La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), único monopolio estatal de las comunicaciones en la isla, alertó sobre la proliferación de sitios web fraudulentos que clonan sus identificaciones para ofrecer recargas internacionales a precios más bajos. El régimen de La Habana reconoce que estas trampas generan pérdidas económicas y saturan la red, aunque la verdadera crisis del sector radica en la falta de competencia, la deficiente infraestructura y la criminalización de alternativas tecnológicas por parte de las autoridades.
Arelys González Fernández, directora central de Relaciones Institucionales de la compañía, declaró al diario estatal Juventud Rebelde que durante los últimos años han aumentado los portales falsos que suplantan la identidad de la empresa. Estos sitios engañan a los usuarios ofreciendo paquetes atractivos que, en realidad, utilizan números privados para desviar sumas de dinero hacia redes de estafadores, alejándose de los distribuidores oficiales y del control del Estado.
Según la directiva, estas prácticas no autorizadas no solo perjudican al usuario final, sino que ocasionan severas pérdidas de ingresos a la empresa estatal. El gobierno cubano argumenta que estos recursos son supuestamente necesarios para la modernización y ampliación de la infraestructura tecnológica, un argumento que contrasta radicalmente con la realidad de millones de cubanos que sufren diariamente interrupciones del servicio, velocidades de conexión ínfimas y una atención al cliente deficiente.
González Fernández detalló que ETECSA ha recibido múltiples quejas de clientes que creyeron haber sido beneficiados con una recarga internacional, pero que en la práctica no disfrutan de los beneficios reales. Entre las ventajas perdidas se encuentran el acceso a determinadas plataformas sin consumo de datos o la navegación con internet ilimitado, prestaciones que solo se garantizan si la transacción proviene de los canales oficiales del régimen.
Frente a este escenario, la empresa telefónica ha emitido una serie de recomendaciones para que la ciudadanía identifique las estafas. El principal indicador de legitimidad, según las autoridades de la isla, es el remitente del mensaje de texto. El SMS debe provenir de la palabra «CUBACEL» en mayúsculas y, por motivos de seguridad, no debe permitir respuesta. Cualquier comunicación proveniente de un número privado, ya sea nacional o extranjero, es considerada un fraude potencial.
Sin embargo, la advertencia de ETECSA obvia el contexto que ha permitido la proliferación de estos fraudes: la desesperación de la población por acceder a servicios de comunicación básicos en un sistema cerrado. Las ofertas no oficiales, aunque riesgosas, resultan atractivas para una ciudadanía asfixiada por la inflación galopante y por los altos precios de las tarifas oficiales, que representan una fracción significativa del salario promedio en el país. La imposibilidad de acceder a planes de datos cómodos empuja a los usuarios a buscar alternativas en la clandestinidad, exponiéndolos inevitablemente a la delincuencia digital.
El caldo de cultivo del fraude en un mercado cautivo
El monopolio de las telecomunicaciones en Cuba ha sido históricamente controlado por el Estado, impidiendo la entrada de actores privados que puedan mejorar la calidad y reducir los costos. Desde la expansión del internet móvil en 2018, ETECSA ha mantenido una política de precios que privilegia la captación de divisas, especialmente a través de las recargas internacionales. Estas transacciones se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos de divisas para el Estado, que impone comisiones y controles estrictos sobre cada operación.
Antecedentes recientes demuestran que el régimen no duda en utilizar su poder para acaparar el mercado. La represión y criminalización de alternativas tecnológicas, como el uso de redes privadas virtuales (VPN) o aplicaciones de mensajería no autorizadas, han sido tácticas constantes de la dictadura cubana para mantener el control de la información y el flujo de datos. La desconexión selectiva de internet durante las protestas del 11 de julio de 2021 evidenció cómo las telecomunicaciones son un instrumento de poder político más que un servicio público destinado al bienestar ciudadano.
Contexto: Crisis estructural y represión digital
La situación de ETECSA no es un fenómeno aislado, sino un reflejo del colapso estructural que atraviesa la isla. Mientras la empresa estatal se queja del estrés adicional en la red por culpa de los estafadores, la realidad es que la infraestructura cubana sufre un deterioro sistemático debido a la falta de inversiones reales y a la burocracia ineficaz del ejecutivo cubano. La red de fibra óptica y las antenas de telefonía móvil sufren un deterioro acelerado por la imposibilidad de importar piezas de recambio, consecuencia directa de la falta de confianza en el sistema financiero del régimen.
A esto se suma el masivo exodo migratorio que ha dejado a familias fragmentadas dependientes de las videollamadas y la mensajería para mantener el contacto. La dictadura cubana ha convertido esta necesidad humana en un negocio rentable, imponiendo tarifas prohibitivas y bloqueando el acceso a plataformas más económicas. La falta de competencia obliga a los usuarios a operar dentro de un ecosistema digital vulnerado, donde el riesgo de fraude es solo una de las múltiples amenazas que enfrentan diariamente en un entorno de represión y vigilancia estatal.
La inseguridad digital que hoy denuncia el régimen es, en gran medida, consecuencia de su propio modelo de gestión. Al mantener un sistema sin competencia, sin transparencia y con una atención al cliente deficiente, el gobierno cubano crea el vacío perfecto para que el mercado negro y la delincuencia digital prosperen. Los ciudadanos se ven atrapados entre el abuso de un monopolio estatal ineficiente y las trampas de redes criminales que explotan la necesidad de comunicación de una población marginada.
Implicaciones y perspectivas futuras
De cara al futuro, la advertencia de ETECSA sobre los fraudes de recargas internacionales parece más una medida para proteger sus ingresos que una política real de ciberseguridad para proteger a los usuarios. Mientras las autoridades de la isla no abran el sector a la competencia y ajusten los precios a la realidad económica de la población, los estafadores seguirán encontrando un terreno fértil para operar. La insuficiencia de los salarios en moneda nacional frente a los precios en divisa de los servicios tecnológicos seguirá empujando a la desesperación a cientos de miles de cubanos.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos digitales deben prestar atención a cómo el régimen de La Habana utiliza el control de las telecomunicaciones para ejercer represión política y censura. La verdadera modernización de la red en Cuba no llegará a través de monopolios estatales que persiguen alternativas, sino cuando se garantice un mercado libre y seguro, donde la conexión a internet sea un derecho accesible y no un privilegio condicionado por el poder y la ideología.
