El gigante portuario de Singapur, PSA International, ha eliminado a Cuba de su directorio público de operaciones, un movimiento que se produce en el contexto de la reciente ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra el conglomerado militar que controla la economía de la isla. Aunque la empresa asiática no ha emitido un comunicado oficial sobre el cese de sus actividades, la medida refleja el creciente aislamiento comercial del régimen de La Habana y la vulnerabilidad de sus principales infraestructuras logísticas.
PSA International, vinculado durante más de una década a la gestión de la Terminal de Contenedores de Mariel, actualizó su red global el 20 de julio, retirando silenciosamente a la isla de su lista de operaciones. Hasta el momento, la compañía singapurense no ha explicado los motivos de este cambio ni ha anunciado formalmente la terminación de su contrato de gestión. Sin embargo, esta decisión ocurre en un momento de máxima tensión y coincidiendo con una escalada de sanciones estadounidenses contra las entidades vinculadas al puerto cubano.
Tres días después de la actualización del directorio de PSA, el 23 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A. en su «Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas». La designación responde a los vínculos directos de la terminal con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que monopoliza gran parte del comercio exterior y la economía interna del país.
En la misma actualización de la OFAC, fue sancionada la empresa Coral Marítima S.A., vinculada al Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR). El Departamento de Estado estadounidense detalló que GAESA, a través de la Terminal de Contenedores de Mariel, había transferido el control del puerto a Coral Marítima en una operación llevada a cabo a mediados de junio con el evidente propósito de evadir las sanciones impuestas por Washington.
Esta maniobra de reestructuración empresarial fue comunicada a los clientes de la terminal a finales de junio. En ese momento, las autoridades de la isla informaron que la terminal había vendido su patrimonio a Coral Marítima S.A., la cual constituyó la filial Terminales Portuarias Coral S.A. para asumir el negocio. «Durante el periodo que dure la transición, TCM S.A. continuará asumiendo las operaciones», aseguró la empresa en un comunicado reproducido por medios especializados, garantizando que la terminal mantendría su funcionamiento pleno y disponía de los recursos necesarios.
El historial de PSA International en Cuba se remonta a 2010, cuando ganó la licitación internacional para administrar la Terminal de Contenedores de Mariel, firmando el contrato de gestión en 2011. El acuerdo no contemplaba una inyección de capital de la compañía singapurense, sino su participación en la planificación, equipamiento y operación del puerto. La infraestructura fue inaugurada en enero de 2014 con la promesa de convertirse en el principal centro de carga marítima del país, sustituyendo a las anticuadas instalaciones de La Habana.
El control militar de la economía y el impacto de las sanciones
La eventual salida de PSA International de la isla tiene implicaciones profundas para la ciudadanía. El puerto del Mariel concentra una parte esencial de la recepción de contenedores, alimentos, materias primas, vehículos y otras mercancías destinadas al mercado nacional. Cualquier disrupción en la operativa de esta terminal, ya sea por falta de socios estratégicos o por el temor de las navieras a ser sancionadas, amenaza con agravar aún más el desabastecimiento crónico que sufre la población.
El control de la dictadura cubana sobre la economía a través de GAESA es el factor determinante en este escenario. La estructura militar que gestiona el comercio exterior opera sin ningún control democrático, transparencia fiscal ni rendición de cuentas. Las sanciones de EE. UU. están diseñadas precisamente para asfixiar esta arquitectura de poder, que se beneficia del monopolio estatal mientras la población enfrenta una inflación desbocada, salarios devaluados y la imposibilidad de acceder a productos básicos.
Este episodio no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la crisis estructural sistémica que atraviesa la isla. El régimen de La Habana ha demostrado una incapacidad recurrente para atraer inversión extranjera directa y sostenida, debido a la inseguridad jurídica, el centralismo asfixiante y la constante amenaza de incumplimiento de contratos. La salida de un operador del calibre de PSA subraya el fracaso del modelo económico impuesto y el riesgo creciente para las empresas internacionales de mantener lazos comerciales con entidades controladas por el aparato militar.
El aislamiento financiero y la Orden Ejecutiva 14404
PSA se define como uno de los mayores operadores portuarios del mundo, con más de 70 terminales marítimas, ferroviarias e interiores en más de 180 emplazamientos de 45 países. La exclusión de Cuba de esa vasta red ocurre bajo el paraguas de la Orden Ejecutiva 14404 del gobierno estadounidense, un régimen de sanciones que advierte explícitamente a empresas y bancos extranjeros sobre los riesgos de realizar operaciones con entidades bloqueadas.
Este factor es capaz de dificultar severamente la contratación, los pagos, los seguros y otros servicios esenciales relacionados con el comercio marítimo. Las grandes navieras y operadores globales dependen del sistema financiero internacional, dominado por el dólar, y cualquier roce con la OFAC puede resultar en multas multimillonarias o la pérdida de acceso al mercado estadounidense. Ante este escenario, el cálculo de riesgo para PSA International se volvió insostenible.
Antecedentes de un proyecto fallido
El puerto del Mariel fue concebido por el ejecutivo cubano como la joya de la corona de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), un proyecto faraónico financiado en gran parte con créditos de Brasil durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. La promesa oficial era crear un hub logístico para el Caribe que atrajera a multinacionales y generara empleos bien remunerados. Sin embargo, más de una década después, la ZEDM ha fracasado en sus objetivos de atraer capital de forma masiva.
El declive del tráfico marítimo hacia Cuba ya era una realidad antes de estas últimas sanciones. La falta de competitividad, los costos ocultos de la burocracia y la obsolescencia de otras infraestructuras de transporte en la isla han limitado el potencial del Mariel. Las maniobras de GAESA para reestructurar la propiedad de la terminal en junio son una clara evidencia de la desesperación del régimen por mantener el flujo de divisas, incluso si eso implica crear empresas pantalla como Coral Marítima, una táctica que Washington ha desmantelado con celeridad.
Implicaciones futuras y consecuencias para la población
La retirada silenciosa de PSA International del directorio de operaciones marca un antes y un después en la viabilidad logística del Mariel. Aunque las autoridades de la isla aseguren que la terminal continuará operando bajo la gestión de entidades nacionales o filiales recién creadas, la pérdida de la expertise técnica y la red de contactos de un operador global de primer nivel es un golpe severo a la eficiencia del puerto.
En el corto y mediano plazo, las consecuencias recaerán directamente sobre la ciudadanía. La reducción en la capacidad operativa del principal puerto de carga del país se traducirá en mayores demoras en la liberación de mercancías, aumento de los costos de flete y, eventualmente, en un empeoramiento del desabastecimiento en los mercados y comercios estatales. La respuesta de la comunidad internacional, en su mayoría silenciosa ante las sanciones a GAESA, indica que el régimen de La Habana tendrá cada vez menos margen de maniobra para sortear el cerco financiero. El aislamiento de las empresas militares se cierra, mientras el costo de la ineficiencia y la represión del Estado continúa pagándose con el hambre y la pobreza del pueblo cubano.