La Encuesta Nacional de Ocupación 2024 revela que uno de cada cinco cubanos trabaja en la informalidad, sin acceso a la Seguridad Social, evidenciando la profunda crisis estructural del mercado laboral impulsada por la ineficiencia del régimen de La Habana.
Los datos emitidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y analizados por el economista Pedro Monreal exponen un mercado laboral en franco deterioro. Con un 20,1% de los trabajadores en situación de informalidad, el país enfrenta una precarización acelerada. Esta condición deja a miles de ciudadanos sin vínculo con la Seguridad Social, lo que resulta crítico en una nación con una población envejecida y un sistema de pensiones notoriamente insuficiente.
La crisis es especialmente severa en el sector no estatal, donde se concentra el 90,1% de la informalidad. Según el vicejefe de la ONEI, Juan Carlos Alfonso Fraga, el 58,5% de los ocupados informales son trabajadores por cuenta propia. Al sumar a los contratados por privados o hogares, siete de cada diez trabajadores en este sector carecen de garantías laborales. La actividad agropecuaria y pesquera es la más vulnerable, absorbiendo casi una cuarta parte de la informalidad nacional, un dato que compromete cualquier estrategia de seguridad alimentaria impulsada por el gobierno cubano.
Ineficiencia institucional y exclusión social
La precariedad laboral no se limita a la falta de empleo, sino a la pésima calidad del mismo. Aunque la tasa de desempleo se mantiene en un bajo 1,7%, el verdadero problema radica en la desprotección de los ocupados. El régimen de La Habana ha permitido que el sector no estatal funcione como un apéndice de baja productividad y exclusión social. Provincias como La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y Camagüey lideran los índices de informalidad, mientras que Guantánamo, la capital y Artemisa muestran las tasas más altas de desempleo, reflejando una geografía nacional uniformemente afectada por la ineficacia estatal.
El economista Pedro Monreal ha señalado directamente al Ministerio de Trabajo y al Instituto Nacional de Actores No Estatales por su incapacidad para garantizar un mercado laboral con protección social adecuada. La inacción de estas instituciones contribuye a generar mayor pobreza y exclusión. Ante este panorama, la depauperación del mercado laboral se consolida como uno de los mayores fracasos del ejecutivo cubano, dejando a la ciudadanía frente a un sistema que, lejos de integrar, expulsa hacia la precariedad y la falta de horizontes.