La Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana ha convocado un paro académico indefinido a partir del 4 de junio, sumándose a una ola de protestas que se extiende por varios centros de educación superior de la isla. El movimiento, que surgió como rechazo al aumento de las tarifas de internet impuesto por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) el pasado 30 de mayo, ha evolucionado hacia una crítica profunda del modelo económico dependiente de remesas y ha generado una respuesta amenazante por parte de las autoridades universitarias y la dictadura cubana.
Lo que inicialmente se manifestó como pronunciamientos aislados canalizados a través de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), ha mutado hacia una movilización autónoma y articulada desde las bases estudiantiles. Las exigencias han trascendido el reclamo sectorial para cuestionar la falta de transparencia en la gestión estatal y el modelo de exclusión digital que penaliza el acceso a la información para la mayoría de la población.
La Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social (FHS) emitió un comunicado público donde manifestó su «rotundo desacuerdo con las nuevas tarifas de ETECSA y su rechazo absoluto a los paquetes de datos móviles para estudiantes universitarios». En el texto, los estudiantes subrayaron que su protesta no busca privilegios corporativos, sino que se fundamenta en «la justicia social y el derecho de todos los ciudadanos cubanos a acceder a la información, la comunicación, el trabajo, el estudio y el ocio».
Convocatoria a paro y exigencias de diálogo
El paso más decisivo lo dio la Facultad de Matemática y Computación (MATCOM) a través de su canal oficial de Telegram, donde anunció el paro académico indefinido. El documento, redactado de manera colectiva, exige la revocación inmediata de las medidas tarifarias, la realización de un encuentro público con los directivos de ETECSA y la inclusión de la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones. «No se trata de una protesta sectorial, sino de un reclamo por una sociedad con todos y para el bien de todos», reza el comunicado, en un guiño retórico que retoma frases históricas para legitimar el descontento actual.
La movilización no se circunscribe a la capital. En la Universidad Marta Abreu de Las Villas (UCLV), los estudiantes de primer año de la Facultad de Letras publicaron una declaración donde detallan las condiciones precarias que atraviesan dentro del sistema educativo, evidenciando que el colapso institucional afecta por igual a todo el archipiélago. El periodista y académico José Raúl Gallego valoró esta evolución señalando que «un parón docente es muy distinto al pronunciamiento institucional de los primeros comunicados», augurando que la medida se extienda a todo el país.
Respuesta institucional: amenazas y lealtad al Partido
Ante la progresión del descontento, la dirección de la Universidad de La Habana emitió un comunicado institucional con tono claramente disuasivo. Aunque aseguró haber mantenido «reuniones abiertas» con ETECSA y promovido el debate, el cierre del mensaje fue inequívoco: «Nada ni nadie interrumpirá nuestros procesos docentes con convocatorias totalmente alejadas del espíritu que ha animado los intercambios». Lejos de propiciar el diálogo, el régimen de La Habana utiliza las instituciones educativas como aparatos de control, y el texto remata con una advertencia política directa: «La Universidad de La Habana no claudica en su esencia revolucionaria y en su misión de acompañar al Partido Comunista de Cuba y al Gobierno».
La represión no se ha hecho esperar en los pasillos universitarios. La académica Alina Bárbara denunció públicamente que los estudiantes están comenzando a recibir amenazas y presiones por parte de profesores. «Es una vergüenza…. Recuerden que esta es parte de la historia que será escrita, una donde las capturas de pantalla con sus amenazas los cubrirá de oprobio», advirtió la profesora, evidenciando los métodos de coacción que la dictadura emplea habitualmente para silenciar la disidencia en el ámbito académico.
El tarifazo de ETECSA y el modelo de dependencia
El detonante de esta crisis es la política implementada por ETECSA el 30 de mayo, que elevó drásticamente el costo de la conectividad. Ante el clamor generalizado, la empresa estatal ofreció un paquete «preferencial» de 12 GB por 720 CUP destinado a los universitarios. Sin embargo, esta medida ha sido calificada como una migaja simbólica que no resuelve el problema de fondo. En un país donde el salario medio estatal ronda los 4.000 CUP, destinar una quinta parte de los ingresos mensuales a un paquete de datos que se agota rápidamente es un lujo inalcanzable para la mayoría.
El gobierno cubano ha consolidado a lo largo de los años un modelo económico que pivota sobre la captación de divisas, especialmente a través de las remesas enviadas por el exilio. ETECSA opera como un monopolio estatal que cobra sus servicios en moneda nacional pero cuyas estructuras de costos y utilidades están atadas al dólar, extrayendo la riqueza de los ciudadanos para sostener la caja fiscal del Estado. Las demandas estudiantiles desnudan este modelo excluyente, donde el acceso a un derecho fundamental como la comunicación queda supeditado a la capacidad de pago en divisas extranjeras.
Contexto de crisis estructural y antecedentes de protesta
Esta explosión de descontento universitario no ocurre en el vacío, sino que se inserta en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos, el colapso del sistema eléctrico y la devaluación constante del peso cubano han mermado drásticamente la calidad de vida. En este escenario, el acceso a internet es la única vía que tienen los cubanos para comunicarse con sus familiares emigrados, informarse fuera del cerco mediático oficial y, en muchos casos, trabajar o estudiar de manera remota.
Los antecedentes de movilización estudiantil en Cuba reciente muestran una tendencia a la radicalización del discurso frente a la intransigencia del poder. Las protestas del 27 de noviembre de 2020, frente al Ministerio de Cultura, marcaron un hito al demostrar la capacidad de articulación de los jóvenes fuera de las estructuras oficialistas. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido sistemáticamente la criminalización, la expulsión de estudiantes y la persecución política, tácticas que la dictadura cubana mantiene vivas para evitar que el descontento social se traduzca en un cambio político real.
El actual paro académico representa un desafío inédito en la última década, al provenir del corazón de la educación superior pública, tradicionalmente considerada un bastión de lealtad al régimen. La exigencia de transparencia y la crítica directa al modelo económico suponen una fractura en el discurso hegemónico que el ejecutivo cubano intenta imponer. La negativa de ETECSA a ofrecer respuestas sustantivas y la amenaza directa de las autoridades universitarias indican que las autoridades de la isla no están dispuestas a ceder en su política de captación de divisas, ni a tolerar espacios de autonomía estudiantil.
Implicaciones a futuro
La evolución de este paro académico definirá el panorama social de los próximos meses en Cuba. Si la movilización logra consolidarse y extenderse a otras facultades y provincias, el régimen de La Habana se enfrentará a un frente de protesta con alta legitimidad social y moral, difícil de desacreditar con la etiqueta habitual de «infiltración extranjera». Por el contrario, si la represión institucional y las amenazas logran fracturar el movimiento, enviarán un mensaje disuasivo a otros sectores de la sociedad civil.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen la mirada puesta en el desarrollo de estos acontecimientos. La represión a estudiantes por el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y la libre expresión podría acarrear nuevas condenas diplomáticas y un mayor aislamiento del gobierno cubano. Lo que está en juego en las aulas universitarias no es solo el precio de un megabyte de internet, sino el derecho de la ciudadanía a exigir cuentas a un poder que ha gobernado sin control democrático durante más de seis décadas.
