A casi un mes del paso del huracán Melissa por la provincia de Santiago de Cuba, estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas denuncian que las autoridades educativas los han obligado a retomar las actividades académicas y permanecer en residencias estudiantiles sin condiciones mínimas de higiene, alimentación ni acceso a agua potable, en medio de un repunte epidemiológico que mantiene en alerta a toda la provincia oriental.
La reincorporación al aula fue apresurada y se desarrolló por etapas: primero fueron convocados los alumnos de sexto año, apenas días después de que el ciclón atravesara la región, y posteriormente el resto del estudiantado. Esta decisión se tomó pese a que persistían —y persisten— calles bloqueadas por escombros, cortes intermitentes de electricidad y un desabastecimiento generalizado de agua potable en gran parte del territorio provincial. Para muchos estudiantes, el regreso no respondió a una evaluación real de los daños sino a la urgencia institucional de mostrar normalidad donde no la hay.
Las denuncias comenzaron a circular en redes sociales a principios de noviembre, cuando el comunicador Yosmany Mayeta publicó en Facebook el testimonio de un estudiante de Medicina que describía un panorama desolador: casas sin techo, barrios sin servicio eléctrico, falta de agua y escasez de alimentos. El joven cuestionaba abiertamente cómo podía retomarse el curso sin que se hubieran evaluado las pérdidas reales, «como si nada hubiera pasado». La publicación generó un debate entre usuarios que coincidieron en que ni docentes ni alumnos estaban preparados para reiniciar las clases en tales circunstancias.
El anuncio oficial y la realidad de los centros educativos
A pesar del descontento generalizado, el director Provincial de Educación, Raúl Samon Soto, anunció en una comparecencia televisiva que el martes 11 de noviembre los centros educacionales de Santiago de Cuba recibirían a sus estudiantes, en lo que calificó como «un proceso de reanimación paulatina del curso escolar, teniendo en cuenta los daños ocasionados». En la práctica, sin embargo, la reapertura fue desigual: mientras algunas instalaciones retomaron actividades ese día, otras no lo hicieron hasta el 19 de noviembre o incluso después, evidenciando la falta de coordinación y la disparidad de condiciones entre los distintos centros.
El huracán Melissa afectó a más de 800 escuelas (entre ellas, 84 con daño total en la cubierta y 17 derrumbes totales) (Foto de la Facultad No. 2 de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba: Cortesía)
El caso de la Facultad No. 2 de la Universidad de Ciencias Médicas ilustra con particular crudeza la brecha entre el discurso oficial y la realidad material. La instalación ha estado operando sin que se hayan realizado reparaciones esenciales. Las áreas exteriores permanecen cubiertas de escombros y árboles caídos. El edificio presenta filtraciones, persianas destruidas y otros daños estructurales que no han sido atendidos. A esto se suma el estado de las residencias estudiantiles, donde los jóvenes reportan recibir comida en mal estado y agua turbia, condiciones que agravan el riesgo sanitario en una provincia ya golpeada por enfermedades transmitidas por vectores.
Estudiantes utilizados como fuerza laboral sustituta
Dos estudiantes de sexto año, que pidieron proteger su identidad por temor a represalias, relataron que se les exige asistir a clases y a todas las actividades programadas sin excepción, incluyendo guardias hospitalarias en condiciones que califican de extremas. Según explicaron, esta presión no responde únicamente al cumplimiento del programa docente: una parte considerable del estudiantado es utilizado como fuerza laboral para suplir tareas que deberían corresponder a profesionales de la salud ya graduados. «Buena parte de nosotros es usada como fuerza laboral para suplir tareas que deberían desempeñar profesionales de la salud», afirmó una de las estudiantes, residente en el municipio de Palma Soriano.
Durante las guardias, que pueden extenderse entre 12 y 24 horas consecutivas, se les asignan funciones ajenas a su formación académica: llenar documentación administrativa, realizar mandados, buscar resultados de laboratorio, trasladar indicaciones médicas entre departamentos y cubrir el déficit de personal en los hospitales. También han sido incorporados a pesquisas epidemiológicas sin que se les provea de los medios de protección adecuados, lo que los expone directamente a contagios en medio del brote de chikunguña que afecta a la provincia.
El agua que reciben los estudiantes (Foto: Cortesía)
Estipendios impagos y precariedad cotidiana
A la carga académica y laboral se suma la irregularidad en el pago de los estipendios. El subsidio mensual de 800 pesos —cantidad ya de por sí insuficiente frente a la inflación galopante que sufre la isla— ha llegado a retrasarse hasta dos meses. Recientemente, los estudiantes cobraron dos mensualidades al mismo tiempo, pero solo después de que la primera denuncia se hiciera pública en redes sociales, lo que sugiere que la administración reaccionó exclusivamente por la presión del escrutinio público y no por una gestión planificada.
«Nos exigen venir como si todo estuviera normal, pero seguimos sin agua limpia ni comida suficiente. Las guardias son agotadoras y hacemos tareas que no nos corresponden», relató otra alumna de sexto año, residente en la ciudad de Santiago de Cuba. Su testimonio sintetiza la sensación compartida por gran parte del estudiantado: el retorno a las aulas no ha sido un proceso de recuperación sino una imposición que ignora las condiciones materiales reales en las que se desarrolla la vida académica y cotidiana en la provincia.
