La Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de La Habana rompió el silencio institucional y exigió la renuncia inmediata del presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Ricardo Rodríguez González. El pronunciamiento, que evidencia una profunda fractura en la cúpula estudiantil oficialista, se produce en medio de la ola de protestas contra el aumento de las tarifas de internet impuesto por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y la consecuente declaración de paros académicos en varias facultades del país.
A través de un manifiesto difundido en redes sociales, la FEU de la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social (FHS) señaló la «clara incapacidad» de Rodríguez González para representar los intereses del estudiantado. La exigencia de renuncia marca un punto de inflexión en la relación entre las bases estudiantiles y la dirigencia nacional, históricamente alineada con las directrices del gobierno cubano. Los firmantes argumentan que la máxima dirigencia estudiantil debe su responsabilidad actual a los universitarios, y no a las instancias del poder político que históricamente han cooptado la organización.
El documento no solo cuestiona al líder nacional, sino que extiende su crítica a la presidenta de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, a quien acusaron de mantener una postura «conformista, pasiva y poco crítica» frente a las decisiones gubernamentales. Este pronunciamiento fue redactado tras un encuentro entre estudiantes y directivos de ETECSA y de la propia universidad, un espacio donde, según los estudiantes, los representantes de la empresa estatal mostraron «ambigüedad, constante justificación, inacción e incapacidad de dar respuestas» ante el descontento generalizado.
En su texto, los estudiantes de la FHS reclaman un «intercambio horizontal y transparente con las máximas autoridades del país» y reiteraron su respaldo a las medidas de presión adoptadas por otras facultades, como Matemática y Computación, que han convocado a la no asistencia a actividades docentes. A diferencia de la narrativa oficial, que intenta reducir el problema a un fallo en la comunicación de las nuevas ofertas, el estudiantado afirma que el rechazo popular se debe a la adopción de medidas basadas únicamente en la racionalidad económica, ignorando por completo el devastador impacto social que estas tienen en la población.
Ruptura con los canales oficiales y paro académico
La pérdida de confianza en los canales institucionales quedó evidenciada en un video filtrado de una reunión en la Universidad de La Habana. En la grabación, dos estudiantes intervinieron con contundencia para ratificar el paro académico y cuestionar la legitimidad de los espacios de diálogo promovidos por las autoridades. «Quisiéramos tener la confianza y quisiéramos dar el voto de fe, pero es demasiado lo que hemos estado viendo», expresó una de las estudiantes, dejando claro que la medida de fuerza continuará con la convocatoria a la no asistencia a clases.
Otro joven, identificado como Sebastián y presidente de la FEU de la Facultad de Matemática y Computación, cuestionó la utilidad de los encuentros con funcionarios frente a los espacios en los que el régimen intentó justificar el tarifazo. «Creo que debimos haber aprovechado más los dos espacios que tuvimos en la Mesa Redonda», señaló el estudiante, refiriéndose a los programas televisivos oficiales dedicados a convencer a la ciudadanía de la supuesta necesidad del aumento de las tarifas de internet en la isla. Sus palabras reflejan el agotamiento frente a un aparato propagandístico que ya no logra convencer ni siquiera a los cuadros estudiantiles emergentes.
El movimiento estudiantil, que comenzó a tomar forma tras el anuncio del «tarifazo» de ETECSA el 30 de mayo, ha trascendido los pronunciamientos institucionales para convertirse en una movilización independiente. Desde la Facultad de Matemática y Computación se declaró un paro indefinido a partir del 4 de junio, exigiendo un encuentro público con los directivos de la empresa de telecomunicaciones y el reconocimiento institucional del reclamo. «No se trata de una protesta sectorial, sino de un reclamo por una sociedad con todos y para el bien de todos», destacaron, reivindicando una frase histórica para subvertir el discurso del poder.
El alcance de la indignación ha superado los límites de la capital. En la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, estudiantes de primer año de la carrera de Letras emitieron un comunicado denunciando las precarias condiciones del sistema universitario cubano. Ante esta efervescencia, la respuesta institucional ha sido el cierre y el alineamiento incondicional con el poder. La Universidad de La Habana publicó un comunicado condenando las protestas como «convocatorias totalmente alejadas del espíritu» universitario, culminando con una reafirmación de lealtad al Partido Comunista de Cuba. ETECSA, por su parte, ha ignorado las demandas sustanciales y se ha limitado a ofrecer un paquete «preferencial» de 12 GB por 720 CUP, una medida simbólica e insuficiente que no apaga la indignación.
Contexto: El colapso estructural y la censura digital
El estallido estudiantil no ocurre en un vacío, sino que es síntoma de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La economía de la isla se encuentra sumida en una hiperinflación galopante, con un salario real que no permite cubrir las necesidades básicas de alimentación, transporte y vivienda. En este escenario, el acceso a internet se ha convertido en una herramienta vital no solo para el estudio, sino para la supervivencia económica a través de las remesas, el trabajo independiente y la comunicación con el exterior. El aumento de tarifas por parte de ETECSA no es un ajuste técnico aislado, sino una medida que golpea de manera desproporcionada a una ciudadanía empobrecida por décadas de mala gestión por parte del régimen de La Habana.
Además, el control de la conectividad es un pilar fundamental para la censura y el control social ejercido por la dictadura cubana. Limitar el acceso a datos móviles restringe la capacidad de los ciudadanos para organizarse, denunciar abusos y acceder a información independiente, en momentos donde la represión política y la persecución a activistas se han incrementado. La respuesta de las autoridades de la isla, que privilegian el recaudo de divisas por encima del derecho a la información, revela la naturaleza extractiva del modelo económico impuesto, donde los servicios públicos funcionan como monopolios estatales sin rendición de cuentas ni participación ciudadana en la toma de decisiones.
Implicaciones y panorama futuro
La fractura dentro de la FEU y la declaración de paros académicos representan un desafío inédito para el control hegemónico que el gobierno cubano ha ejercido sobre la universidad durante más de seis décadas. La exigencia de renuncia a Ricardo Rodríguez González simboliza el rechazo de una nueva generación a las estructuras de representación cooptadas por el poder. En el futuro cercano, es probable que el ejecutivo cubano intente combinar concesiones mínimas con medidas de presión, advertencias internas y amenazas veladas para desarticular el movimiento, evitando a toda costa que la protesta estudiantil se generalice a otros sectores de la sociedad civil.
Sin embargo, la madurez política mostrada por estos estudiantes, que se declaran capaces de organizarse «sin sucumbir a la influencia de entes externos», augura un periodo de tensión y resistencia que el régimen difícilmente podrá silenciar con sus métodos habituales de simulación y control institucional. La comunidad internacional observa con atención cómo las nuevas generaciones de cubanos, hartas del desabastecimiento y la falta de libertades, comienzan a ocupar los espacios cívicos que el sistema les tenía vedados. El desenlace de esta confrontación no solo definirá el rumbo de la política universitaria, sino que podría marcar un hito en la descomposición del aparato ideológico del Estado cubano.
