Decenas de manifestantes se congregaron frente a la sede diplomática cubana en Lima para exigir justicia por la presa política Yoleisy Oviedo Rodríguez, fallecida en un campamento de trabajo forzado en La Habana. La protesta, liderada por organizaciones de la diáspora, denuncia la sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen de La Habana y reclama la liberación incondicional de los presos políticos en la isla.
En la noche del pasado martes, un grupo de activistas y ciudadanos solidarios se apostó a las puertas de la Embajada de Cuba en la capital peruana portando carteles, banderas y consignas en repudio al sistema autoritario de la isla. La concentración fue convocada por la campaña «Justicia Cuba Perú» y el «Comando Yoleisy Oviedo Rodríguez», contando además con el respaldo del Comité Peruano de Apoyo a la Democracia en Cuba. Los participantes bloquearon temporalmente el acceso a la sede diplomática para visibilizar su rechazo a la política represiva del gobierno cubano.
El epicentro de la protesta radica en el caso de Yoleisy Oviedo Rodríguez, una madre de dos hijos cuya muerte en custodia estatal ha generado un profundo repudio internacional. Oviedo fue arrestada el 10 de octubre de 2022 en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque, tras sumarse a una protesta espontánea motivada por los prolongados apagones eléctricos y la agudización de la falta de libertades fundamentales. Un año después, en noviembre de 2023, las autoridades de la isla la condenaron a cinco años de prisión, en un proceso judicial carente de garantías que evidenció el carácter punitivo y arbitrario del sistema legal cubano.
El 11 de febrero de 2025, la activista perdió la vida en el campamento de trabajo forzado El Guatao, en La Habana. Durante su encierro, Oviedo padeció múltiples afecciones médicas que fueron sistemáticamente ignoradas por las autoridades penitenciarias. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han calificado las condiciones de su detención y posterior fallecimiento como «inhumanas», señalando directamente a la dictadura cubana por su responsabilidad en el abandono médico, la tortura y el trato cruel hacia los presos de conciencia.
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Una campaña de repudio que trasciende fronteras
La exigencia de justicia por Yoleisy Oviedo no se ha limitado a las calles de Lima. Desde marzo, la campaña en su memoria ha desplegado vallas y carteles en las principales arterias viales de ciudades peruanas, con mensajes que demandan la libertad de Cuba y exponen la tragedia de los presos políticos. Esta estrategia de denuncia ha adquirido una marcada dimensión regional, replicándose en países como Chile, El Salvador, Uruguay y Venezuela, donde la diáspora cubana y organismos de derechos humanos mantienen viva la presión contra el ejecutivo cubano.
Uno de los ejemplos más recientes de esta coordinación internacional ocurrió el pasado 23 de abril, cuando se realizó una protesta similar frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México. El «Comando Yoleisy Oviedo Rodríguez» opera ahora como un movimiento transnacional de base que busca no solo honrar la memoria de la activista, sino exponer la brutalidad con la que el régimen opera para silenciar cualquier atisbo de disidencia, intentando llevar la realidad de la represión insular directamente a las puertas de sus representaciones diplomáticas en el exterior.
Raíces de la represión: El estallido social y el colapso estructural
Para comprender la magnitud de la tragedia de Yoleisy Oviedo, es imprescindible remitirse al contexto en el que fue arrestada. Las protestas de octubre de 2022 en Güines no fueron un hecho aislado, sino la consecuencia directa del colapso estructural que sufre la isla. El desabastecimiento crónico de combustible, sumado a la obsolescencia del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), provocó cortes de luz que superaron las 12 horas diarias en varias provincias. La respuesta del gobierno cubano ante la desesperación ciudadana no fue implementar soluciones estructurales, sino desplegar las fuerzas represivas para criminalizar el descontento social.
La detención y posterior condena de Oviedo se inscriben en la ola represiva que se intensificó tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J). Desde entonces, la dictadura cubana ha endurecido el Código Penal y utilizado figuras jurídicas prefabricadas para encarcelar a cientos de ciudadanos pacíficos. Las prisiones cubanas, caracterizadas por el hacinamiento extremo, la falta de higiene y la deficiente alimentación, funcionan como centros de aniquilación física y psicológica, donde el abandono médico es una táctica deliberada para quebrar la voluntad de los reclusos.
El caso de Oviedo ilustra además la profunda crisis del sistema de salud pública en la isla, una vez aclamado por la propaganda oficial y hoy colapsado por la falta de recursos, medicamentos e infraestructura básica. La negación de atención médica adecuada a los presos políticos es una herramienta de la dictadura para acelerar el deterioro físico de los opositores. Esta política de muerte lenta ha generado una creciente alarma en relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quienes documentan cómo el régimen utiliza el sistema penitenciario como un instrumento de terrorismo de Estado.
Implicaciones y exigencias internacionales
Las protestas en Lima y otras capitales latinoamericanas representan un desafío diplomático y de imagen para las autoridades de la isla, acostumbradas a controlar la narrativa interna mediante la censura, el miedo y el bloqueo de conectividad a internet. La creciente articulación de la diáspora cubana pone en evidencia ante la comunidad internacional la desconexión entre los discursos diplomáticos del gobierno cubano y la realidad de represión y miseria que se vive en el país.
La exigencia de justicia por Yoleisy Oviedo seguirá resonando mientras el régimen persista en su negativa a abrir espacios democráticos, liberar a los presos de conciencia y responder por las violaciones de derechos humanos que manchan su historial. La presión ciudadana en el exterior se erige hoy como uno de los pocos escudos para los activistas que aún resisten dentro de Cuba, en medio de una crisis económica y social que amenaza con provocar nuevos estallidos sociales y, con ellos, una respuesta represiva aún más violenta por parte del Estado.
