La empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, ha implementado una drástica subida en los precios de sus servicios móviles argumentando una severa falta de liquidez y un endeudamiento insostenible. Sin embargo, documentos financieros filtrados revelan que RAFIN S.A., una empresa controlada por el ejército y accionista de la telefónica, disponía de más de 400 millones de dólares en efectivo el año pasado, evidenciando una profunda contradicción entre el discurso oficial de escasez y la opulencia de las cúpulas militarizadas del país.
El régimen de La Habana, a través de su monopolio de las telecomunicaciones, anunció recientemente una medida que afecta directamente el bolsillo de la población. Los usuarios ahora solo podrán adquirir un paquete mensual limitado a 6 gigabytes de datos y 60 minutos de llamadas por 360 pesos cubanos, equivalente a un dólar en el mercado cambiario informal. Cualquier consumo adicional, indispensable para la comunicación en la era digital, tendrá un costo superior a ocho veces el precio inicial, colocando el acceso a internet fuera del alcance de la gran mayoría.
Esta política tarifaria implica que un trabajador estatal promedio, cuyo salario mensual ronda los 4.000 pesos cubanos, tendría que destinar la casi totalidad de su ingreso para costear un segundo paquete de navegación. La medida ha generado un rechazo generalizado en la población, que ya enfrenta dificultades insalvables para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y medicinas. La desconexión digital amenaza con aislar aún más a los cubanos, limitando su acceso a la información, el comercio informal y las plataformas de denuncia.
Para justificar el incremento, Tania Velázquez, presidenta de ETECSA, compareció en medios oficiales para pintar un panorama desolador de las finanzas de la empresa. La directiva aseguró que la entidad se encuentra en una «situación extremadamente crítica» debido a la falta de divisas y a una significativa reducción de ingresos en los últimos años. Velázquez reconoció un elevado endeudamiento que, según su versión, impide a la compañía importar tecnología, insumos y equipos necesarios no solo para desarrollarse, sino para mantener la infraestructura actual.
La opacidad financiera del conglomerado militar
Sin embargo, el discurso de penuria choca frontalmente con los documentos financieros obtenidos por el diario Miami Herald. Estos registros demuestran que RAFIN S.A., una entidad bajo el paraguas de GAESA —el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)— y accionista de ETECSA, contaba con 407 millones de dólares en efectivo solo en agosto del año pasado. Esta cifra desmiente la narrativa de bancarrota y revela cómo el gobierno cubano maneja una distribución radicalmente desigual de los recursos disponibles.
Una fuente anónima conocedora de las operaciones de GAESA, citada por el medio internacional, explicó que el conglomerado militar utiliza a RAFIN como un brazo financiero. «GAESA usa a RAFIN para financiar cosas; por eso tiene tanto dinero. No es un banco, pero financia inversiones, proporciona dinero para hoteles y cosas de ETECSA», señaló la fuente, que pidió anonimato por temor a represalias. Esta estructura confirma la militarización de la economía cubana y el control absoluto que ejerce la cúpula castrense sobre los sectores más lucrativos de la isla.
La injerencia de RAFIN en el monopolio telefónico no es un hecho aislado ni reciente. En 2011, esta entidad militar adquirió el 27% de las acciones de ETECSA que pertenecían a Telecom Italia, en una transacción valorada en 706 millones de dólares. En aquel momento, otras entidades estatales vinculadas a GAESA, como el Banco Financiero Internacional, también poseían una parte del paquete accionario. La opacidad gubernamental impide conocer con exactitud la estructura actual de propiedad de la telefónica, pero los datos apuntan a que la empresa genera cuantiosos ingresos en divisas, alimentados en gran medida por las recargas internacionales que los emigrados cubanos compran para sus familiares en la isla.
El escrutinio de los balances consolidados de GAESA arroja aún más luces sobre la disparidad entre la riqueza concentrada en la cúpula militar y la miseria del ciudadano común. Además de los 407 millones de dólares en RAFIN, el conglomerado disponía de 4.300 millones de dólares en efectivo a través de su filial turística Gaviota. Estos abultados recursos reposan en cuentas mientras el país sufre un colapso sistémico, con hospitales sin medicinas, apagones prolongados y una producción agrícola en picada.
Contexto de crisis estructural y control militar
La política de ETECSA no es más que un reflejo de la profunda crisis estructural que asola a Cuba. La economía de la isla se mantiene en recesión crónica, azotada por una inflación descontrolada que devora el poder adquisitivo de los salarios estatales. El desabastecimiento de productos básicos ha empujado a millones de personas a la pobreza extrema, generando un éxodo migratorio sin precedentes hacia Estados Unidos y otras naciones del continente. En este escenario, las remesas y las recargas desde el exterior se han convertido en la principal válvula de escape para la supervivencia de la población, un flujo de divisas que termina siendo capturado por empresas estatales y militares como ETECSA.
El control de GAESA sobre la economía cubana es un factor determinante en la perpetuación de la crisis. Este holding empresarial, que abarca el turismo, el comercio minorista, las telecomunicaciones y la banca, opera bajo una lógica de extracción de divisas que beneficia exclusivamente a la cúpula del poder y a las Fuerzas Armadas. Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre GAESA limitan sus operaciones internacionales, pero no han impedido que el conglomerado acumule enormes reservas de efectivo a costa del sacrificio de la población, que se ve obligada a pagar precios de mercado internacional con salarios deprimidos en moneda local.
Frente a las crecientes críticas, que incluso han surgido desde sectores afines a la dictadura cubana, las autoridades de la isla han mantenido una postura intransigente. Aunque han prometido supuestas «soluciones» para los sectores más vulnerables, el ejecutivo cubano ha eludido cualquier explicación sobre las incongruencias entre su discurso de escasez y la existencia de multimillonarios recursos financieros en entidades controladas por el Ejército. La censura y el control de la información son herramientas fundamentales para mantener esta estructura de privilegios, impidiendo que la sociedad civil audite o demande rendición de cuentas sobre el manejo de la riqueza nacional.
Implicaciones y consecuencias a futuro
La negativa de la dictadura cubana a revertir la medida de ETECSA augura un oscuro panorama para el acceso a la información y la comunicación en la isla. La digitalización de trámites, la educación a distancia y el contacto con familiares en el extranjero se convertirán en lujos inalcanzables, profundizando la brecha social y el aislamiento del pueblo cubano. A mediano plazo, esta política de asfixia económica podría catalizar nuevas tensiones sociales, en un contexto donde la capacidad de respuesta ciudadana se ve cada vez más limitada por la represión estatal y la falta de libertades fundamentales. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán prestar atención a este nuevo capítulo de control y extracción por parte del régimen, que una vez más demuestra que el bienestar de la ciudadanía está subordinado a los intereses financieros de su aparato militar.
