El activista Reinier Calderín Socarrás, recién liberado de prisión, ha testimoniado el alcance de los proyectos sociales y de asistencia médica impulsados por el líder opositor José Daniel Ferrer en el reparto Altamira de Santiago de Cuba, una iniciativa que asistió a más de 2.000 personas antes de que la dictadura cubana detuviera al líder de la UNPACU el pasado 29 de abril.
Tras cumplir una condena de cuatro años en la prisión camagüeyana Kilo 8 por los delitos de desacato y atentado, Calderín Socarrás recuperó su libertad el 20 de abril. Su destino inmediato fue la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Santiago de Cuba, donde pudo presenciar de primera mano la maquinaria de solidaridad que opera desde el hogar de Ferrer. En declaraciones a medios independientes, el exprisionero político detalló la eficiencia y el impacto de estas acciones en una ciudadanía sumida en la precariedad más absoluta.
La labor de la UNPACU trascendía la mera distribución de alimentos. Calderín destacó el papel crucial de la doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo, esposa de Ferrer, quien dedicaba sus esfuerzos a la atención médica de la comunidad. Según el testimonio, la profesional de la salud atendía a los enfermos incluso en plena noche, iluminando su espacio de trabajo con lámparas recargables frente a los constantes apagones que azotan el territorio nacional, lo que evidencia el colapso del sistema sanitario estatal y la incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos.
Uno de los proyectos más sensibles desarrollados por el grupo de activistas era un espacio de cuidado infantil que albergaba a unos 10 o 12 niños. Los menores recibían desayuno, almuerzo, meriendas y comida, lo que permitía a sus madres incorporarse al trabajo o buscar sustento para sus familias. Esta iniciativa, sin embargo, fue blanco directo de la represión estatal. Las madres que llevaban a sus hijos a la sede de la UNPACU enfrentaron constantes amenazas de encarcelamiento por parte de la Policía política, una táctica de amedrentamiento que, no obstante, no logró que ninguna de las mujeres claudicara en su decisión de buscar apoyo.
“Vi con mis ojos lo que el régimen quiere ocultar”
El acoso contra la sede de la UNPACU no se limitó a las amenazas verbales. Calderín Socarrás confirmó que el operativo policial es permanente y se mantiene activo pese a que Ferrer se encuentra recluido en la prisión de Mar Verde. La instalación está rodeada por cámaras de vigilancia y todo aquel que se aproxima es fichado e intimidado por los órganos represivos. Además, las autoridades de la isla presionan a los comerciantes locales, deteniendo o amedrentando a quienes intentan vender alimentos a los activistas, obligándolos a desplegar estrategias clandestinas para poder abastecer la ayuda humanitaria.
La táctica de ocultamiento de la represión fue puesta de manifiesto durante la visita de la prensa internacional. Según relató el activista, en las ocasiones en que corresponsales extranjeros se acercaron a la zona, el régimen de La Habana ordenó el retiro inmediato del cerco policial para simular un clima de normalidad. Esta manipulación del escenario es una práctica recurrente del gobierno cubano para evitar el escrutinio internacional sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en las calles de la isla.
Un informe emitido en marzo por la organización Prisoners Defenders respalda el testimonio de Calderín con datos contundentes. El documento establece que, desde la salida de Ferrer de prisión el 16 de enero de 2025 —tras un acuerdo negociado con el Vaticano—, los servicios humanitarios de la UNPACU beneficiaron a más de 2.000 personas distintas. La ONG subraya que esta vocación de servicio ha sido el eje central del accionar de Ferrer desde que inició su activismo en 1991 y constituye la causa principal de la persecución sistemática que enfrenta por parte del Estado.
Contexto de represión y crisis estructural
El accionar humanitario de la UNPACU cobra una relevancia insoslayable en el contexto de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La isla se enfrenta a una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de productos de primera necesidad y el colapso total del sistema de salud pública. En este escenario, la asistencia brindada por organizaciones de la sociedad civil, como la liderada por Ferrer, se convierte en el único refugio para los sectores más vulnerables, a quienes el Estado ha abandonado a su suerte tras décadas de políticas económicas fallidas y falta de libertades.
La respuesta del ejecutivo cubano ante la iniciativa ciudadana ha sido la criminalización. La dictadura cubana no tolera la existencia de estructuras de apoyo independientes que demuestren la incapacidad del Estado para garantizar el bienestar mínimo de la población. La persecución a los activistas que alimentan y curan a los necesitados revela el miedo del poder a perder el monopolio del control social. Mientras cientos de miles de cubanos optan por el éxodo migratorio masivo como única vía de escape, quienes deciden quedarse y ayudar a sus comunidades son silenciados, fichados o encarcelados bajo figuras penales ambiguas.
Antecedentes de una persecución sistemática
La historia de José Daniel Ferrer está indisolublemente ligada a la represión estatal. Su activismo, que comenzó hace más de tres décadas, lo ha llevado a sufrir múltiples encarcelamientos, campañas de descrédito y aislamiento. Su reciente detención el 29 de abril se produce en medio de una nueva ola de hostigamiento contra los opositores que mantienen una voz crítica constante. El traslado de Ferrer a la prisión de Mar Verde es un mensaje intimidatorio hacia la disidencia en el oriente del país, históricamente foco de resistencia cívica y protestas sociales.
Por su parte, Reinier Calderín Socarrás representa a la generación de activistas que han pagado con años de privación de libertad su decisión de exigir derechos fundamentales. Su liberación y su inmediata incorporación a las tareas de apoyo en la sede de la UNPACU demuestran la resiliencia del movimiento opositor cubano, que se reconstruye y reorganiza a pesar de la maquinaria represiva. La condena cumplida por Calderín es un ejemplo más de cómo el sistema judicial en Cuba es utilizado como herramienta de control político para neutralizar a la disidencia.
Implicaciones y futuro
El encarcelamiento de Ferrer y el asedio a la UNPACU dejan a cientos de santiagueros sin una red de contención vital. Las consecuencias inmediatas se traducen en un mayor sufrimiento para las familias que dependían de la ayuda alimentaria y médica que ahora les es negada por decisión del Estado. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos enfrentan el reto de mantener la presión diplomática sobre el régimen de La Habana para exigir la liberación incondicional de Ferrer y el cese del hostigamiento a los activistas humanitarios.
A largo plazo, la criminalización del activismo social en Cuba profundiza la fractura entre la ciudadanía y el poder. El silenciamiento de figuras como Ferrer no resuelve la crisis de subsistencia que vive la población, sino que únicamente elimina a los testigos incómodos del fracaso del modelo impuesto. Las autoridades de la isla apuestan nuevamente por el miedo, pero el testimonio de activistas como Calderín Socarrás asegura que la memoria de la solidaridad y la exigencia de libertad permanezcan intactas frente a la represión sistemática.
