El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció un nuevo paquete de medidas coercitivas dirigido al conglomerado empresarial militar GAESA y a la compañía Moa Nickel S.A., en una ofensiva para presionar al régimen de La Habana hacia reformas políticas y económicas. La acción, que también sanciona a la nueva cabeza de GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera, amplía el riesgo de bloqueo a instituciones financieras extranjeras que mantengan relaciones comerciales con la cúpula militar de la isla.
Las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump buscan asfixiar financieramente a las estructuras que sostienen a la dictadura cubana. A través del Departamento del Tesoro, Washington incluyó en su lista de nacionales especialmente designados a Lastres Morera, quien relevó a Luis Alberto Rodríguez López-Calleja al frente del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). El bloqueo también alcanzó a Moa Nickel S.A., golpeando directamente uno de los principales rubros exportadores que nutren las arcas del poder en la isla.
Desde su cuenta en la red social X, Rubio justificó la ofensiva argumentando que el gobierno cubano ha subastado el territorio nacional a 90 millas de la costa estadounidense para operaciones de inteligencia y terrorismo extranjero. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la presión se mantendrá hasta que las autoridades de la isla adopten transformaciones sustanciales. Esta postura se ampara en la Orden Ejecutiva 14404, que cataloga las acciones de La Habana como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE.UU., autorizando el bloqueo de activos en sectores estratégicos como energía, minería, defensa y finanzas.
Impacto en la estructura económica de la isla
El endurecimiento del cerco financiero llega en un momento de profunda crisis estructural en Cuba, marcada por una inflación galopante, el colapso de los servicios públicos y un éxodo migratorio sin precedentes. GAESA controla la mayor parte del sector turístico, el comercio minorista en moneda libremente convertible y parte de la industria extractiva, operando como un monopolio que margina al sector privado emergente y concentra la riqueza en la cúpula militar. Al sancionar a su máxima líder y abrir la puerta a castigos contra la banca global que opere con el conglomerado, el ejecutivo cubano enfrenta un escenario aún más restrictivo para captar divisas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estableció un periodo de gracia hasta el 5 de junio para que las entidades extranjeras liquiden operaciones pendientes con GAESA, pero advirtió que cualquier transferencia futura hacia partes sancionadas será severamente castigada. Esta extraterritorialidad de las sanciones obligará a bancos y empresas internacionales a reevaluar sus riesgos al comerciar con Cuba, lo que podría profundizar el aislamiento financiero del régimen. A mediano plazo, la medida restringe aún más la capacidad del gobierno para importar bienes básicos, un efecto que, si bien busca forzar un cambio político, recaerá inevitablemente sobre una ciudadanía ya sumida en el desabastecimiento crónico.
