La Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) renunció a participar en el grupo multidisciplinario impulsado por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la empresa estatal ETECSA, argumentando que el espacio ha sido diseñado para el fortalecimiento corporativo en lugar de la rendición de cuentas. En un comunicado público, el estudiantado exigió la revocación de las medidas del 30 de mayo de 2025 y denunció la creciente represión por parte de la Seguridad del Estado, que ha obligado a varios activistas a retirarse del movimiento para proteger su integridad física.
La decisión de los alumnos de FAMCA emerge como un acto de rebeldía institucional frente a la estrategia oficial diseñada por el régimen de La Habana para apaciguar la indignación social tras el anuncio del aumento de las tarifas de internet. A través de un pronunciamiento fruto de una deliberación colectiva, los estudiantes señalaron que el encuentro gestionado por ETECSA se desarrolla bajo los términos de la empresa, omitiendo la participación de profesores y especialistas externos. Para el estudiantado, esta dinámica no busca evaluar las responsabilidades de las autoridades, sino negociar prebendas que excluyen a amplios sectores de la población cubana.
En su texto, la comunidad estudiantil calificó de «inaceptable» la articulación de este grupo multidisciplinario mientras se mantengan vigentes las medidas impuestas unilateralmente el pasado 30 de mayo de 2025. La exigencia principal radica en la creación de una comisión auténtica, integrada por estudiantes, profesores y representantes de la sociedad civil, que tenga la facultad de auditar y evaluar la escala de responsabilidades de los funcionarios involucrados en la política de precios. Esta postura choca directamente con la verticalidad del gobierno cubano, acostumbrado a imponer diálogos condicionados desde la cúpula del poder.
Represión y amedrentamiento contra el estudiantado
La nota de FAMCA también hace un recuento de las presiones ejercidas por agentes de la Seguridad del Estado, lo que ratifica la actitud agresiva de la dictadura cubana ante un movimiento pacífico que, a pesar de ver ignoradas sus demandas, ha mantenido la voluntad de dialogar. Ante el acoso, el comunicado precisa que los estudiantes señalados por los órganos represivos se retirarán del activismo como medida de protección. Esta retirada táctica evidencia el nivel de riesgo que enfrentan los jóvenes que se atreven a cuestionar las decisiones del poder en la isla.
El hostigamiento no se limita a la capital. En la provincia de Las Tunas, estudiantes de la carrera de Medicina han denunciado actos de intimidación durante reuniones con autoridades académicas, así como visitas domiciliarias por parte de agentes del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior. En un audio difundido recientemente, una estudiante de medicina relató cómo ha sido señalada como «cabecilla» y «contrarrevolucionaria» por su participación en los reclamos, sufriendo amenazas veladas que ponen en riesgo su futuro profesional.
La joven, cuya identidad se ha protegido por motivos de seguridad, cuestionó el despliegue de agentes estatales bajo el pretexto de la «profilaxis». Argumentó que los problemas académicos deben ser tratados por las altas autoridades de la universidad y la representación de la FEU, y no por personal del DTI. Además, expresó una profunda preocupación por el impacto emocional y físico que estas visitas intimidatorias generan en su entorno familiar, cuestionando qué funcionario se haría responsable si el acoso le provocara un problema de salud a su madre, quien padece de hipertensión.
Sus declaraciones fueron respaldadas por otros estudiantes en la misma reunión, quienes confirmaron que las represalias no son un caso aislado. Las amenazas de impedir el acceso a la especialización médica tras seis años de estudio se utilizan como arma de chantaje para silenciar el disenso, demostrando la instrumentalización de la educación superior como mecanismo de control político.
De la queja institucional al movimiento descentralizado
Lo que comenzó como una serie de pronunciamientos canalizados a través de la estructura oficial de la FEU se ha transformado en un movimiento descentralizado que recorre las principales universidades del país. Desde la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana hasta la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, miles de estudiantes han cuestionado no solo el tarifazo de ETECSA, sino también el profundo deterioro del sistema educativo y la falta de transparencia en las políticas públicas. El silencio de las autoridades de la isla y la respuesta institucional alineada con el poder han catalizado aún más el descontento.
Los alumnos de FAMCA han enfatizado que su facultad no impulsará acciones independientes hasta tanto no se consolide un consenso entre las diferentes universidades. En su comunicado, reiteraron su repudio a la actitud indolente de ETECSA y los Órganos de la Seguridad del Estado, haciendo un llamado a la integración universitaria y civil en defensa de demandas que conciernen a todo el pueblo de Cuba.
Contexto: El tarifazo como síntoma del colapso estructural
El aumento de los precios de las telecomunicaciones no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. El régimen de La Habana enfrenta un déficit crónico de divisas, una inflación descontrolada y un colapso productivo que ha mermado la capacidad adquisitiva de la población. En este escenario, el gobierno cubano ha recurrido a medidas extractivas, cargando el peso del ajuste económico sobre los ciudadanos comunes. El acceso a internet, vital para la comunicación, el comercio informal y la información, se ha convertido en un lujo, profundizando la brecha de desigualdad y aislando aún más a la isla del resto del mundo.
El monopolio estatal de ETECSA opera como una herramienta de control tanto económico como político. La empresa, sin competencia ni regulación independiente, impone tarifas en divisas o su equivalente en moneda nacional a precios inalcanzables para el salario medio cubano. Esta política de estrangulamiento económico se complementa con la represión social y la censura, creando un ambiente donde la exigencia de derechos básicos es tratada como un delito de Estado. El éxodo migratorio masivo de los últimos años, que ha diezmado a la fuerza laboral y estudiantil de la nación, es un reflejo directo de esta falta de expectativas y de la asfixia cívica.
Históricamente, el estudiantado universitario ha sido un termómetro de la tensión social en Cuba. Las actuales movilizaciones evocan la necesidad de una verdadera autonomía universitaria, suprimida hace décadas por el sistema unipartidista. La respuesta de la dictadura cubana, mediante el despliegue del aparato represivo del DTI y la Seguridad del Estado contra jóvenes pacíficos, confirma la renuencia del poder a permitir cualquier forma de organización independiente o crítica dialéctica.
Implicaciones y panorama futuro
La negativa de FAMCA a participar en una mesa de diálogo amañada y la denuncia de las tácticas de amedrentamiento en Las Tunas marcan un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la juventud cubana. El régimen se enfrenta a una generación que, a pesar de la censura y el miedo, utiliza las herramientas de comunicación disponibles para organizarse y exigir rendición de cuentas. La amenaza de truncar carreras universitarias y el acoso domiciliario reflejan el agotamiento de los métodos persuasivos del ejecutivo cubano, que ahora recurre abiertamente al chantaje profesional para silenciar el disenso.
El futuro inmediato apunta a una escalada de tensiones dentro de los campus universitarios. Si las autoridades de la isla mantienen el tarifazo y optan por profundizar la represión en lugar de ceder a las demandas estudiantiles, podrían desencadenar un ciclo de protestas de mayor magnitud. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos observan de cerca la situación, ante el riesgo de que la isla experimente nuevos episodios de violencia estatal. La unidad estudiantil y la integración con la sociedad civil emergen como los únicos contrapesos frente a un sistema que ha fracasado en garantizar el bienestar y las libertades fundamentales de su pueblo.
