El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmó la muerte de Yunierkis Gómez Lozano, una mujer de 43 años, en el municipio de Cumanayagua, provincia de Cienfuegos. El caso eleva a 40 los feminicidios documentados por plataformas independientes en lo que va de 2026, un incremento superior al 110 % respecto al mismo período del año anterior, lo que evidencia el agravamiento de la crisis de seguridad y la inacción gubernamental frente a la violencia machista.
De acuerdo con la investigación realizada por la organización independiente, Gómez Lozano —conocida como Yunita— perdió la vida tras caer desde la azotea de una vivienda durante un forcejeo con su pareja, quien posteriormente se quitó la vida. El monitoreo de la organización, basado en testimonios de la comunidad, permitió constatar antecedentes de violencia en la relación, elemento clave que determinó la clasificación del suceso como feminicidio. La víctima deja atrás a dos hijos adolescentes, fruto de esa misma relación.
El caso de Cienfuegos se suma a una alarmante tendencia nacional. Las cifras compiladas por el OGAT indican que, además de los 40 feminicidios consumados, se han registrado 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida durante el presente año. La organización mantiene abiertas las investigaciones sobre 12 posibles casos y tres intentos más pendientes de confirmación, mientras continúa exigiendo acceso al expediente judicial de Anais Tamayo Puente, otro caso que permanece en la opacity institucional.
Invisibilidad estatal y colapso institucional
La ausencia de estadísticas oficiales periódicas y la inexistencia de políticas públicas efectivas para prevenir y erradicar la violencia de género son el caldo de cultivo para esta tragedia. Las autoridades de la isla han minimizado sistemáticamente la gravedad del problema, obligando a la sociedad civil a asumir el rol de recopilación de datos a través de redes de denuncia ciudadana. Esta omisión del Estado se inscribe en el marco más amplio del colapso estructural que atraviesa Cuba, donde la precariedad material, el desabastecimiento y la falta de expectativas se entrelazan con la impunidad y la inacción judicial frente a los delitos de género.
El silencio oficial de la dictadura cubana frente a la escalada de violencia machista no solo invisibiliza a las víctimas, sino que agrava la vulnerabilidad de las mujeres en la isla. Ante la negativa del ejecutivo cubano de reconocer la crisis y adoptar medidas legislativas o de protección social concretas, las organizaciones feministas advierten que la cifra negra continuará en ascenso. La falta de recursos estatales destinados a proteger a las víctimas y la ineficacia del sistema de justicia proyectan un escenario aún más sombrío para la seguridad ciudadana en el corto y mediano plazo.