Contexto: crisis estructural y vulnerabilidad sistémica
La situación que viven los estudiantes de Medicina en Santiago de Cuba no es un evento aislado provocado exclusivamente por el huracán Melissa, sino la manifestación aguda de una crisis estructural que lleva años erosionando la infraestructura social y sanitaria de la isla. El sistema de salud cubano, alguna vez presentado como uno de los pilares del modelo, atraviesa un colapso que combina falta de medicamentos, deterioro de las instalaciones hospitalarias, éxodo masivo de profesionales y déficit crónico de personal. En este contexto, el uso de estudiantes como mano de obra sustituta no es una medida de emergencia sino una práctica que se ha normalizado ante la imposibilidad del sistema de retener a sus médicos y enfermeros, muchos de los cuales han emigrado o se encuentran en misiones internacionalizadas.
Baño en una de las residencias (Foto: Cortesía)
El huracán Melissa ha actuado como un acelerador de vulnerabilidades preexistentes. Las residencias estudiantiles ya presentaban problemas crónicos de higiene, alimentación y mantenimiento antes del ciclón. La escasez de agua potable, los cortes eléctricos y la falta de alimentos suficientes son realidades que el estudiantado cubano enfrenta de manera cotidiana, independientemente de los eventos meteorológicos. Lo que el huracán ha hecho es llevar estas condiciones a un punto de ruptura, exponiendo con mayor crudeza la incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos a su población, incluso a aquellos sectores —como los estudiantes de salud— que sostienen la operatividad del sistema.
El brote de chikunguña que afecta a Santiago de Cuba añade un elemento de urgencia sanitaria a un panorama ya de por sí crítico. Los estudiantes denuncian la ausencia de fumigación y de medidas de protección vectorial en las residencias y centros de salud, lo que los expone a contagios en un entorno donde el sistema epidemiológico ha perdido gran parte de su capacidad de respuesta. La propagación de enfermedades transmitidas por vectores ha sido una constante en los últimos años en varias provincias orientales, vinculada directamente al deterioro del sistema de vigilancia y control sanitario, así como a la acumulación de desechos y focos de insalubridad que las autoridades no logran contener.
Antecedentes: un patrón de improvisación y abandono
La respuesta del ejecutivo cubano ante desastres naturales ha seguido en los últimos años un patrón recurrente: anuncios de recuperación que no se materializan, promesas de distribución de recursos que llegan tarde y de manera insuficiente, y una priorización de la imagen de normalidad sobre la atención real de las necesidades de la población. Tras el paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba en 2012, las promesas de reconstrucción se extendieron durante años, y muchas viviendas afectadas nunca fueron reparadas. Más recientemente, el terremoto registrado en la zona de Pilón en 2016 dejó secuelas que aún persisten en la infraestructura de several municipios orientales. En todos estos casos, la población afectada ha denunciado la misma dinámica: declaraciones oficiales que no se traducen en acciones concretas y un abandono que se prolonga mucho más allá de la fase de emergencia.
El caso de los estudiantes de Medicina se inscribe en esta misma lógica. La decisión de reiniciar el curso sin garantizar condiciones mínimas no responde a una planificación seria sino a la presión por mantener la apariencia de funcionamiento del sistema educativo y sanitario. Para el régimen de La Habana, la continuidad del curso académico es un indicador que se quiere preservar a toda costa, incluso al precio de exponer a cientos de jóvenes a condiciones insalubres, agotamiento físico y riesgo epidemiológico. La prioridad institucional, señalan los estudiantes, está en cumplir el calendario, no en garantizar la integridad y el bienestar de quienes deben transitarlo.
Una crisis que se profundiza
Para estudiantes y familiares, el retorno a las aulas en Santiago de Cuba representa más un cumplimiento burocrático que una garantía real de condiciones dignas para el aprendizaje. Muchos jóvenes no han podido reparar sus hogares, recuperar pertenencias perdidas ni asegurar servicios básicos estables para sus familias. La exigencia de que asistan a clases y cumplan guardias hospitalarias en medio de esta situación personal y colectiva revela una profunda desconexión entre las decisiones del poder central y la realidad material que vive la población. Lo que los estudiantes piden, en última instancia, es que se reconozca la crisis humanitaria que aún atraviesan y que se actúe en consecuencia, en lugar de fingir una normalidad que nadie vive.
La percepción general entre el estudiantado es que este regreso a clases ha significado volver a la misma precariedad estructural de siempre, pero ahora agravada por la emergencia sanitaria y los estragos del huracán. La falta de respuesta institucional efectiva, la represión implícita en el temor a denunciar públicamente y la utilización de los estudiantes como tapón humano para cubrir las deficiencias del sistema sanitario configuran un escenario que refleja con claridad la responsabilidad del gobierno cubano en el deterioro sostenido de las condiciones de vida y formación en la isla. Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene una postura de baja intensidad frente a la crisis cubana, y las implicaciones de este abandono institucional se traducen, cada día, en mayor sufrimiento para sectores como el estudiantil, que sostiene sobre sus hombros el funcionamiento de un sistema que no los protege.
