer rastreo de 150 millones de dólares en Investbank. La gravedad del hallazgo obligó a realizar una rueda de prensa conjunta el 13 de febrero de 2019, donde comparecieron autoridades búlgaras junto al entonces embajador estadounidense en Sofía, Eric Rubin. El diplomático enfatizó la necesidad de trabajar en conjunto para evitar el saqueo de la riqueza venezolana y apoyar un futuro democrático, reconociendo que Bulgaria era un eslabón clave en una operación a gran escala para exportar activos estatales, tal como denunció posteriormente el diputado opositor Carlos Paparoni.
Pese a la alarma internacional, la justicia búlgara actuó con una lentitud que benefició al esquema. La Fiscalía Especializada inició una investigación preliminar el 26 de febrero de 2019, pero el proceso fue archivado recientemente, el 4 de junio de 2024, bajo el argumento de que el caso se trasladaba a Estados Unidos por estar en «mejor posición» para investigarlo. Sin embargo, el dinero ya había sido redirigido a paraísos fiscales en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Los registros de acceso a la banca electrónica mostraron cientos de direcciones IP desde Estados Unidos y Venezuela, operando incluso cuando los apoderados de Tsanev no estaban en esos países, lo que confirma la intervención directa de intermediarios y estructuras estatales venezolanas.
Investbank intentó lavar su imagen en 2019 argumentando que todas las transferencias estaban respaldadas y vinculadas al suministro de alimentos a Venezuela, negando cualquier conexión con la estatal petrolera PDVSA. No obstante, los expedientes del caso desmienten esta versión y revelan que el banco operó como un eslabón intermedio en una compleja cadena que pasaba por Portugal, Liechtenstein y Suiza. El flujo de dinero provenía directamente de empresas del Estado venezolano como PDVSA, la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).
La conexión Cuba-Venezuela en el saqueo estatal
La investigación identifica a la entidad suiza Swiss Latam AG, posteriormente renombrada como Acantos Advisors AG, como un organizador central del esquema. Esta empresa no solo reclutaba clientes y coordinaba aperturas de cuentas, sino que recibía un porcentaje por la disposición de los fondos. Los expedientes iniciales ya apuntaban a que estos recursos estaban vinculados con sociedades instrumentales de Alex Saab y Álvaro Pulido, figuras centrales en el esquema de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) en Venezuela. Es en este punto donde la trama conecta directamente con el régimen de La Habana, dado que Saab y su red de corrupción han sido históricamente utilizados también para canalizar recursos y combustible hacia la isla.
El gobierno cubano ha mantenido durante décadas una relación de dependencia simbiótica con el chavismo, beneficiándose del flujo de petróleo venezolano a precios preferenciales y de la inserción de empresas de la isla en los contratos estatales venezolanos. El saqueo de PDVSA y de Corpovex no es un fenómeno aislado que afecte únicamente a la nación suramericana; representa, en la práctica, el desangramiento de la principal fuente de subsidio externo que ha mantenido a flote la economía cubana. Mientras el dinero se evaporaba en cuentas offshore en Europa y Asia, las estructuras militares y políticas que controlan ambos países aseguraban su supervivencia financiera a costa del hambre de sus pueblos.
Impacto en la crisis estructural cubana
El descubrimiento de este lavado de dinero en Bulgaria debe leerse a la luz de la profunda crisis estructural que asola a Cuba. La isla atraviesa uno de sus peores momentos económicos, caracterizado por una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y apagones energéticos que superan las 10 horas diarias en gran parte del territorio nacional. Esta debacle ha provocado el mayor éxodo migratorio de la historia reciente, con cientos de miles de cubanos huyendo hacia Estados Unidos y otros países en busca de supervivencia. Sin embargo, las élites del poder en La Habana y sus aliados en Caracas acumulan cientos de millones de euros en el exterior, evidenciando una grotesca disparidad entre el sufrimiento ciudadano y la opulencia criminal de las cúpulas gobernantes.
La dictadura cubana ha perfeccionado el arte de la opacidad financiera, utilizando empresas fantasma y intermediarios en jurisdicciones de baja regulación para evadir el embargo comercial estadounidense y las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. El caso de Investbank muestra cómo operan estas redes: mediante la complicidad de abogados como Tsanev y funcionarios bancarios con flagrantes conflictos de intereses, como Dimitriyka Andreeva, quien era representante de Tsanev y miembro del Consejo de Supervisión del banco al mismo tiempo. Esta misma falta de transparencia institucional es la que permite a las autoridades de la isla ocultar el destino real de los ingresos por turismo, remesas y exportaciones de servicios médicos.
Mientras el Banco Nacional Búlgaro (BNB) guarda silencio sobre un presunto «paraguas institucional» que protegió estas operaciones, y se denuncia la evaporación de 300 millones de levas de los depositantes del banco, en Cuba la situación refleja un patrón idéntico. La población no tiene acceso a la información sobre cómo se administran los recursos del Estado, controlados mayoritariamente por la empresa militar GAESA. La ausencia de libertades públicas, la censura estricta y la represión contra cualquier intento de escrutinio ciudadano garantizan que esquemas similares a los del chavismo en Europa puedan ejecutarse impunemente desde La Habana.
Implicaciones futuras y respuesta internacional
El traslado del proceso penal a Estados Unidos marca un punto de inflexión crucial para la justicia regional. Si las autoridades estadounidenses logran rastrear los 450 millones de euros desaparecidos y procesar a los responsables, se sentaría un precedente vital para desarticular las redes financieras que nutren al autoritarismo en el hemisferio sur. La impunidad con la que han operado figuras como Alex Saab y sus socios ha permitido que el régimen de La Habana y el chavismo venezolano se perpetúen en el poder, financiando el aparato de seguridad que reprime a la disidencia y silencia a la prensa independiente.
La comunidad internacional y la Unión Europea enfrentan el reto de endurecer sus controles regulatorios. El hecho de que un banco europeo haya servido de puente para lavar el dinero de empresas estatales empobrecidas exige una auditoría profunda por parte del Banco Central Europeo sobre la licencia de Investbank. Mientras no se cierre el grifo de la complicidad financiera internacional, las dictaduras de Cuba y Venezuela seguirán encontrando resquicios legales para financiar su maquinaria de control social. Para los ciudadanos de ambas naciones, que padecen cotidianamente la escasez y la violencia estatal, la resolución de este caso representa una pequeña esperanza de que la justicia alcance, eventualmente, a los verdaderos responsables de su desgracia.
