La activista cubana Amelia Calzadilla denunció este domingo que la Seguridad del Estado citó a sus padres, dos personas de la tercera edad con graves problemas de salud, en un nuevo episodio de hostigamiento dirigido a coaccionar su labor política y de denuncia desde el exilio en España. La acción ocurre en el contexto de una creciente criminalización de la disidencia y el uso sistemático de la familia como rehén por parte de las autoridades de la isla.
Según detalló la opositora a través de sus redes sociales, dos individuos —uno de ellos un agente de la Policía Nacional Revolucionaria y otro vestido de civil que no se identificó— se presentaron en la vivienda de sus progenitores, ubicada en el municipio habanero de El Cerro. El objetivo fue entregar una citación oficial exigiendo su comparecencia este martes en la Cuarta Unidad de la Policía. El documento, que carece de motivaciones jurídicas claras, se limita a indicar que se trata de una «entrevista», un eufemismo habitual empleado por los órganos represivos para ejecutar interrogatorios sin garantías procesales.
Calzadilla rechazó de plano la versión oficial y advirtió que la verdadera intención del régimen de La Habana es intimidarla por sus constantes denuncias sobre la precariedad y la crisis humanitaria que atraviesa el país. «Llamen las cosas por su nombre y digan que van a interrogar a dos ancianos enfermos para tratar de coaccionar a su hija que desde el exterior está denunciando y no va a parar de denunciar la precariedad que vive mi país», manifestó la activista, evidenciando la táctica de extorsión psicológica empleada por el aparato de inteligencia cubano.
El estado de salud de sus padres agrava la gravedad de la citación. Su padre, de 84 años, sufrió un infarto cerebral en 2016 que derivó en una demencia senil leve, mientras que su madre, de 65 años, padece de una enfermedad coronaria y arritmias. La activista subrayó que su progenitora no ha podido recibir el tratamiento médico adecuado debido a la profunda crisis estructural y la falta de recursos en el sistema sanitario de la isla, una realidad que afecta a millones de cubanos y que el gobierno cubano intenta invisibilizar sistemáticamente.
URGENTE!!! Quieren reprimir a mis padres
Ante esta situación, Calzadilla asumió una postura firme y responsabilizó públicamente a las fuerzas represivas por la integridad física y psicológica de su familia. «Hago responsable a la Seguridad del Estado, a la inteligencia, a la dictadura cubana y al Partido Comunista de cualquier cosa que le pueda pasar a mis padres», declaró, recordando que esta no es la primera vez que recibe amenazas vinculadas a sus familiares directos.
El hostigamiento actual es la continuidad de una persecución que la obligó al exilio en noviembre de 2023. Durante su estancia en Cuba, la joven fue sometida a constantes interrogatorios, campañas de descrédito, limitaciones laborales y amenazas directas sobre la custodia de sus hijos. Las autoridades llegaron a advertirle sobre un posible procesamiento por el delito de «instigación a delinquir», una figura penal frecuentemente utilizada por la dictadura para criminalizar el ejercicio del derecho a la libre expresión y la protesta social.
De la denuncia ciudadana a la articulación política
Calzadilla alcanzó notoriedad pública en 2022 tras una publicación viral en la que exponía la crítica falta de gas en la isla, una denuncia que resonó con el descontento generalizado de la población ante el colapso de los servicios básicos. Recientemente, en mayo de este año, dio un paso decisivo hacia la actividad política organizada con la presentación en Madrid del Partido Liberal Clásico Cubano (PLC). Esta nueva organización política busca incidir en el debate sobre una eventual transición democrática, proponiendo un programa basado en el liberalismo clásico, la economía de libre mercado y la estricta limitación del poder del Estado.
La creación del PLC marca una evolución en la disidencia cubana, pasando de la denuncia espontánea a la articulación partidista. Este movimiento ocurre en un momento de creciente debate dentro del exilio y la oposición interna sobre las rutas viables para una transformación política en la isla, lo que al parecer ha encendido las alarmas dentro de los círculos de poder en La Habana, ávidos de mantener el monopolio político ejercido durante más de seis décadas.
El uso de la familia como rehén: táctica sistemática de la represión
La citación a los padres de Calzadilla no es un hecho aislado, sino que se inscribe en el modus operandi de la dictadura cubana para neutralizar a sus críticos. La activista advirtió que la represión en el país no se limita a quienes deciden alzar la voz, sino que es extensiva a sus familiares como una forma de tortura psicológica. «Es una violación de los derechos fundamentales», aseguró, evidenciando cómo el aparato estatal penaliza la consanguinidad y la relación afectiva para generar autocensura, miedo y desmovilización.
Esta táctica se ha recrudecido en el marco del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). El régimen, lejos de atender las demandas sociales que motivaron el estallido popular, ha respondido con un endurecimiento de la represión, manteniendo a cientos de presos políticos en condiciones precarias y hostigando a quienes, desde dentro y fuera de la isla, exigen su liberación y el respeto a los derechos humanos. La acción contra los padres de Calzadilla parece ser una represalia directa en el contexto de esta efeméride.
Contexto de crisis estructural y colapso institucional
Las acciones de la Seguridad del Estado contra la familia de Calzadilla ocurren en medio de una de las peores crisis estructurales que ha atravesado el país en las últimas décadas. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, los apagones prolongados y el colapso del sistema sanitario han empujado a un éxodo migratorio histórico. Ante la incapacidad de ofrecer soluciones económicas, el gobierno cubano ha optado por el control social mediante la vigilancia, la coacción y la represión selectiva.
El caso de los padres de la activista ilustra la doble cara de la crisis nacional: por un lado, la imposibilidad de acceder a un tratamiento médico adecuado por el deterioro del sistema de salud; por el otro, la instrumentalización de esa misma vulnerabilidad por parte de la policía política para amedrentar a los opositores en el exilio. La falta de medicinas y la ineficiencia hospitalaria se convierten, en manos del Estado, en herramientas de chantaje contra quienes denuncian dichas carencias.
Ante este nuevo episodio de hostigamiento, Calzadilla reiteró su determinación de no ceder ante la intimidación. «No voy a permitir ni que me intimiden, ni que me amenacen, ni que me callen utilizando a mi familia», afirmó, reiterando su compromiso de continuar denunciando la situación de los presos políticos y las violaciones de derechos humanos en Cuba «hasta que se caiga la dictadura». El evento plantea nuevamente el reto para la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos para monitorear y condenar el uso de la familia como herramienta de extorsión política por parte del Estado cubano, exigiendo garantías para los ciudadanos que no participan en actividades opositoras y que son víctimas colaterales de la persecución política.
